o, no es igual, debiera ser incluso distinto, pero la tensión de la marcha conmemorativa al 58 aniversario de la matanza estudiantil de 1968 en la Ciudad de México, antes Distrito Federal, deja una lección difícil.
El gobierno federal en turno basó parte de su discurso de campaña en posicionar ser parte de una defensa de los derechos humanos y desdeñar la represión e intolerancia desde los gobiernos.
“No somos iguales”, decían, pero parece que en los hechos mostró la poca paciencia para escuchar, para dialogar, para resolver.
La marcha de este 2 de octubre mostró que el estado tiene un grupo de choque para reprimir y hacer pasar los resultados como un asunto entre pares, eximiendo la responsabilidad de quienes parece, mantienen convenientemente la existencia y operación del grupo, que además, sirve para distraer de la esencia la atención ciudadana.
Nuevamente la falta de experiencia de participantes en estas acciones deja el saldo de un adolescente lesionado al estallarle en la mano un petardo, el joven, es integrante del grupo bloque negro que radicalizó la protesta frente a Palacio Nacional motivando la reacción de las fuerzas de seguridad.
Tlatelolco no solo está siendo un tema incómodo para el gobierno en turno que debiera trabajar en la reivindicación de la lucha social, de la consciencia juvenil en los temas coyunturales del país, de la defensa de los derechos humanos de quienes resultaron afectados en 1968.
En lugar de ello, la zona habitacional de Tlatelolco está abandonada, invadidos sus jardines por paracaidistas y grupos indigentes y, a pesar de la reiterada solicitud de sus habitantes de brindar seguridad, atención a las zonas comunes e iluminar para prevenir la delincuencia, padece hasta en la falta de retiro de desechos.
La muestra de la indiferencia y del abandono está también en la falta de acompañamiento a la movilización y en distintos momentos de tensión y hasta de enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
Para quienes gobiernan en el nivel federal, no les es ajeno el conocimiento de lo que es una organización de protesta, de los probables riesgos y de la forma en que deben proteger la seguridad de sus participantes.
Como gobierno, saben que existen protocolos que deben procurar y hasta aplicar, pero no se ha sentido el cambio de no ser iguales cuando los grupos juveniles de protesta fueron encapsulados por las fuerzas del orden y sometidos a base de gas lacrimógeno, como usaron extintores en la línea 3 del metro, Tlatelolco, para disuadir los embates de la protesta.
Creo que el gobierno federal no debiera usar el discurso de es la derecha, para descalificar la protesta, deben recordar que el gobierno de ese año, utilizó para hacerlo un son comunistas.
Toca linderos de riesgo el gobierno cuando descalifica para dividir y pone en riesgo la seguridad de la protesta social como un elemento de estar contra el gobierno en ejercicio del poder frente a la búsqueda de justicia que claman, aún, algunos sectores sociales.
