Palabra de Antígona / Dos años de gobierno. Y mi hija ¿dónde está?
Síguenos en:
Llegamos al segundo informe del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, un informe manchado de sangre, temor e incertidumbre, porque miles de madres y familiares llevan 20 años buscando a sus hijas, hijos, hermanas, hermanos, madres y esposos.
La crisis de desaparición en México, este mes de septiembre, la examinará la Asamblea General de Naciones Unidas, para proponer ayuda y herramientas que enderecen las acciones sobre un drama donde el gobierno no tiene resultados.
Lo que sucederá en Naciones Unidas no se ve como una oportunidad, sino que se rechaza y banaliza. El análisis de la situación lo conoce la presidenta; no sé si se referirá a él. Este examen quizá será el revés más grande que marcará su administración, porque está en juego el valor de la vida humana en México. La 4T se ufana de actuar distinto al pasado, olvidando sus responsabilidades con el doloroso hoy.
El impacto que han causado las desapariciones forzadas es muy profundo, provocando un gran dolor a las familias afectadas, un daño que trasciende a la comunidad y a la sociedad. En las desapariciones están involucrados agentes del Estado –como quedó constatado en el Rancho Izaguirre (marzo de 2025)–, así como organizaciones criminales e incluso particulares, dice Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México.
Desde marzo, el Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED) activó, por primera vez, el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, para que el caso de México sea examinado por 89 países. Lo olvidamos momentáneamente, pero ese examen mostrará una fotografía tremenda. En abril, el Comité hizo público y entregó el informe sobre la situación de las desapariciones forzadas en México, por lo que se programó su análisis para este septiembre.
Durante 20 años, madres y familiares han exigido al Estado mexicano que cumpla con sus deberes de buscar a las más de 132 mil personas desaparecidas y no localizadas, e identifique a los más de 72 mil cuerpos que permanecen en diferentes morgues del país.
Las buscadoras, además, al realizar la tarea que debieran hacer los agentes del Estado, están en grave riesgo. Ataques letales han cobrado la vida de al menos 27 buscadoras en ese lapso; apenas el día 29 de agosto, la fundadora del colectivo “Voces Unidas por la Vida”, Alma Rosa Rojo Medina, y su hija resultaron heridas tras un ataque directo a balazos en Culiacán, Sinaloa. La respuesta que nos molesta es siempre igual: “se abrirá una carpeta de investigación”. ¿Y luego? Preocupa que un porcentaje de las desapariciones involucre a niñas y adolescentes; se calcula que alrededor del 31% de las mujeres no localizadas son menores de edad.
El ataque contra Alma Rosa, con 17 años de activismo tras la desaparición de su hermano Miguel Ángel, sucedió precisamente alrededor del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada.
A la presidenta la vamos a oír hoy. Dará un informe lleno de cifras y acciones, pero seguro no dirá nada sobre esas mujeres, ni de su sufrimiento ni de su intenso trabajo; no las escuchará debidamente. A cambio, se hablará de avances, nos va a contar que han bajado el número de feminicidios.
Hoy se busca a 28 mil mujeres y niñas; justicia para 20 mujeres asesinadas al día, plantea Irinea Buendía. Los relatos son estrujantes y desesperados. No atender el llamado de las Naciones Unidas, no mirar a las mujeres del pueblo que más sufren, darles un cheque mensual y no profesionalizar a las operadoras de la búsqueda es, al menos, una infamia. Permitir la impunidad y encubrir al funcionariado por razones políticas también es un crimen.
Yo quisiera equivocarme y escuchar de nuestra presidenta un compromiso con las buscadoras, urgidas de que las reconozcan como defensoras de derechos humanos, garantizándoles su seguridad. Veremos.
Periodista, editora de género en la OEM y directora de Semlac
