Panamá (SEMlac).- Más de 200 mujeres de Panamá y otros países de la región participaron en Santiago de Veraguas en el lanzamiento del Observatorio Latinoamericano y del Caribe de Mujeres Desaparecidas, una iniciativa que busca visibilizar este flagelo y exigir políticas públicas para prevenirlo y atender a las familias afectadas.
La desaparición de mujeres continúa generando preocupación en distintos países de América Latina y el Caribe, donde organizaciones femeninas advierten que, pese a la gravedad del problema, todavía existen importantes vacíos en materia de prevención, investigación y protección de las víctimas.
En torno a la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas se dijo que en México se vive en uno de los momentos de mayor visibilidad nacional e internacional de la crisis de desapariciones, de búsqueda y de identificación forense.
En los últimos 20 años, familiares han exigido al Estado mexicano que cumpla con sus deberes de buscar a las más de 132.000 personas desaparecidas y no localizadas e identifique a los más de 72.000 cuerpos que permanecen en diferentes morgues del país.
A pesar de que México cuenta con una legislación robusta en materia de desapariciones, que establece la creación de una serie de instituciones que tienen la responsabilidad de prevenir y evitar las desapariciones, y de buscar a las personas desaparecidas, esas dependencias no logran resultados.
Por ello, desde hace varios años, las familias de las personas desaparecidas han recurrido a organismos y mecanismos internacionales de derechos humanos, con miras a que la comunidad internacional brinde cooperación y asistencia técnica al Estado mexicano.
“A mediados de septiembre, la comunidad internacional podría abordar en la Asamblea General de las Naciones Unidas la grave crisis de desapariciones que enfrenta México. Se trata de una oportunidad histórica para el Estado mexicano, que podría acceder a mecanismos de cooperación técnica y financiera. Pero, sobre todo, es una oportunidad para que la comunidad internacional demuestre su compromiso con las víctimas y contribuya de manera decidida a la búsqueda de verdad, justicia y reparación para estas y sus familias”, declaró Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de la Sección Mexicana de Amnistía Internacional.
Nace el observatorio
Durante el fin de semana del cierre de agosto, más de 200 mujeres procedentes de Panamá, México, Puerto Rico, El Salvador, Honduras, Colombia, Perú, Chile, Argentina y otros países participaron en una jornada de capacitación y en el lanzamiento del Observatorio Latinoamericano y del Caribe de Mujeres Desaparecidas, realizado en la ciudad de Santiago, provincia de Veraguas en Panamá.
La actividad estuvo encabezada por Arelis González, presidenta del Frente Femenino del Partido Revolucionario Democrático de Panamá (PRD), y Delmira Martínez, presidenta de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal), además de otras participantes de la región latinoamericana, quienes destacaron la necesidad de fortalecer las acciones de los Estados frente a las desapariciones de mujeres.
Las asistentes hicieron un llamado a las autoridades de sus respectivos países y a la sociedad en general para que cada desaparición sea denunciada de inmediato y no se espere el transcurso de horas o días para activar los mecanismos de búsqueda.
“Una mujer desaparecida no puede convertirse en una estadística más”, fue el planteamiento que marcó parte de las discusiones, en las que también se puso sobre la mesa la necesidad de brindar acompañamiento a las familias que enfrentan la incertidumbre de no conocer el paradero de sus seres queridos.
Panamá registra decenas de casos
En Panamá, de acuerdo con las estadísticas citadas durante el encuentro, el Ministerio Público registró hasta agosto de 2026 alrededor de 80 mujeres desaparecidas, de las cuales 15 son menores de edad.
Estas cifras fueron utilizadas como un llamado de atención sobre la necesidad de reforzar las investigaciones y establecer mecanismos más efectivos de prevención, búsqueda y seguimiento de los casos.
El nuevo observatorio pretende convertirse en un espacio de referencia para documentar los casos, promover investigaciones sobre posibles hechos de violencia relacionados con las desapariciones y generar propuestas encaminadas a la creación y fortalecimiento de políticas públicas.
Las dirigentes y participantes insistieron en que el problema no debe ser visto únicamente desde el ámbito institucional, sino también como una responsabilidad colectiva.
