Cd. de México (SEMlac).- La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Martha Lucía Mícher Camarena, aseguró que se han “escuchado todas las voces” y existe consenso entre los grupos parlamentarios sobre varios de los aspectos que se incluirán en el proyecto de dictamen de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio, enviado por la presidenta de la República hace dos meses.
Este anuncio sucede en medio de protestas por el contenido y los sesgos de esta iniciativa que pretende entrar en vigor antes del próximo 25 de noviembre. Grupos feministas insisten en que debe analizarse con más cuidado.
El Colectivo Todas publicó en redes sociales una declaración contundente dos días después del anuncio: la #LeySheinbaum debilita la capacidad de respuesta del Estado contra la violencia machista, debido a la generación de estadísticas falsarias que oscurecen los datos sobre quiénes realmente son víctimas del delito de feminicidio.
La Iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha generado cuestionamientos y reservas por parte de organizaciones feministas, especialistas, legisladores y relatores internacionales.
En la reunión del martes 6 de octubre en el Senado Mícher Camarena sostuvo y adelantó que “en dos días estará el borrador” y se espera que el nuevo ordenamiento esté listo antes del próximo 25 de noviembre. Al cierre de esta información el borrador todavía no se conocía.
Tenemos que discutir el proyecto “primero entre nosotras, luego en las comisiones unidas”, agregó, para que después se pueda aprobar en el Pleno del Senado, enviar a la Cámara de Diputados y se pueda entregar la ley a las mujeres antes del 25 de noviembre.
Mícher Camarena afirmó que las propuestas de las distintas fuerzas políticas se sumarán a la iniciativa que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum, pues “hay más cosas que nos unen que las que nos separan”.
Subrayó que, desde la llegada de este proyecto de decreto al Senado, en julio pasado, se ha atendido la exigencia de muchas personas, por lo que el proyecto de dictamen correspondiente “va a tener cosas extraordinarias”.
Entre ellas, abundó la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, se encuentran la atención a huérfanos de víctimas de feminicidio; la tipificación de la tentativa de ese delito; la protección a sobrevivientes; el establecimiento de agravantes y la armonización de la legislación en las entidades de la República. No habló de las 128 observaciones de la Sociedad Civil.
“No hay ninguna decisión tomada. Y, por supuesto, en el dictamen van a estar incluidas todas las iniciativas de todas las senadoras”, reiteró Mícher Camarena.
Durante la reunión de la Comisión para la Igualdad de Género, la senadora también dio a conocer la agenda y el programa de trabajo del órgano legislativo para el Tercer Año de Ejercicio de la LXVI Legislatura la cual, destacó, se estructura en torno al impulso de la autonomía física, política y económica de las mujeres.
Además, incorpora las recomendaciones hechas al Estado mexicano por el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw), de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), así como aportaciones de la sociedad civil y de colectivos de mujeres.
La senadora añadió que, entre los objetivos del órgano legislativo para este tercer año legislativo, está fortalecer el marco jurídico para garantizar los derechos de mujeres, adolescentes y niñas; impulsar la igualdad sustantiva, la vida libre de violencia y dar seguimiento a los compromisos internacionales de México en materia de derechos de las mujeres.
En la reunión se presentó a Flor Dessiré León Hernández, nueva titular de la Unidad Técnica para la Igualdad de Género del Senado, órgano encargado de institucionalizar la perspectiva de género en todas las actividades, áreas y decisiones de esta Cámara, a fin de contribuir en la transformación de sus estructuras, su quehacer y su cultura institucional.
Principales cuestionamientos a la iniciativa
- Falta de presupuesto y capacidad operativa: expertas y senadoras señalan que el aumento de penas —que propone llevar las sanciones de 50 a 70 años de prisión— no es suficiente para garantizar justicia si no se acompaña de mayor presupuesto, capacitación especializada en fiscalías y mejores herramientas operativas.
- Ambigüedad en la terminología: se ha advertido que ciertos términos en la redacción actual de la propuesta pueden generar ambigüedad jurídica, lo que pondría en riesgo el acceso efectivo a la justicia y abriría la puerta a la impunidad o a reclasificaciones inadecuadas de los delitos
- Advertencias de retrocesos: organismos como la ONU han expresado preocupaciones sobre posibles vacíos o retrocesos en la protección de los derechos de las mujeres, si la homologación del tipo penal no se implementa con los estándares internacionales más altos de debida diligencia.
- Exigencia de prevención integral: diversas voces opositoras y colectivos insisten en que la respuesta del Estado no debe concentrarse únicamente en castigar el delito una vez cometido, sino en fortalecer de manera prioritaria los mecanismos de detección temprana de riesgos y protección activa para prevenir las agresiones.
