Colectivo de Víctimas de Desplazamiento Forzado y Organizaciones Acompañantes
PRONUNCIAMIENTO URGENTE
Ante la crisis humanitaria por el desplazamiento forzado en la Montaña Baja de Guerrero México a 20 de mayo de 2026.-
Las personas, colectivos de víctimas, comunidades y organizaciones civiles que conformamos el Colectivo sobre Desplazamiento Forzado Interno, manifestamos nuestra profunda preocupación frente a la omisión, negligencia e inacción de las instituciones del Estado mexicano ante los graves ataques de la delincuencia organizada. Hechos que han provocado el desplazamiento forzado de comunidades nahuas en la región de la Montaña Baja de Guerrero, en el municipio de Chilapa de Álvarez desde el 9 de mayo.
El uso de armamento de alta capacidad de fuego y drones con artefactos explosivos en municipios como Chilapa de Álvarez evidencia una escalada de violencia en la zona.
Esta situación vulnera la vida comunitaria de los pueblos originarios y profundiza un contexto de violencia que no es nuevo para la región.
No es la primera vez que comunidades de la Montaña Baja enfrentan eventos de desplazamiento forzado, ataques armados y despojo territorial. Sin embargo, hasta el momento no ha existido una sola estrategia integral y sostenida orientada a la pacificación de la zona mediante la reconstrucción del tejido social, la prevención de las violencias y la generación de condiciones reales de seguridad comunitaria. La respuesta oficial con el Ejército mexicano, las Guardia Nacional y la Policía Estatal ha sido insuficiente, y se ha limitado a despliegues reactivos, temporales, predominantemente militarizados que, aunque pueden contener momentáneamente algunos hechos de violencia, no atienden las causas estructurales del conflicto ni garantizan soluciones duraderas.
Las fuerzas armadas eventualmente se retiran —como debe ocurrir en un Estado democrático—, pero detrás permanece el abandono institucional, la fragmentación comunitaria y la ausencia de políticas preventivas y sostenidas.
No existen actualmente planes integrales de retorno seguro, reconstrucción comunitaria ni garantías efectivas de no repetición. Predominan acciones tardías, asistencialistas y fragmentadas que no permiten a las familias recuperar sus proyectos de vida ni restablecer condiciones básicas de dignidad y seguridad. En el momento de la salida forzada, la población se ha visto obligada a abandonar sus viviendas, las cuales han sufrido saqueos, destrucción parcial o total por incendios e impactos directos de artefactos explosivos. Así mismo, el patrimonio de las familias, que han sostenido durante generaciones, se ha perdido por completo: se han perdido cosechas para el sustento de las comunidades, así como las reservas de granos básicos y los animales de corral o ganado, los cuales están muriendo por falta de cuidado o en otros casos son robados por las células criminales operantes.
Sumando a estos hechos, el desplazamiento forzado genera un daño cultural y un etnocidio silencioso junto a su patrimonio biocultural ancestral. Esta pérdida de bienes e infraestructura no representa un simple daño colateral, sino constituye un despojo intencionado, sistemático de los medios de vida de las comunidades; ya que anula cualquier posibilidad de autosuficiencia alimentaria y hunde a las comunidades en una incertidumbre desde el primer día del éxodo.
Adicionalmente, queremos poner énfasis en que el desplazamiento forzado interno es una grave violación a los derechos humanos que lleva lustros desarrollándose: el poder destructivo que hoy describimos en Guerrero ha azotado a comunidades campesinas de Michoacán al menos desde enero de 2021, y desde allí se han implementado estas tecnologías de guerra en otras entidades, como Chiapas, Chihuahua, Durango, Nayarit, Sinaloa y Zacatecas. Las denuncias de sociedad civil respecto al riesgo de proliferación fueron múltiples, oportunas y no atendidas; por el contrario, los eventos de desplazamiento forzado en el país continúan multiplicándose. El Estado no puede continuar soslayando esta realidad sin poner en riesgo la gobernabilidad territorial, la vigencia del Estado de Derecho y con ello, la soberanía nacional.
