Una de las principales denuncias de las manifestantes es que la propuesta también contempla como víctimas de feminicidio a hombres que se identifiquen como mujeres
Protesta feministas
La propuesta contempla penas de entre 50 y 70 años de prisión, agravantes y mecanismos relacionados con la atención y reparación para las víctimas y sus familias. / Foto: Gloria López / El Sol de México
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Gloria López / El Sol de México
Colectivas feministas y familiares de víctimas de feminicidio se manifestaron frente al Senado de la República para rechazar la nueva legislación en materia de feminicidio impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, al considerar que la ley intenta borrar la protección jurídica específica de las mujeres.
Las manifestantes denunciaron que representa un retroceso frente a los avances alcanzados durante décadas, por lo que exigieron a senadores y diputados retirar el proyecto y que sus observaciones sean tomadas en cuenta antes de que avance el proceso legislativo.
Reglas comunes para iniciativa
La iniciativa presidencial busca crear una Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño del Delito de Feminicidio con reglas comunes para todo el país. Entre sus objetivos está homologar la investigación y persecución del delito, debido a las diferencias que actualmente existen entre las legislaciones estatales.
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El proyecto plantea que toda muerte violenta de una mujer sea investigada inicialmente bajo la hipótesis de feminicidio y con perspectiva de género, además de establecer protocolos homologados para las fiscalías.
Inconformidad ante la inicitiva presidencial
Una de las principales denuncias de las manifestantes es que la propuesta también contempla como víctimas de feminicidio a hombres que se identifiquen como mujeres. Las organizaciones consideran que esto desdibuja el feminicidio como un delito creado para proteger específicamente a las mujeres asesinadas por razones de género.
Yan María Yaoyólotl Castro, activista lesbofeminista señaló que la tipificación del feminicidio, incorporada al marco jurídico después de años de lucha de organizaciones de mujeres, permitió reconocer como una figura específica los homicidios cometidos contra mujeres por razones de género.
“Si el homicidio es contra las mujeres, eso es el feminicidio”, afirmó d al cuestionar que la nueva legislación pueda ampliar el concepto de tal manera que, desde su perspectiva, pierda su carácter específico.
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La propuesta también contempla penas de entre 50 y 70 años de prisión, agravantes y mecanismos relacionados con la atención y reparación para las víctimas y sus familias, de acuerdo con la información publicada sobre la iniciativa.
Buscan la homologación a nivel nacional
Ese objetivo de homologación es uno de los argumentos centrales del Gobierno federal para impulsar la reforma. La iniciativa busca que las fiscalías de las 32 entidades trabajen bajo criterios comunes y evitar que las diferencias entre códigos penales estatales obstaculicen la investigación del delito.
Sin embargo, para las organizaciones la discusión no debe limitarse a homologar sanciones o procedimientos, sino preservar el carácter específico del feminicidio y garantizar que las familias de las víctimas tengan acceso a justicia y reparación.
Señalaron que participaron en reuniones con autoridades y organizaciones para discutir la iniciativa, pero consideraron que estos ejercicios no se han traducido en cambios suficientes al proyecto.
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Las colectivas también reclamaron que la nueva legislación atienda las deficiencias que persisten en las investigaciones de feminicidios, así como la reparación del daño y la atención a las familias de las víctimas.
“No aceptamos ni para nosotras, ni para ninguna mexicana este desmantelamiento del marco jurídico”, expresó Yndira Sandoval, fundadora de Las Constituyentes Mx.
Exigió a los legisladores retirar el proyecto y garantizar medidas para la reparación del daño y la erradicación de los feminicidios.
En la protesta también participaron familiares de mujeres víctimas de feminicidio, quienes cuestionaron que las reformas legales no vayan acompañadas de investigaciones eficaces y resultados para las víctimas.
Una de las madres, quien pidió guardar el anonimato, relató que su hija fue asesinada en 2015 en el Estado de México y acusó que, pese a las diligencias realizadas por la familia, no obtuvo justicia. Señaló que el hombre señalado por el asesinato continúa libre.
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“Queremos justicia en México, no queremos palabrerías. Queremos ver hechos”, reclamó.
La mujer también pidió que las fiscalías atiendan de manera efectiva a las mujeres que acuden a denunciar violencia y que las autoridades garanticen investigaciones que permitan evitar que los casos permanezcan impunes.
Las colectivas advirtieron que continuarán con sus acciones de protesta si sus planteamientos no son incorporados al proceso legislativo. También señalaron que han presentado sus reclamos por escrito ante las autoridades y que esperan una respuesta formal.
La iniciativa continúa en el Senado, donde ha sido discutida con organizaciones, especialistas, autoridades y familiares de víctimas.
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El pasado 2 de septiembre, la antropóloga Marcela Lagarde, quien impulsó la incorporación del feminicidio al marco jurídico mexicano, advirtió en entrevista con El Sol de México sobre un posible retroceso con la nueva legislación.
Lagarde cuestionó que la propuesta sustituya en algunos de sus planteamientos la referencia específica a las mujeres por el término “personas” y pidió que, antes de modificar un marco jurídico construido durante años, se evalúe el funcionamiento de las leyes vigentes.
Gloria López
Reportera ambiental, política y de tecnología. Antes cubrí género, salud y derechos humanos. Me interesan las historias sobre la crisis climática, innovación y animales. No me hablen en cobertura porque platico mucho, pero si tienen un buen chismecito, cuéntenmelo por aquí.
Gloria Lopez
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