En los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) hay paridad y más. Las consejeras, funcionarias del arbitraje electoral, asociadas avanzan en prevenir y garantizar que las mujeres en campaña y las funcionarias no vivan violencia política de género.
Vigilan, cuidan y monitorean el cumplimiento de la paridad; vigilan la violencia mediática y digital y capacitan a candidatas, promueven sus liderazgos. Mediadoras y garantes desde el territorio.
Poco sabemos de ellas, que lidian con lo local. Día a día, a partir del 10 de septiembre, serán vistas y analizadas como garantes de la credibilidad del proceso. A veces mayoría en la autoridad electoral local, ellas lidian con la violencia criminal territorial, atienden quejas sobre pretendidas candidaturas de personajes violadores de la Ley 3de3, de violentadores y omisos en el pago de alimentos; con dirigentes partidistas, liderazgos regionales y las presiones de gobiernos que quieren controlar e intervenir sus decisiones.
Son consejeras sin los reflectores, “en provincia”, pero también viven violencia de género, invisibilizada pero presente en las 32 entidades del país. Peor si son profesionales y celosamente convencidas de la democracia paritaria. Como decía el slogan: “son un peligro para México”, el de los machos.
Cuidando a las otras, sus condiciones violentas cotidianas no se registran, nadie las cuida. Como escribió Leticia Bravo Ostos, de Coahuila, trabajan por hacer que el principio constitucional de la paridad se traduzca, en cada entidad, con reglas, decisiones y mecanismos concretos para enfrentar las desigualdades con expresiones territoriales distintas.
Brava y rigurosa como su apellido, hoy experimenta una hostilidad sistemática desde distintos poderes, vía los medios de comunicación en Coahuila. No puedo dejar de adivinar que el PRI en el gobierno, donde no ha habido alternancia, mueve los hilos y al no controlar a la OPLE, Leticia Bravo Ostos parece ser el “chivo expiatorio” desde hace meses.
La maestra Karina Ivonne Vaquera Montoya, consejera del OPLE en el Edomex, me contó que ese organismo, integrado solo por mujeres, siempre está en la mira de los poderes, que intentan fragilizar su independencia y sus acciones. Advirtió intentos para normalizar la violencia aun dentro del INE y de los OPLE.
Las dificultades son muchas, porque como dice Bravo Ostos, la igualdad no ocurre de la misma manera en todo el país; son distintas las condiciones políticas, sociales y culturales; como las brechas y las resistencias regionales para acceder y ejercer el poder. Sobre todo en una entidad, por decirlo suavemente, de cultura machista. Donde conseguir la igualdad sustantiva, propuesta por la Presidenta, los OPLE pueden ser su fortaleza.
Las experiencias de las consejeras se plasmaron en un libro: El papel de los Organismos Públicos Locales Electorales en la construcción de una democracia paritaria, que se presentó recientemente en la Cámara de Diputados.
Cierto que en Coahuila la violencia criminal está controlada, y oficialmente es la primera entidad segura del país, pero en 2025 se abrieron 13 mil 667 carpetas de investigación por violencia familiar; tiene el segundo lugar nacional, más lesiones y agresiones, escalando la violencia mediática y digital. Está entre las 8 entidades de mayor Violencia Política de Género y el sexto en vulnerabilidad femenina. Ahí una mujer que no controla el poder es, como dicen los lugareños, “una vieja loca y atrevida”, sin protección institucional y expuesta al machismo mediático, todos los días.
Hablo sólo de un ejemplo, de los que bien conoce la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales (AMCEE), presidida por Alma Alonso Valdivia, de Sonora. Un principio fundacional de la Asociación es acompañar a las mujeres en campañas y prevenir la violencia. Las agremiadas de los 32 OPLE tienen mucho que contar sobre esa violencia invisible, que tendremos que escudriñar en el proceso electoral en marcha. Veremos.
