Con el fin de expresar su rechazo al despido de 43 trabajadores sociales del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) en todo el país, empleados del Poder Judicial de la Federación (PJF) se manifestaron ayer en su sede ubicada en esta capital del estado ya que además de que vulnera los derechos laborales, también pone en riesgo el acceso a la justicia para miles de personas, sobre todo aquellas de más escasos recursos.
Entrevistado en el lugar de la protesta, el delegado del Sindicato Renovación del Poder Judicial de la Federación, José Uriel Vega Sierra, aclaró que los trabajadores despedidos a nivel nacional no son sindicalizados sino de confianza, aunque destacó que este organismo sindical decidió apoyar la lucha de los afectados porque el recorte de personal podría extenderse a otras áreas.
Comentó por ejemplo, que de los 43 trabajadores despedidos, de Guerrero sólo resultó afectada Judith Rocío Gama Escobar, que se encontraba adscrita a la Delegación del IFDP en el puerto de Acapulco y tenía ya más de 15 años de servicio. Ella brindaba orientación y acompañamiento jurídico a personas en condición de vulnerabilidad que requerían servicios gratuitos de defensoría.
El representante sindical consideró asimismo que este recorte de personal aplicado desde las oficinas centrales del Poder Judicial de la Federación, traerá serias repercusiones, sobre todo en cuanto a la atención a la ciudadanía.
A manera de ejemplo, citó que el personal despedido, que son trabajadores sociales y asesores jurídicos desempeñan un papel fundamental en la prestación de servicios legales gratuitos, especialmente en asuntos penales, juicios de amparo y asesoría jurídica.
Vega Sierra mencionó asimismo que contra lo que dijeron cuando se llevó a cabo la reforma Judicial, en cuanto a que no se verían afectados los derechos de los trabajadores, la realidad es que desde septiembre de 2024 a la fecha se han registrado cientos de despidos en el Poder Judicial de la Federación.
Lo más criticable y grave, mencionaron los inconformes es que los espacios que han quedado vacantes, son ocupados por gente con mucho menor experiencia en el ramo judicial, lo cual al final de cuentas ya comenzó a reflejarse en deficiencias en la impartición de la justicia.
Finalmente, los inconformes llamaron a las autoridades de oficinas centrales del PJF a detener los despidos de trabajadores, a respetar los derechos laborales del personal y garantizar la continuidad de los servicios que ofrece el Instituto Federal de Defensoría Pública a la población.
