FERNANDO MOCTEZUMA *Soberanía bajo sospecha* VISIÓN MX/ LATITUD MEGALÓPOLIS

El andamiaje político e institucional del oficialismo en los estados fronterizos atraviesa una turbulencia sin precedentes frente a lo que se perfila como una estrategia de desgaste judicial y diplomático instrumentada desde Washington. Las recientes tensiones no son incidentes aislados, sino síntomas de una crisis que trasciende el ámbito penal para instalarse como una pieza de ajedrez en la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y en la agenda de seguridad binacional. Este escenario pone a prueba, de manera simultánea, la capacidad de respuesta diplomática y la cohesión interna del gobierno de Claudia Sheinbaum.





Por un lado, el gobernador de Sinaloa –con licencia–, Rubén Rocha Moya, afronta acusaciones formales de fiscales estadounidenses emitidas a finales de abril, por presuntos sobornos y protección institucional a la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. Por otro, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, lidia con el daño colateral de una crisis reputacional detonada por la revocación de su visa en mayo de 2025 y la filtración de audios sobre presuntas negociaciones extraterritoriales. En dichas grabaciones se expone la supuesta planificación de un cónclave en Panamá con agentes del FBI y el Departamento de Seguridad Nacional.

Aquí es donde el discurso oficial encuentra una de sus paradojas más evidentes. Mientras la mandataria bajacaliforniana emite mensajes en redes sociales para desmentir las reuniones en Centroamérica, asegurando haber sido engañada por falsos gestores y ofreciendo apertura total, la presidenta Sheinbaum ha utilizado su conferencia matutina para exigirle una clarificación pública y detallada. La Jefa de Estado reconoció, además, una ruptura temporal de comunicación, al confirmar que no ha entablado contacto directo con Ávila desde el estallido de la crisis de los audios. Lo que no queda claro es cómo se pretende mantener la gobernabilidad en una entidad estratégica cuando existe una evidente desconexión desde Palacio Nacional.

El momento genera suspicacias legítimas. ¿Se trata verdaderamente de una intromisión desmedida de las agencias estadounidenses ejecutada bajo acuerdos previos de cooperación, o estamos ante el colapso del pacto político que sostuvo el crecimiento regional del oficialismo? La Secretaría de Relaciones Exteriores descarta la existencia de elementos probatorios públicos contra Rocha Moya, y en el ámbito legislativo, Ricardo Monreal frenó de golpe su sugerencia de judicializar el presunto espionaje en Baja California para evitar una confrontación mayor. Esta inusual contención sugiere un intento de control de daños para pacificar forzosamente el conflicto.

Las ramificaciones de esta crisis permean el plano electoral e impactan la reconfiguración del poder de cara a 2030. El amago del exgobernador Jaime Bonilla, quien advierte con dinamitar la coalición Morena-PT-PVEM en Baja California si no percibe “piso parejo”, ilustra una tendencia de balcanización de los satélites oficialistas. Simultáneamente, el vacío dejado por la reprimenda federal contra Ávila fue ocupado de inmediato por la oposición; la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, interpuso una acusación formal de traición a la patria contra su homóloga de Morena, exhortando al Ejecutivo a anular la protección política a funcionarios bajo escrutinio internacional.

La disyuntiva para la “Cuarta Transformación” es crítica y de difícil resolución. Mantener un blindaje incondicional a perfiles sumamente cuestionados corre el riesgo de proyectar complacencia ante presuntos nexos criminales, minando la credibilidad institucional. La presidenta ha establecido que su administración no encubrirá casos fundados, pero tampoco validará señalamientos sin evidencia. Sin embargo, en la geopolítica fronteriza, intentar apagar un incendio diplomático administrando vacíos políticos rara vez preserva la soberanía; casi siempre, termina cediéndola.

APUNTES CLAVE:

REVISIÓN: Estados Unidos y México iniciarán el próximo 21 de julio la tercera ronda de negociaciones del T-MEC en la Ciudad de México. Durante tres días, ambas delegaciones revisarán temas como acero, aluminio, sector automotriz, agricultura, comercio, aduanas y propiedad intelectual, en el marco de la revisión anual del acuerdo comercial tras la decisión de Washington de no renovar su vigencia por 16 años. //EXTORSIÓN: La Comisión Permanente aprobó un punto de acuerdo impulsado por el diputado Rubén Moreira para fortalecer el combate a la extorsión en todo el país. La propuesta exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a las autoridades estatales a reforzar las estrategias de prevención, investigación y persecución de este delito, luego de que en 2025 se registraran 11 mil 081 víctimas, la cifra más alta de la última década. //COVID-19: La Secretaría de Salud reportó un repunte de COVID-19 durante las últimas seis semanas epidemiológicas, al aumentar la tasa de positividad de 1.6% a 17.8%. En lo que va de 2026 se han confirmado 709 casos y 21 defunciones en la red de vigilancia USMER, con la Ciudad de México como la entidad con más contagios. Aunque la tendencia va al alza, el acumulado de casos sigue siendo 87% menor que en el mismo periodo de 2025. //EDUCACIÓN: El Gobierno de Puebla puso en marcha el Plan Becas, una estrategia que reúne a universidades públicas y privadas para ofrecer apoyos económicos de hasta 70% a estudiantes que buscan ingresar a la educación superior. En el Centro Expositor participan más de 100 instituciones con alrededor de 600 programas académicos y orientación vocacional para las y los aspirantes.

#VisiónMX

Por: Fernando Moctezuma Ojeda – @FerMoctezumaO

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