• Ex policía municipal de Huitzuco, Ariel Núñez Figueroa
• Durante once años evadió a las autoridades: ICE
  *“La noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, tuvo lugar uno de los más emblemáticos episodios de violación a los derechos humanos en la historia reciente de nuestro país” Centro Prodh

Por Isabel Ortega Morales/ SURIANA RADIO/ CEPROVYSA.COM

Chilpancingo, Guerrero., Marzo 10-2025.- El ex policía municipal de Huitzuco, Ariel Núñez Figueroa, presunto implicado en la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014, fue entregado por las autoridades estadounidenses a las autoridades mexicanas.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE -por sus siglas en inglés- entregó a Ariel Núñez Figueroa a la custodia de agentes mexicanos, el pasado jueves 6 de marzo del año en curso, en el Puente Juárez – Lincoln, que conecta a Laredo, Texas con Nuevo Laredo, Tamaulipas.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, señala que “Núñez ingresó ilegalmente a los EE.UU, en una fecha desconocida y en un lugar desconocido”.
Agrega ICE “El 3 de septiembre de 2024, el ICE recibió información de la Interpol que indicaba que posiblemente residía en el área de Houston”.
En su comunicado, el Servicio de Inmigración de Estados Unidos dice que “Los oficiales de operaciones de fugitivos del ICE pudieron localizar rápidamente a Núñez y lo detuvieron de manera segura el 9 de septiembre de 2024”.
Agrega ICE que “Un juez de inmigración de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración del Departamento de Justicia ordenó que Núñez fuera deportado a México el 22 de enero”.
QUIEN ES ARIEL NÚÑEZ FIGUEROA?
En el documento que dio a conocer la Secretaría de Gobernación en septiembre de 2023: “Ayotzinapa. Narrativa de los hechos de acuerdo con la investigación realizada”, Ariel Núñez Figueroa es señalado como presunto involucrado en la detención y desaparición de un grupo de estudiantes que viajaban en el autobús 1531.
Textual dice el documento mencionado “Celedonio Núñez Figueroa es hijo del director de la Policía de Huitzuco, Javier Núñez Duarte, y hermano del policía Ariel Núñez Figueroa, quien también registró actividad telefónica esa noche en los mismos puntos que Celedonio. Lo que confirma que la participación de los policías de Huitzuco está vinculada a los hechos ocurridos en las cercanías al Palacio de Justicia”.
En esa narrativa también encontramos lo siguiente: “La Policía de Huitzuco estaba bajo las órdenes de Alejandro Palacios Benítez, “el Cholo Palacios” (a quien se le relaciona como sicario del grupo delincuencial Guerreros Unidos), entre los coludidos estaba Javier Núñez Duarte (Director de la Policía de Huitzuco) y sus hijos (Celedonio y Ariel). Estas relaciones se identifican en la red de telefonía generada en las comunicaciones registradas los días de los hechos, entre policías de Huitzuco y “el Cholo Palacios”.
A su vez, el Director de la Oficina de Campo de Houston de Operaciones de Detención y Deportación del ICE, El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, dice “Durante casi once años, este fugitivo extranjero evadió a las autoridades mientras la familia y los amigos de esos 43 estudiantes que fueron brutalmente asesinados esperaban pacientemente justicia para sus seres queridos”.
Sobre esta acción legal, Bret Bradfor indica que fue “gracias al excelente trabajo en equipo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, la Interpol y la Embajada de los Estados Unidos en México, pudimos rastrearlo con éxito y deportarlo a México para enfrentar un proceso por sus presuntos delitos”.
SOBRE ESTE HECHO, LO CONSIGNA ASÍ EL Centro Prodh, CENTRO DE DERECHOS HUMANOS MIGUEL AGUSTÍN PRO JUÁREZ A.C.E
“La noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, tuvo lugar uno de los más emblemáticos episodios de violación a los derechos humanos en la historia reciente de nuestro país.
Los hechos sucedieron cuando un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, de entre 17 y 25 años, acudió a la ciudad de Iguala, Guerrero, ubicada en ese mismo estado, con la finalidad de “tomar” autobuses que requerían para participar en la conmemoración del 2 de octubre, que cada año mantiene viva en México la memoria de esa represión contra estudiantes acaecida en 1968. Aunque la retención y el uso temporal de autobuses por los estudiantes para realizar sus actividades había sido habitual en Guerrero y contaba incluso con el aval tácito de empresas y autoridades, el 26 de septiembre la respuesta de las autoridades no fue la ordinaria: Policías Municipales de Iguala abrieron fuego contra los estudiantes para impedir que salieran de la ciudad con los autobuses. De esta manera, auxiliados por otras corporaciones y por civiles, los policías lograron cerrar el paso a cinco autobuses -tres que transitaban por una calle céntrica y dos que lo hacían por una calle periférica-. En esos dos escenarios fueron detenidos 43 estudiantes que habrían de ser desaparecidos. Más tarde esa misma noche, continuaron las agresiones contra los estudiantes y contra la población en general, ya no sólo por parte de agentes estatales sino también por civiles que, como después se demostró, eran parte de la estructura de una organización criminal fuertemente imbricada con las instancias estatales presentes en esa zona de Guerrero, denominada Guerreros Unidos.
El saldo de la cruenta noche de Iguala fue brutal: 43 jóvenes estudiantes que siguen desaparecidos; 6 personas ejecutadas, entre ellas 3 normalistas, incluyendo el caso de un joven cuyo cuerpo apareció al día siguiente en un paraje inhabitado con claras muestras de tortura; al menos 40 personas fueron lesionadas, contando a dos estudiantes que resultaron con afectaciones graves y permanentes a su salud. En total, más de 180 personas fueron víctimas directas de violaciones a derechos humanos esa noche y alrededor de 700 personas resultaron víctimas indirectas, considerando a los familiares de los agraviados.
A pesar del proceso de búsqueda de verdad y justicia que iniciaron las y los familiares de los desaparecidos y de las víctimas de ejecución, la obstrucción de la investigación por parte de las Autoridades ha impedido que la verdad de los hechos ocurridos a los normalistas de Ayotzinapa el 26 y 27 de septiembre de 2014 sea conocido por las familias y por toda la sociedad; y por ende, tampoco se ha investigado, procesado y sancionado a todos los responsables de dichos sucesos.”