a vida es una serie de colisiones con el futuro:
no es una suma de lo que hemos sido,
sino de lo que anhelamos ser
José Ortega y Gasset
Se encienden las alertas sobre el tema de la libertad de expresión. Y es que la presidenta Claudia Sheinbaum presentó los lineamientos que, según el gobierno, buscan proteger y defender a las audiencias. Sin embargo, también pueden convertirse en una máscara para caer en la censura, una característica de los gobiernos autoritarios. Claro que ellos sostienen que no es así; no podría ser de otra manera. Pero la posibilidad siempre está ahí.
Ya los corifeos gritan que no se trata de censura, sino de una buena acción de un gobierno puro y sin mancha (léase con sarcasmo). Claro, porque para ellos los perversos siempre son los medios de comunicación. Ante la portada de Reforma, la presidenta tuvo que responder que no existe intención de censurar. Después, en su sección “Detector de Mentiras”, Miguel Ángel Elorza Vásquez aseguró que se trata de una campaña de desinformación impulsada por medios, columnistas y comentócratas. Justamente esos a quienes, según muchos, se pretende silenciar desde el poder.
No se trata de oponerse a la protección de las audiencias. Al contrario, sus derechos deben fortalecerse y garantizarse. El problema es quién será el garante de la verdad y quién impondrá las sanciones. ¿Serán los mismos que todos los días difunden información imprecisa o que desde la “mañanera” vulneran la presunción de inocencia? ¿También aplicarán esos criterios a los conductores de esa conferencia? Eso incluiría, por supuesto, a la propia Claudia Sheinbaum, quien dedica tiempo a cuestionar a una maestra que opinó que no todos deberían votar, como si el país no enfrentara asuntos mucho más importantes. Y cuando se solicita el derecho de réplica, el tema simplemente desaparece.
Preguntan por qué antes no se criticaba a otros gobiernos. Claro que se hacía. Hoy las críticas se dirigen a esta administración por una razón muy sencilla: es la que gobierna. La historia política de este país obliga a desconfiar cuando desde el poder se utilizan conceptos como “proteger”. Bajo ese paraguas caben las mejores intenciones, pero también los peores excesos. Desde la máxima tribuna del país la propia presidenta llegó a decir: “No vean TV Azteca”. Que cada ciudadano decida. La pregunta obligada sigue siendo la misma: ¿quién decide qué debe escucharse, qué debe verse o qué debe creer una sociedad democrática?
El derecho de las audiencias es una conquista democrática de muchos años, impulsada desde las universidades e, incluso, por sectores de la izquierda. Nadie puede oponerse a que los ciudadanos reciban información veraz, bien trabajada, plural y claramente diferenciada entre opinión y noticia. Para eso también hace falta educarnos como audiencias. El problema comienza cuando el árbitro deja de ser independiente y el gobierno pretende definir qué información es correcta, qué opiniones son aceptables o qué contenidos deben privilegiarse.
Quienes hoy gobiernan llegaron al poder denunciando la censura del pasado. Sería una contradicción histórica construir un nuevo modelo en el que el poder político vuelva a sentirse con autoridad para señalar qué puede decirse y qué debe callarse.
Vendrán foros de discusión en los que deberán estar representados todos los sectores. Ahí tendrá que ponerse sobre la mesa la posibilidad de que estas medidas deriven en censura, una tentación permanente del poder. No es una preocupación inventada. Basta voltear a ver la llamada Ley Serrato, en San Luis Potosí, donde tres colegas pisaron la cárcel y otros diez enfrentaron órdenes de aprehensión al amparo de una norma que decía proteger a los ciudadanos, pero que terminó utilizándose para hacer el trabajo sucio y sacar de la jugada a las voces críticas.
La democracia necesita audiencias informadas, medios responsables y periodistas éticos. Pero, sobre todo, necesita gobiernos que resistan la tentación de convertirse en árbitros de la verdad a contentillo… pero mejor ahí la dejamos.
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Arturo Suárez Ramírez
