el Mayo Zambada a Rocha Moya: el expediente que Washington no está dispuesto a cerrar
Las declaraciones de Claudia Sheinbaum sobre la captura de Ismael “El Mayo” Zambada revelan algo más profundo que un diferendo diplomático: detrás de la exigencia de aclarar la participación del FBI se libra una negociación donde convergen el T-MEC, la seguridad, los aranceles y las presuntas redes de protección política al Cártel de Sinaloa.
La pregunta que la presidenta Claudia Sheinbaum ha repetido una y otra vez —”¿quién mintió?”— parece referirse únicamente a la participación del FBI en la captura de Ismael “El Mayo” Zambada el 25 de julio de 2024. Sin embargo, el verdadero conflicto ya no gira en torno a cómo fue detenido uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa.
Lo que hoy está en disputa es mucho más profundo: la confianza entre México y Estados Unidos y el alcance de las investigaciones que Washington parece decidido a mantener abiertas. La publicación del libro del exembajador Ken Salazar, donde ofrece su versión de los hechos; las revelaciones del periodista Luis Chaparro, quien difundió imágenes, videos y documentos sobre el operativo y dio cuenta de la participación reconocida por el FBI; la insistencia del gobierno mexicano en exigir explicaciones; y el endurecimiento de la postura estadounidense en distintos frentes forman parte de una misma secuencia.
Vista de manera aislada, cada pieza parece responder a circunstancias distintas.
Vista en conjunto, dibuja un cambio de fondo en la relación bilateral. Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la defensa de la soberanía fue uno de los pilares de la política exterior y de seguridad. Bajo ese argumento se modificó el marco de actuación de las agencias estadounidenses en México y se restringió la operación de la DEA, particularmente después del caso del general Salvador Cienfuegos.
La explicación oficial fue clara: ningún gobierno extranjero podía desarrollar actividades de inteligencia en territorio nacional sin conocimiento ni autorización del Estado mexicano. Ese principio es jurídicamente válido. Sin embargo, el contexto actual obliga a observar esa decisión desde otra perspectiva.
Históricamente, la DEA, el FBI y otras agencias estadounidenses han desarrollado investigaciones de largo alcance cuando Washington considera que existen indicios de vínculos entre organizaciones criminales y estructuras gubernamentales, sucedió en los setenta y ochenta. Ocurrió en distintos momentos en Colombia, Centroamérica y otros países donde las investigaciones terminaron alcanzando a funcionarios públicos además de los líderes del narcotráfico.
Esa experiencia explica por qué la reducción de la presencia operativa de la DEA en México fue interpretada por algunos analistas como una ruptura con el modelo tradicional de cooperación en seguridad. Hoy, a la luz de los acontecimientos, esa decisión adquiere un nuevo significado.
No porque constituya una prueba de encubrimiento —no existe evidencia pública que permita sostenerlo—, sino porque ayuda a entender por qué Washington parece decidido a reconstruir, mediante investigaciones propias, la información que dejó de obtener a través de los mecanismos de cooperación que existieron durante décadas. La captura de “El Mayo” aceleró ese proceso.
Las revelaciones posteriores, la admisión sobre la participación del FBI, las contradicciones entre distintas versiones oficiales y el libro de Ken Salazar alimentaron una pregunta que trasciende el operativo mismo: ¿hasta dónde llegan las investigaciones estadounidenses? Es en ese punto donde aparece Rubén Rocha Moya.
Los señalamientos que han surgido desde Estados Unidos contra el exgobernador de Sinaloa y personas de su entorno político han convertido su nombre en una pieza de creciente interés dentro del tablero bilateral.
Desde la óptica de Washington, el caso parece ir más allá de la responsabilidad individual de un funcionario. El objetivo sería comprender si existieron mecanismos de protección institucional que favorecieron la operación de organizaciones criminales en una de las entidades más estratégicas para el narcotráfico.
Si esa es la hipótesis de las autoridades estadounidenses, resulta comprensible que el gobierno mexicano insista en colocar el debate en el terreno de la soberanía. Cada vez que la presidenta Claudia Sheinbaum afirma que ninguna agencia extranjera puede actuar unilateralmente en territorio nacional, no sólo está defendiendo un principio constitucional.
También está enviando un mensaje político: México no aceptará que se repita un operativo realizado al margen de sus instituciones. Esa postura cobra especial relevancia porque el precedente de la captura de “El Mayo” modificó las reglas de la relación bilateral. Desde entonces, cualquier posibilidad de una actuación unilateral por parte de agencias estadounidenses tendría un costo político e institucional mucho mayor.
En paralelo, Washington comenzó a enviar señales en prácticamente todos los frentes. Primero endureció la revisión del T-MEC y descartó la renovación automática del tratado. Antes aparecieron los aranceles sectoriales impulsados por Donald Trump. Más tarde, el Departamento del Tesoro, a través de la OFAC y la FinCEN, vinculó redes de robo y contrabando de combustibles con esquemas de lavado de dinero y con recursos que presuntamente terminarían financiando campañas políticas y estructuras de corrupción.
Al mismo tiempo crecieron las investigaciones financieras contra operadores relacionados con organizaciones criminales. Observados por separado, esos episodios pertenecen a ámbitos distintos. Analizados en conjunto, parecen formar parte de una misma estrategia de presión. Washington dejó de tratar el narcotráfico como un problema exclusivamente de seguridad.
Ahora lo vincula con comercio, finanzas, corrupción, gobernabilidad e instituciones democráticas. En ese contexto también vuelve inevitable el debate sobre la política de “abrazos, no balazos”. El gobierno de López Obrador defendió esa estrategia como una alternativa para atender las causas sociales de la violencia y reducir la confrontación directa con los grupos criminales.
Sus críticos, en cambio, sostienen que esa política terminó debilitando la capacidad disuasiva del Estado y permitió una expansión territorial y operativa de diversas organizaciones criminales.
Desde esa lectura crítica, algunos analistas consideran que el costo político de aquella estrategia se está reflejando ahora en el endurecimiento de la postura estadounidense frente a México. No porque exista evidencia pública de un acuerdo entre el Estado y los grupos criminales, sino porque Washington parece haber concluido que la política de seguridad del sexenio anterior no produjo los resultados esperados y exige ahora un nivel de cooperación mucho más amplio.
Ese es el verdadero cambio. La discusión ya no consiste en determinar quién capturó a “El Mayo”, quién escribió qué en un libro o quién mintió en una declaración diplomática. La discusión consiste en saber hasta dónde está dispuesto a llegar Estados Unidos para documentar los presuntos vínculos entre estructuras criminales y actores políticos mexicanos, y hasta dónde llegará México para defender el principio de soberanía sin que esa defensa sea interpretada, dentro o fuera del país, como una resistencia a que esas investigaciones sigan avanzando.
Porque al final, lo que Washington parece estar construyendo ya no es únicamente un expediente criminal. Está construyendo un expediente político.
Y la historia demuestra que, cuando Estados Unidos decide integrar inteligencia, investigaciones financieras, presión comercial, cooperación judicial y diplomacia en una misma estrategia, difícilmente abandona el caso antes de considerar agotadas todas sus líneas de investigación.
Ese, y no la captura de “El Mayo”, parece ser hoy el verdadero punto de quiebre de la relación entre México y Estados Unidos.
@JErnestoMadrid
jeemadrid@gmail.com
Ernesto Madrid
