ISABEL ORTEGA MORALES *Carrancear el porvenir. El robo electoral del siglo en Guerrero: cómo el Tribunal le arrebató 15 municipios a las mujeres con la misma trampa de 1917* VIOLETA DEL ANÁHUAC

Violeta del Anáhuac
EL ROBO ELECTORAL DEL SIGLO EN GUERRERO: CÓMO EL TRIBUNAL LE ARREBATÓ 15 MUNICIPIOS A LAS MUJERES CON LA MISMA TRAMPA DE 1917
Carrancear el porvenir
Por Isabel Ortega Morales
A las mujeres de Guerrero les acaban de arrebatar en el escritorio lo que ya habían conquistado en la calle y en la lucha civil organizada. No hay adorno retórico que maquille la afrenta: el reciente fallo del Tribunal Electoral del Estado ha consumado un despojo en toda regla, al reducir a una pírrica cuota de apenas tres ayuntamientos la propuesta de acciones afirmativas que blindaba 18 presidencias municipales para candidaturas exclusivas de mujeres.
Quince municipios borrados de un solo plumazo judicial. Quince espacios arrancados a lideresas de carne y hueso que hoy sostienen el tejido social en sus pueblos, devueltas por decreto a la sombra de los acuerdos cupulares.
Este fallo no representa un simple diferendo técnico; transgrede de forma directa el principio constitucional de no regresividad y progresividad de los derechos humanos, tutelado por el artículo 1º de nuestra Carta Magna. Las conquistas ciudadanas no se mutilan ni se regatean: se ensanchan. Al cercenar un bloque afirmativo ya delineado, el órgano jurisdiccional no impartió justicia, validó un retroceso institucional inadmisible.
La gravedad adquiere tintes indignantes cuando se mira la geografía de la exclusión. La tijera cayó con especial saña en demarcaciones de La Montaña y la Costa Chica, donde la marginación económica y las inercias patriarcales han mantenido históricamente a las mujeres indígenas y afromexicanas al margen de las decisiones colectivas. Al retirarles la garantía afirmativa en estos territorios, el Tribunal las deja desprotegidas frente a los señores de la política local, esos que siguen decidiendo quién gobierna al calor de un pacto de cantina.
El espectáculo exhibe la doble moral de las dirigencias partidistas: posan con listones morados y firman acuerdos de avanzada en foros públicos, mientras en privado instruyen a sus áreas jurídicas a litigar contra los espacios de las mujeres. Temen que la llegada de liderazgos femeninos a las presidencias municipales rompa el pacto clientelar, el manejo opaco del erario y la cultura del compadrazgo. Dejar tres municipios como dádiva no es equidad: es una limosna de utilería para preservar el botín territorial de los caciques.
Para entender la raíz de este agravio es indispensable mirar hacia atrás, al origen de nuestra arquitectura institucional. La memoria popular mexicana, siempre certera para retratar las trampas del poder, acuñó hace más de un siglo el verbo carrancear. No aludía al hurto callejero ni al asalto de caminos; definía con amarga lucidez el despojo consumado desde las alturas del mando, el arrebato legalizado por decreto de quienes ostentan la investidura y la pluma oficial.
Hay que volver la vista a Querétaro, a 1917. En aquel recinto solemne donde se forjó la Constitución, los constituyentes inspirados por don Venustiano Carranza determinaron que el sufragio universal no alcanzaba para todas. Las mujeres mexicanas —que habían sido soldaderas, enfermeras de campaña, periodistas de barricada y correos de la causa revolucionaria— fueron despojadas de sus derechos políticos esenciales.
El argumento asentado en los diarios de debates fue lapidario: se les tachó de sujetos carentes de criterio cívico propio, mentes dependientes de la tutela del varón y presas fáciles del fanatismo clerical. Bajo esa premisa abiertamente misógina se les negó la ciudadanía plena por temor a su autonomía cívica. Aquella exclusión fue una auténtica carranceada a la dignidad republicana de la mitad de la población, obligando al país a esperar más de tres décadas para reconocerles en la ley el derecho elemental a votar y ser votadas.
La historia, en su obstinado ciclo de deudas no saldadas, repite hoy en Guerrero el mismo libreto. Quienes dictaron la sentencia en Chilpancingo recurren a tecnicismos procesales para lograr exactamente lo mismo que Carranza y sus constituyentes en 1917: cerrar el paso a las mujeres en los espacios donde verdaderamente se ejerce el poder público.
Pero olvidan que esta tierra de Antonia Nava de Catalán y de tantas libertadoras anónimas no dobla la cabeza ante las resoluciones de cúpula. La legalidad que retrocede deja de ser justicia para convertirse en agravio. Y el agravio, cuando hiere la dignidad de un pueblo, no se disuelve en los archivos judiciales: se transforma en resistencia organizada y en cobro de cuentas en las urnas.