Por: Alejandro Gómez Sotelo.
El ex gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, aseguró que en Octubre del 2014 cuando asumió la administración estatal ante la salida del mandatario, Ángel Aguirre Rivero, por la desaparición de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, la federación atrajo ese lamentable caso y el gobierno estatal fue excluido inmediatamente del proceso de involucramiento jurídico, por lo que las actuaciones estuvieron bajo la dirección federal en todos los sentidos.
Se le preguntó si al llegar a la gubernatura para concluir el mandato de Aguirre Rivero, la instancia federal lo puso al tanto de las indagatorias sobre la “tragedia de Iguala”, a lo que el ex gobernador reiteró que su administración no tuvo ninguna participación en ese proceso legal y su función estuvo enfocada en ofrecer acompañamiento a familiares de los normalistas heridos y desaparecidos, así como a liderazgos sociales en una ruta de búsqueda de verdad y justicia.
“A mí me tocó el papel de coadyuvante”, indicó Ortega Martínez, al comentar que durante ese episodio y en lo que fue su primer encuentro con el entonces presidente del país, Enrique Peña Nieto, le solicitó reunirse con familiares de los 43 normalistas desaparecidos para atender la situación y evitar una problemática de otras dimensiones, como lo ocurrido durante el movimiento de 1968 en la capital del país, donde una falta de atención gubernamental terminó en tragedia.
Puntualizó que el entonces mandatario federal aceptó reunirse con las familias de los alumnos agraviados, mientras que en su función de gobernador de Guerrero se mantuvo como coadyuvante para no estar en el dilema de decidir estar con alguna de las dos partes, en virtud de que su interés era ganarse la confianza de los familiares y el propio presidente de la nación, para encontrar un camino hacia la justicia y la verdad en ese lastimoso asunto de desaparición.
Sostuvo que en todo momento y de acuerdo a sus posibilidades y área de participación, el papel de su gobierno estuvo basado en brindar apoyo y acompañamiento a los familiares de los normalistas desaparecidos, de los más de 40 heridos y deudos de los fallecidos hace 12 años, toda vez que no tenía la injerencia jurídica en un caso donde hubo tardanza y omisión institucional y en el que ninguna autoridad intervino durante tres días, generando que el conflicto se haya exacerbado.
