Por Baltazar Jiménez Rosales
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, Joaquín Badillo Escamilla, afirmó que es improcedente someter a una auditoría externa las finanzas y administración del Poder Legislativo, tal y como lo propuso esta semana la diputada local por Partido Acción Nacional (PAN), María Irene Montiel Servín, con el apoyo de la representante de Movimiento Ciudadano, Erika Lührs Cortés.
En este sentido, tras mencionar que el acuerdo entre la Jucopo y la Mesa Directiva es que se pueda llevar a cabo una revisión exhaustiva a las finanzas del Congreso del Estado, pero de entrada rechazó que la Fracción Parlamentaria del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se oponga enfáticamente a una auditoría externa.
Cabe recordar que ante las presuntas irregularidades que salieron a la luz pública en cuanto a algunos supuestos cheques apócrifos expedidos por la administración del Congreso del Estado, la diputada local del PAN propuso aplicar una auditoría externa a las finanzas del Poder Legislativo, en lo cual tuvo el apoyo de la legisladora por MC, Erika Lührs Cortés.
Al respecto, Badillo Escamilla aclaró: “nosotros vamos a pedir una revisión exhaustiva desde que inició la legislatura 64, a partir del primero de septiembre del 2024 a la fecha, conforme lo marca la ley que es la Auditoría Superior del Estado y el Órgano Interno de Control”.
Y es que dice que precisamente la Ley Superior de Fiscalización no permite llevar a cabo una auditoría externa, “y más cuando hay procesos que están sujetos a investigación”.
Remarcó: “la ley dice que los únicos facultados para auditar recursos públicos es la Auditoría Superior. Entonces es improcedente la petición, esa es la razón, jamás será por un tema de confrontación política”.
El presidente de la Jucopo del Congreso Local agregó asimismo que, por si no fuera suficiente, un despacho contable, “y más cuando los quieren traer de la Ciudad de México”, puede tener costos superiores a los cuatro millones de pesos para realizar auditorías, por lo que desde hace mucho tiempo ya no se hace uso de este tipo de recursos, considerando que la propia ley marca la revisión de gastos.
Badillo Escamilla descartó de plano que haya un conflicto de intereses, respecto a que la Auditoría Superior del Estado lleve a cabo el proceso de revisión de las finanzas, por el hecho de que esta institución depende directamente del Congreso del Estado.
