Palabra de Antígona / Feminicidios: ni ley ni diálogo
Este 7 de julio se cumplen 105 días desde que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Feminicidio, una medida para enfrentar la precariedad de los servicios periciales, considerada un obstáculo para la justicia.
Sin embargo, esa iniciativa no ha llegado al Congreso, que dio 180 días para presentarla; quedan apenas 75 y no hay llamado a dialogar ni a discutir una iniciativa que fue considerada urgente.
Mientras tanto, todo empeora o sigue igual. Los feminicidios no paran y su tratamiento mantiene prácticas que oscurecen la realidad: ministerios públicos, jueces e investigaciones ominosas; se revictimiza a las asesinadas; jueces reclasifican estos casos como simples homicidios dolosos o los desestiman, acortan penas, dejan libres a los imputados y los procesos duran años. Hay casos en que se dicta el sobreseimiento, como el de Ma. del Sol Cruz Jarquín, que acumula ocho años de impunidad en Oaxaca. O el intento de cerrar el caso de Karla, en Puebla, donde pretendían liberar al sentenciado.
Estos son ejemplos de una cadena nacional. De norte a sur se conocen cientos de casos de impunidad y las denuncias son cotidianas. Las fiscalías acumulan carpetas de investigación, no rinden cuentas, no se apegan a las leyes vigentes, que indican que toda muerte violenta de una mujer debe investigarse como feminicidio, ni cumplen los acuerdos internacionales. Las autoridades, además, dejaron de formar y capacitar en perspectiva de género al personal judicial hace al menos 10 años.
El problema es serio. La senadora Malú Micher Camarena dijo, durante la discusión de la modificación al artículo 73 constitucional, que en 2025 las fiscalías del país reportaron 4 mil 523 carpetas de investigación relacionadas con casos de feminicidio, es decir, 13 diarias; no obstante, en Palacio las cifras son otras.
Lo que preocupa es la omisión y la impunidad; la falta de coordinación y de un entendimiento profundo de las causas del feminicidio como la expresión extrema de la violencia contra una mujer, solo por ser mujer.
De ahí la importancia de la iniciativa anunciada y difundida como la piedra filosofal que solucionaría el problema, tal como lo plantea el esquema presentado el 24 de marzo en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
La Presidenta y la fiscal Ernestina Godoy reconocieron que, a pesar del robusto andamiaje jurídico, el feminicidio y la violencia no se atienden ni se previenen, de modo que la iniciativa es una respuesta a la problemática, mediante una ley general que obligue a todos los poderes de la República a aplicar protocolos, métodos y penas semejantes.
El esquema aborda diversos aspectos, como realizar evaluaciones de riesgo oportunas, es decir, prevención, que hoy está muerta; garantizar el acceso a refugios, atención jurídica especializada y el fortalecimiento de los servicios en los centros de justicia para las mujeres, así como redes de abogadas, líneas de atención y apoyo para las y los huérfanos.
El Congreso modificó el artículo 73 de la Constitución, dotándose a sí mismo la posibilidad de legislar para todo el país en materia de feminicidio. Dio 180 días a la Presidencia para presentar la iniciativa. Ello permitiría discutir su contenido, escuchar la visión feminista, abrir espacios a la sociedad y evaluar lo hecho.
A 105 días, nada sucedió. Nadie sabe dónde se construye la nueva ley. Son casi cuatro meses de silencio. Grupos, colectivas y académicas reaccionaron positivamente y propusieron diálogo y reflexión, tras 20 años de la aprobación de una ley integral sobre la violencia contra las mujeres. La iniciativa presidencial, en lugar de nulificarla, podría abrir un espacio de evaluación para revisar qué ha funcionado, qué no, cuáles son los obstáculos y cómo opera el sistema judicial, así como la transversalización de la igualdad y la no violencia.
Desafortunadamente, nada ha pasado. Y el gobierno tiene de aquí a noviembre para enviar la iniciativa, que debería discutirse en todo México. Lamentablemente, no hay ni diálogo ni escucha. Veremos.
Periodista, editora de Género en la OEM y directora de Semlac.
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