Por Baltazar Jiménez Rosales
En cuanto problema de los matrimonios infantiles en las comunidades indígenas, las instituciones y las autoridades comunitarias, como la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), se han transformado para proteger a la niñez, sin embargo son los padres de familia quienes insisten en esta práctica, reconoció el titular de la Secretaría para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (Sedepia), Abel Bruno Arriaga, quien enfatizó que si bien ya “hay un cambio de mentalidad, esto no quiere decir que la problemática no exista”.
El funcionario estatal reconoció que los casos de matrimonios infantiles en las comunidades indígenas ya son aislados, pero sí los hay y en este sentido puso como ejemplo dos casos de los que tuvo conocimiento la dependencia a su cargo, de los cuales en uno de ellos era la madre quien quería casar a su hija y en el otro era el padre.
Cuestionado respecto a esta problemática que se registra principalmente en las comunidades indígenas, Bruno Arriaga mencionó de entrada que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es muy clara en cuanto a que no se debe ir en contra de los derechos humanos y menos en contra de la dignidad de las mujeres.
Indicó que por este mandamiento constitucional las propias autoridades comunitarias, como “la CRAC-PC han reformado sus estatutos para penalizar la llamada, coloquialmente, venta de niñas o los matrimonios forzados”.
Refirió que estas disposiciones son tan serias que los habitantes de las comunidades indígenas tienen que respetarlas: “todos los que son parte del territorio comunitario tienen prohibido eso… son vinculatorios para ellos como integrantes de las comunidades… Por ejemplo, la CRAC de Espino Blanco, que tiene jurisdicción en 10 municipios, pues en esos 10 municipios aplica el reglamento, porque son parte del territorio comunitario”.
Respecto a casos de matrimonios infantiles, el titular de la SAIA dijo que la dependencia a su cargo tuvo conocimiento últimamente de dos casos en los cuales precisamente se culpaba a las autoridades de la CRAC-PC de querer casar a unas niñas, aunque la situación se aclaró y la realidad fue que eran los padres quienes querían casarlas, por lo que “se dijo claramente a los padres que si no dejaban de asumir esa actitud se les iba a consignar al Ministerio Público”.
Por lo anterior, enfatizó que “de cierta manera las instituciones se van transformando para proteger a la niñez y las autoridades comunitarias ya tienen conocimiento de que son un delito los matrimonios forzados”.
Bruno Arriaga remarcó: “hay un cambio de mentalidad, pero eso no significa que no exista; no tengo datos precisos ni lugar dónde se han llevado a cabo los matrimonios infantiles, pero sí sigue existiendo, aunque con menos fuerza que antes, porque ahorita ya sabemos que quienes participan en esos actos, como los padres, las madres, quienes van a ‘pedir’ y otras personas involucradas, se les va a juzgar”.
Remarcó que los avances en cuanto al combate de esta problemática son importantes, porque ya se han involucrado las autoridades comunitarias, “porque todos sabemos que está prohibido y quien lo haga se debe atener a las consecuencias”.
Indicó que en aquellas comunidades indígenas en las que persiste esta práctica, se tiene que trabajar desde las instituciones educativas, además de que la propia Sedepia ha llevado talleres de concientización y sensibilización para prevenir los matrimonios forzados a pueblos de municipios como Tlapa de Comonfort, Cochoapa El Grande, Malinaltepec.
Manifestó que con el fin de reforzar la concientización en las comunidades indígenas, la dependencia a su cargo plantea que en diciembre se lleven a cabo cursos de capacitación por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en las Casas de Justicia de la CRAC-PC de Espino Blanco y San Luis Acatlán para que ellos convoquen a sus autoridades comunitarias y se les dé a conocer que los temas de la niñez y la violencia de género están penalizados.
Además, el funcionario estatal consideró también que con el fin de proteger a la niñez y a las mujeres se tienen que reformar la Ley Orgánica del Municipio Libre y el Bando de Policía y Gobierno para atender este tipo de violencias y lograr que las féminas comiencen a participar en la vida comunitaria como autoridades.
Comentó que en estos momentos son “muy aislados” los casos de matrimonios infantiles que se dan en las comunidades indígenas, cuando en los 90’s e incluso hasta el 2000 eran muy evidentes, pero a partir del 2018 se comenzó a combatir la violencia de género, los matrimonios forzados, por lo que ahorita ya hay normas que protegen a las mujeres.