Por ello, hicieron un llamado a la solidaridad humana, especialmente hacia los familiares de las mujeres desaparecidas, quienes, además de enfrentar la angustia y el dolor, muchas veces deben emprender por cuenta propia acciones para mantener vigentes las búsquedas.
El lanzamiento del observatorio representa, según las participantes, un paso para unir esfuerzos entre organizaciones de mujeres de diferentes países y exigir que las desapariciones sean investigadas con celeridad, perspectiva de género y resultados concretos.
El mensaje que surgió desde Santiago fue contundente: ninguna desaparición debe quedar en el silencio y cada mujer que no regresa a su hogar debe activar inmediatamente la solidaridad de la sociedad y la respuesta de las autoridades.
México a examen internacional
En México hay registradas más de 28.000 mujeres desaparecidas y no localizadas, lo que representa aproximadamente el 22 o 23 por ciento del total de personas en esa condición a nivel nacional.
Datos clave
- Cifra total: Los registros oficiales e informes de organizaciones como Red Lupa estiman que, del total de más de 135.000 personas desaparecidas en el país, cerca de 30.000 corresponden a mujeres.
- Menores de edad: Un porcentaje crítico de estos casos involucra a niñas y adolescentes; se calcula que alrededor del 31 por ciento de las mujeres no localizadas son menores de edad.
- Estados con más casos: Las entidades con mayor número acumulado de mujeres desaparecidas son el Estado de México, Tamaulipas, Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco.
- Amnistía Internacional acompaña la exigencia de las familias buscadoras para que el Estado mexicano informe sobre el paradero de más de 132.000 personas desaparecidas y no localizadas.
- La organización urge al Estado mexicano a reconocer a las mujeres buscadoras como defensoras de derechos humanos y a garantizar su seguridad.
- Organismos internacionales han reconocido que México atraviesa también una crisis en la búsqueda de personas desaparecidas y una crisis de identificación forense.
Contexto de la intervención del CED de la ONU
En marzo de 2025, el Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED) activó, por primera vez, el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, como parte de un proceso que inició en 2014.
El 4 de abril de 2026, el Comité hizo pública su decisión de solicitar al Secretario General de las Naciones Unidas que remitiera urgentemente la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General de las Naciones Unidas, para que esta considerara medidas destinadas a apoyar al Estado mexicano en la prevención, investigación, castigo y erradicación de este crimen. El 12 de mayo de 2026, el Secretario General transmitió a la Asamblea General la carta de la Presidencia del CED.
Cabe recordar que la decisión del Comité concluyó que la información recibida, tanto de familias de víctimas como de organizaciones de la sociedad civil y del Estado, parece contener indicios fundados de que en México se han cometido, y aún se cometen, desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad.
Esta decisión se sostiene en su evaluación de que se han producido múltiples ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil, en diferentes momentos, y en diferentes partes del país.
El impacto que han causado las desapariciones de personas en México es muy profundo, provocan un gran dolor a las familias afectadas y el daño trasciende a la comunidad, así como al resto de la sociedad.
En las desapariciones de personas en México han estado involucrados agentes del Estado –como quedó constatado en el Rancho Izaguirre (marzo de 2025) y en el caso emblemático de los estudiantes de la normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa (septiembre de 2014), entre otros–, así como organizaciones criminales e incluso particulares.
Mujeres buscadoras bajo presión constante
En el informe “Desaparecer otra vez, violencias y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras en México”, publicado en julio de 2025, Amnistía Internacional documentó el contexto en que las mujeres realizan el trabajo de búsqueda, caracterizado por las amenazas constantes que les hacen organizaciones criminales, la revictimización y estigmatización proveniente de las autoridades de los tres niveles de gobierno, así como las enfermedades que las aquejan y la precaria situación económica que enfrentan muchas de ellas.
De manera paralela al informe, publicado en julio de 2025, Amnistía Internacional inició la campaña #BuscarSinMiedo en la que, hasta la fecha, se han llevado a la práctica diversas activaciones para exigir a las autoridades que garanticen su seguridad e integridad física, psicológica y emocional.
También reclama el acceso de las buscadoras a medidas de protección; que se investiguen y sancionen todas las formas de violencia que se ejercen en su contra; así como la adopción de políticas públicas con enfoque de género e interseccionalidad, que aseguren condiciones dignas para la búsqueda, además de que se les brinden apoyos efectivos de atención médica, psicológica y legal.
