Centro de Defensa de los Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón”
A cuatro meses de los ataques a las comunidades de la Montaña Baja de Chilapa de Álvarez, Guerrero, este 13 de octubre del 2026, el Centro de Defensa de los Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón”, junto con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV), visitaron a las víctimas de Desplazamiento Forzado Interno en las comunidades nahuas de Tula y Xicotlán que fueron agredidos con armas de uso exclusivo del ejército y drones artillados del 6 al 11 de mayo.
A la reunión en Tula asistieron 16 madres de familia que mencionaron que, a pesar de que hay patrullas de la guardia nacional y la policía estatal, persiste el temor de que los hechos violentos se repitan. Regresaron a sus casas, pero “ya no es lo mismo porque nos da miedo ir al campo a ver nuestra milpa y caminar por el cerro porque nos da miedo”, señalaron.
Después de que la integrante del ACNUR preguntara sobre las necesidades que permanecen tras su retorno, las familias señalaron que la falta de recursos económicos y la seguridad son un gran problema. Teodomira Rosales Sierra, directora del Centro Morelos, les indicó que es necesario que sean registradas como víctimas para que puedan recibir un apoyo mensual y gestionar proyectos productivos. Sin embargo, para registrarse como víctimas, es necesaria una denuncia, pero las madres de familia señalaron que las autoridades que acudieron a atenderlas después de los ataques sólo las registraron en una lista y les dijeron que tendrían que ir por sus propios medios hasta Acapulco a hacer las denuncias, sin importarles su condición económica y la seguridad.
El representante de la CDPIM informó que cubrieron algunas necesidades de vivienda, electricidad, seguridad somera y alimentación para que las familias regresaran. El funcionario de la CEAV mencionó que les repartieron 50 litros de maíz y por órdenes de la presidenta Claudia Sheinbaum continuarán dándoles un bulto cada mes, pero “eso alcanza para una familia de tres personas, si son más, tienen que comprar una carga de 288 kilos que les dure dos meses, y cuesta como dos mil pesos”, señaló el comisario de Tula.
Las mujeres bordan tiras de algodón con figuras de flores que venden en cien pesos; algunas hacen cinta de palma por las que les pagan 8 pesos por 60 metros. “Tenemos que vender varias tiras bordadas o 12 cintas para poder comprar 20 pesos de chile y 30 pesos de jitomate. Es poquito, pero no tenemos otra opción, nuestros hijos tienen que comer”, comentaron.
A pesar de que en Tula la CEAV entregó enseres domésticos, ropa y artículos de higiene personal, las familias insistieron en que lo que más quieren es tener la certeza de que no habrá más violencia. Una de las asistentes dijo que “ya pasaron cuatro meses y no he visto en las noticias que agarren a los delincuentes”. Las demás mujeres la secundaron molestas porque en la comunidad todavía faltan 8 familias por retornar a sus hogares y las condiciones de vida son más deplorables que antes
de la agresión de mayo. La localidad sólo cuenta con un jardín de niños, una primaria y no hay servicio médico, para atenderse tienen que caminar más de una hora a Xicotlán o Alcozacán.
Además, se quedaron sin transporte público y las urvan de Hueycantenango les niegan el servicio. Las madres de familia pidieron a las autoridades presentes una urvan y un chofer que pueda llevarlas a comprar víveres y para emergencias médicas, pero los funcionarios permanecieron sin respuesta.
En Xicotlán, jóvenes y adultas narraron el horror que vivieron durante las agresiones, “yo sólo me preocupé por mis hijitos; cuando escuché las bombas los agarré y me salí corriendo. Dejé a mis animales y cuando regresé ya habían muerto”. Describieron la tristeza de ver sus casas quemadas, ropa, trastes, juguetes, documentos y el maíz que tenían almacenado.
Las familias estuvieron escondidas en el monte más de dos días sin comer ni dormir. Después, algunas se desplazaron a Alcozacán y otras hacia los estados del norte, “yo me fui a Sonora porque mis niños no dormían, temblaban y me ponía a llorar porque no sabía qué hacer por ellos. No tenía dinero para irme, pero por mis hijitos pedí prestado y me fui”, compartió una madre a punto de llorar. Sin embargo, dos meses regresaron porque no tenían dinero.
La abogada Teodomira Rosales les informó que como víctimas de desplazamiento tienen derecho a la alimentación, la seguridad, vivienda digna y a la reparación del daño, sobre todo porque se trata de un pueblo indígena. Durante la plenaria las asistentes respondieron que sus actividades culturales y religiosas también habían sido trastocadas. Lo peor de todo es que las niñas y niños viven con mucho miedo, “mi hija cada vez que oye un ruido fuerte quiere salir corriendo porque dice ‘ya vienen los malos, vámonos’, o cuando ve que las patrullas de la guardia nacional se van piensa que van a entrar los delincuentes y me avisa rápido para salirnos [de Xicotlán]”, contó con profunda preocupación una señora.
Cuando las familias hablaron sobre hacer las denuncias y pedir apoyos, las autoridades federales y estatales se retiraron sin escuchar los testimonios y las exigencias de la comunidad. En Xicotlán las madres de familias cuestionaron que las autoridades se hubieran retirado y que no les hayan entregado muebles que les robaron cuando dejaron sus casas y otros objetos necesarios que perdieron con las bombas que incendiaron sus casas. Algunas madres indicaron que no han recibido ningún apoyo, más que un bulto de maíz que les alcanzó para unos días y de ahí ha tenido que comprar porque es el alimento principal.
Las familias en Tula y Xicotlán intentan reconstruir su vida después de uno de los episodios más violentos en Guerrero en los últimos años. Consideran que para tener condiciones de habitabilidad el Estado debe desarticular a los grupos de la delincuencia organizada que los acechan, pero hasta el momento no han visto avances, y el resguardo con elementos de la guardia nacional y la policía estatal no es suficiente. Por el contrario, de acuerdo con sus testimonios, señalaron que detuvieron a Jesús Plácido, “él nos apoyaba con la seguridad, nos platicaba cómo vamos a vivir; cada vez que había balacera nos mandaba seguridad. Lo han puesto como asesino, pero no, él nos apoyaba, y Sixto Mendoza también nos ayudaba. No entiendo por qué las autoridades a los verdaderos culpables no les hacen nada”.
Atentamente
Centro de Defensa de los Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón”
