El pleno del Congreso del Estado aprobó en su sesión de ayer por mayoría de votos —34 votos a favor y siete en contra— el punto de acuerdo que envío el Congreso de la Unión para posponer las elecciones del Poder Judicial de la Federación para el 2028 y no llevarlas a cabo en junio del 2027, como estaba previsto.
De esta manera, casi al cierre del periodo establecido por la misma ley para poder llevar a cabo reformas que incidan en el proceso electoral próximo inmediato, que es tres meses antes de que inicie, este punto de acuerdo fue aprobado por las fracciones parlamentarias de los partidos Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Verde Ecologista de México (PVEM), del Trabajo (PT) y de la Revolución Democrática (PRD). Quienes votaron en contra fueron los legisladores de Acción Nacional (PAN), Irene Montiel Servín, y del Revolucionario Institucional (PRI).
Al fijar su voto en contra, la diputada local del PAN recordó primeramente que en este instituto político afirmaron que esta reforma al Poder Judicial “estaba plagada de inconsistencias y hoy, el tiempo nos da la razón…Con esta supuesta “corrección” a la reforma constitucional que originalmente destruyó la estructura del Poder Judicial, el oficialismo viene hoy a decirnos que buscan perfeccionarla, pero la realidad es que es un modelo que nació viciado de origen y en la improvisación”.
Asimismo, después de asentar que mover la fecha de la elección de los juzgadores para el 2028 no resuelve de fondo la creciente problemática de profesionalización de la justicia, Montiel Servín pidió al “oficialismo” no pretender “engañar al pueblo, porque su reforma no busca justicia, sino mayor control, para proteger a narco gobernadores y a narco funcionarios, y perseguir a opositores, como a la gobernadora Maru Campos de Chihuahua, por destruir un narco laboratorio, por eso les urge tener jueces de consigna”.
Y remarcó: “seamos honestos, cambiar la fecha de los comicios no elimina en absoluto los severos riesgos de politización de la justicia. Al contrario, hacer coincidir la elección judicial y la revocación de mandato sólo generará una mayor politización de la elección de los juzgadores, permitiendo a la Presidente de México hacer campaña abiertamente sin oponente en frente y operando el reparto de acordeones a través de los servidores de la nación para imponer a sus jueces del poder judicial.
Por su parte, el diputado por el PT, Edgar Ventura de la Cruz, sostuvo que reformar la reforma judicial no se puede tomar como un fracaso, sino que se sigue la ruta del perfeccionamiento de una legislación que tiene como fin respaldar a la sociedad.
En su momento, el diputado local por el PRD, Jorge Iván Ortega Jiménez, señaló que la bancada del partido amarillo votaría a favor de la minuta de reforma constitucional en materia judicial enviada por el Congreso de la Unión, porque representa un esfuerzo por corregir y perfeccionar aspectos que generaron preocupación durante la implementación de la anterior reforma al Poder Judicial.
Señaló que toda obra legislativa es perfectible y que las modificaciones aprobadas constituyen un reconocimiento a la necesidad de fortalecer el modelo judicial que actualmente se encuentra en proceso de transformación.
Por la bancada del PRI, quien subió a tribuna a anunciar su voto en contra fue la diputada Beatriz Vélez Núñez, pues afirmó que la iniciativa no fortalece la justicia sino que “busca controlar al Poder Judicial” y concentrar el poder en las mayorías políticas, pero además sostuvo que la reforma de este año “profundiza la incertidumbre jurídica, debilita la división de poderes y coloca al Poder Judicial en condición de vulnerabilidad”. Señaló que, lejos de corregir las fallas de la reforma de 2024, la nueva propuesta “abre la puerta al control político de los tribunales”.
Mencionó asimismo que “esta reforma es apenas un parche que pretende corregir errores previos con cambios superficiales, aunque el problema de fondo sigue intacto: un Poder Judicial debilitado, sin profesionalización y sin confianza ciudadana”.
Beatriz Vélez subrayó que “la justicia no puede construirse mediante tómbolas, improvisaciones ni acordeones políticos”. Exigió jueces preparados, independientes y con carrera judicial. “La impartición de justicia exige experiencia, mérito académico y autonomía, no popularidad ni subordinación al poder”, afirmó.
Para reafirmar el posicionamiento del PRI, el coordinador de la bancada, Alejandro Bravo Abarca subió también a tribuna para afirmar que la reforma judicial fue un “desacierto” y sostuvo que el Poder Judicial no es autónomo, al señalar que la elección de jueces estuvo “totalmente dirigida y controlada” mediante los llamados “acordeones”.
Señaló que la elección se ganó con “escasa participación” y que el resultado coincidió “exactamente” con los “acordeones” que circularon previo a la votación. “No es un Poder Judicial autónomo. Fue una democracia totalmente dirigida, totalmente controlada”, dijo desde tribuna.
Finalmente, agregó que a la fecha existen más de 20 casos documentados de “fallas definitivas” en sentencias de jueces electos. Recordó que el PRI advirtió con anticipación que impulsar una reforma “por capricho” y “al vapor” no funcionaría, y que la actual propuesta para modificarla “nos da absolutamente la razón”.
CONGRESO LOCAL VOTA A FAVOR DE MOVER AL 2028 LA ELECCIÓN JUDICIALPor Baltazar Jiménez Rosales