Ante la persistencia de la emergencia, subrayamos las profundas afectaciones a mujeres jefas de hogar y las graves separaciones culturales forzadas que sufre la niñez indígena, y solicitamos a las autoridades de los tres órdenes de gobierno:
- Garantías de seguridad e integridad física permanentes: Instalar mecanismos eficaces entre las fuerzas federales y protección civil en las comunidades afectadas (Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán) para detener las incursiones armadas y el hostigamiento criminal de manera definitiva.
- Brindar atención humanitaria inmediata e integral con enfoque de género, edad y diversidad: Suministrar de inmediato alimentos, refugios seguros y regularización educativa para niñas, niños y adolescentes. Esto debe implementarse respetando estrictamente su pertinencia cultural, lengua y costumbres y en coordinación con SIPINNA.
- Atención a personas y comunidades desplazadas sin condicionamiento de la denuncia penal: Facilitar el acceso al Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV) y al Registro Nacional de Víctimas (RENAVI) Se debe eliminar de manera inmediata la exigencia de una denuncia penal como condición para recibir asistencia material y de protección.
- Mesa de trabajo: Instalar una mesa de trabajo interinstitucional coordinado por la Secretaría de Gobernación (SEGOB) con participación directa y representativa de las víctimas, autoridades comunitarias, actores sociales reconocidos en la región y organizaciones acompañantes.
- Implementar un protocolo especializado en salud mental y apoyo psicosocial para resarcir el daño acumulado por la exposición prolongada al miedo y la ruptura del tejido comunitario. Esto constituye una condición indispensable para la recuperación de las familias y las comunidades afectadas.
- Criterios de evaluación y registro confidencial para un retorno seguro: Diseñar protocolos con pertinencia cultural para evaluar los riesgos de seguridad antes de cualquier retorno. Un primer paso es la reposición inmediata de documentos de identidad mediante un sistema de registro foliado, anónimo y confidencial que garantice la protección de los datos personales de las personas desplazadas.
- Continuaremos señalando la falta en que incurre el Estado Mexicano al no promulgar una Ley general contra el Desplazamiento Forzado Interno en México, que lo tipifique como delito, conforme un registro nacional de personas desplazadas internas y establezca las competencias institucionales para la prevención, atención y restitución de derechos violentados por esta grave violación a los derechos humanos.
A T E N T A M E N T E
Colectivo de Víctimas de Desplazamiento Forzado y Organizaciones Acompañantes
Chiapas: Desplazados Tseltales de Ocosingo Colectivo de desplazados COLEMBIJ de la zona norte Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. Voces Mesoamericanas Melel Xojobal (niñeces y adolescencias)
Chihuahua: Colectivo de personas desplazadas “Nuevo Amanecer” de Parral Comunidad de Baborigame de Guadalupe y Calvo Desplazados de la Comunidad del Manzano Desplazados de la Comunidad de Monterde Desplazados de la comunidad Coloradas de la Virgen Consultoría Técnica Comunitaria A.C. Centro de los Derechos Humanos de la Mujeres A.C. Alianza Sierra Madre Equipo de Producción Documental “CRUZ”
Colima: Desplazados de Colima reubicados en Michoacán
Durango: Colectivo de personas desplazadas “Nuevo Amanecer”
Guerrero: Desplazados de la comunidad de Leonardo Bravo Desplazados de Zitlala Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan Centro de derechos de las víctimas de violencia Minerva Bello
Michoacán: Desplazados de Aguililla Desplazados de Chinicuila Desplazados de Coalcoman Desaparecid@s de la Costa y Feminicidios de Michoacán (Decofem) Observatorio de Seguridad Humana de la Región de Apatzingán
Oaxaca: Desplazados de Cuajilotes, Pueblo Viejo y Cerro Metate, San Juan Mixtepec Desplazados triquis de Tierra Blanca Copala Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI)
Sinaloa: Comunidad Mayo de Huites
Sonora: Colegio de Sonora Red Kaweruma para apoyo a Guarijios
Quintana Roo: Desplazados Kanjobales y Cakchiqueles de Maya Balam
Ciudad de México: Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) Red de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos A.C. Centro de Seguridad Urbana y Prevención Centro de Investigación y Acción Social A.C. Aluna Acompañamiento Psicosocial A.C. Trabajo interestatal en Sinaloa, Sonora, Campeche, Quintana Roo y Chiapas; Foro para el Desarrollo Sustentable A.C.
