Por Baltazar Jiménez Rosales
Toda vez que el desplazamiento forzado de familias enteras de las comunidades agobiadas por la violencia e inseguridad extrema constituye una violación múltiple y continuada de derechos humanos, el Estado tiene la obligación de garantizar mecanismos efectivos de reparación integral del daño, consideró la diputada local por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Erika Isabel Guillén Román.
Entrevistada respecto a la iniciativa que presentó la semana pasada ante el pleno del Congreso del Estado con el fin de reformar la Ley Número 450 de Víctimas del Estado Libre y Soberano de Guerrero, con el objetivo de fortalecer el derecho a la reparación integral de las personas víctimas de desplazamiento forzado interno, la legisladora local enfatizó que este problema que enfrentan decenas de comunidades en la entidad ha dejado de ser un fenómeno aislado para convertirse en una grave crisis humanitaria derivada de la violencia en distintas regiones de la entidad, particularmente en comunidades de la Sierra y municipios indígenas como Chilapa.
Guillén Román hizo referencia muy especial a los recientes hechos ocurridos en comunidades indígenas de Chilapa, donde alrededor de 800 familias se vieron obligadas a huir debido a los enfrentamientos armados.
Y es que dijo que “hay comunidades en Guerrero donde el silencio ya no representa tranquilidad. Lugares donde la vida cotidiana fue sustituida por la incertidumbre permanente”.
Apuntó que desgraciadamente las disputas territoriales entre grupos armados, las amenazas directas contra la población y la ausencia de condiciones efectivas de seguridad han obligado a cientos de familias a abandonar sus hogares para proteger su vida e integridad.
La diputada local perredista mencionó que entre 2011 y 2017 Guerrero se colocó entre los estados con mayor número de desplazamientos forzados internos en el país, junto con entidades como Tamaulipas, Coahuila y Michoacán, registrándose al menos 135 episodios relacionados con este fenómeno.
Asimismo, citó datos del INEGI que reflejan una disminución drástica de población y un incremento de viviendas abandonadas en comunidades serranas durante el Censo de 2020, situación vinculada directamente a los contextos de violencia.
En cuanto a su propuesta, explicó que busca reformar la Ley de Víctimas del Estado para incorporar el concepto de “proyecto de vida” desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el cual reconoce que las víctimas no sólo pierden bienes materiales, sino también expectativas de desarrollo personal, familiar, educativo, laboral y comunitario pues enfatizó que “reparar no significa únicamente indemnizar. Reparar implica reconstruir condiciones de existencia y devolver posibilidades reales de desarrollo humano”, enfatizó.
Detalló que su intención es que las medidas de reparación integral sean adecuadas, efectivas, diferenciadas y transformadoras, además de establecer acciones específicas para garantizar retorno digno y seguro, acceso a vivienda, salud, educación, alimentación, empleo y atención psicosocial para las víctimas y destacó que también prevé medidas para la reconstrucción del tejido comunitario y garantías de no repetición.
La legisladora local por el PRD remarcó finalmente que el desplazamiento forzado de familias enteras de las comunidades azotadas por la violencia no puede seguir siendo atendido únicamente desde una lógica asistencial, al señalar que “detrás de cada vivienda abandonada existe una familia desplazada y detrás de cada víctima existe una vida que merece ser reconstruida con dignidad”.
