*Toda nuestra solidaridad con la familia Ureiro Castañeda, que en este domingo trágico privaron de la vida a su hijo y hermano Sergio.

El lunes 14 de julio ocho comunidades ñu savi y tres afromexicanas de los municipios de Marquelia y San Luis Acatlán bloquearon la carretera federal de la Costa Chica, en el puente de Marquelia. Su demanda principal es que Iván Hernández, delegado de Bienestar, no los discrimine y que tome en cuenta a las familias que sufrieron daños en sus viviendas y cultivos y que no han sido censadas.

Llegaron más de 700 personas mostrando su enojo y reclamo a las autoridades del estado y federales porque nadie ha llegado a brindarles algún apoyo. Permanecieron todo el día con la esperanza de ser escuchados. Fueron ignorados, las autoridades les demostraron que sus protestas no representan presión alguna para escucharlos. Por la noche, la gente agobiada por los rayos del sol regresó a San Luis Acatlán para permanecer en la explanada del Palacio Municipal. Cansancio y desánimo había en algunas madres de familia que llevaban a sus pequeños hijos. Las personas mayores se mantenían decididas a continuar con la jornada de protesta. En esa noche obligaron a que se presentara el presidente municipal Adair Hernández para exigirle que se sensibilizara de su lucha y que se comprometiera a comunicarse con Iván Hernández.

La gente regresó con más bríos confiando que tendrían alguna respuesta con la intervención del presidente. Todo fue en vano, nadie iría al bloqueo a dialogar con ellos. Su movilización como comunidades indígenas solo logró una llamada telefónica con el presidente de San Luis en la que le informaba el delegado de Bienestar que se reuniría con las autoridades comunitarias sin definirles día ni hora. Con esa respuesta soez del funcionario federal las comunidades optaron por regresar a sus hogares, nuevamente experimentaron el desprecio y el mal trato que han recibido de todos los gobernantes. Tendrán que seguir trabajando para reconstruir sus viviendas y dejarán un tiempo de prueba para ver si cumple su palabra el delegado de bienestar.

Este jueves 17 la gobernadora Evelyn Salgado viajó en helicóptero con la subsecretaria de Gobernación Rocío Bárcena a la cabecera municipal de Metlatónoc y se trasladaron por tierra a Cochoapa El Grande. En los dos lugares pusieron en marcha los Tianguis del Bienestar como un derecho de las familias de devolver al pueblo lo robado. Esta iniciativa creada en el sexenio pasado por el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, se mantiene como una acción permanente para repartir ropa, calzado y enseres domésticos a las familias de escasos recursos.

Esta visita causó enojo entre la población ñu savi a la que le restringieron el paso con vallas. Solo permitían el paso a gente mayor y madres de familia con sus hijos para asegurar que el acto transcurriera sin gritos ni reclamos. Varias personas pidieron entrar para entregar sus solicitudes a la gobernadora, sin embargo, el séquito de guaruras y trabajadores del estado con trato osco y haciendo valer su poder y su fuerza física, atemorizaban a la gente. La colocación de las vallas en los eventos públicos de la gobernadora demuestra su lejanía de la gente que sufre, su desinterés por escuchar a una población que por centurias ha sido despreciada e ignorada. Se criminaliza a la gente pobre que sólo quiere transmitir los males que padece. Se estigmatiza a los indígenas por su porte sencillo y porque con dificultades se comunican en español. Se trata con desdén a la población que habita en viviendas derruidas, sin techos y con pisos de lodo. Son las familias que no tuvieron oportunidad de asistir a la escuela y que padecen enfermedades crónicas por falta de médicos y de medicinas.

Las vallas en Metlatónoc y Cochoapa el Grande fueron un dique para no escuchar la violencia feminicida que trunca de tajo la vida de las mujeres ñu savi; se obstruyó el paso para no enterarse de las historias de niñas que son víctimas de matrimonios forzados. Con esos obstáculos insalvables fue imposible que la gobernadora llegara a ellas para salir en su defensa y alzar la voz junto con las niñas y madres, para ser condescendientes con su dolor y exigencia de justicia destinando mayor presupuesto para erradicar las violencias que padecen las mujeres de los municipios más pobres del país.

La carretera maltrecha que no pudo ver en este viaje la gobernadora fue la que diariamente transita la gente de Tlapa a Metlatónoc. Desde que Vicente Fox fue a esta cabecera y se sentó a comer tortillas del comal con una familia ñu savi se asfaltó la carretera de 90kilómetros. Hace 6 años el presidente Andrés Manuel se comprometió a reconstruirla pero no hubo presupuesto para saldar esta deuda con los pobladores de Metlatónoc. El comité gestor de esta obra ya se desanimó por tanto gasto que hacen para viajar a la capital del estado. Han insistido en múltiples ocasiones a los funcionarios de la SICT y la CICAEG para que asignen presupuesto a esta importante vía, que comunica con la Costa Chica y el estado de Oaxaca. Esta sentida demanda tampoco escuchó la gobernadora. Lo mismo sucedió con el hospital que desde el sexenio pasado fue un compromiso de mejorarlo perolos remiendos que le hacen es por el desinterés y la corrupción de quienes tienen bajo su responsabilidad esta obra, que ha costado vidas a varias personas que requieren de la atención especializada y de medicamentos que nunca hay.

En Cochoapa el Grande, a la gente que le negaron el acceso al auditorio esperó a que la gobernadora saliera para poder abordarla. Su camioneta blindada se acercó a la puerta del auditorio y salió acompañada del presidente municipal, de inmediato abrió la puerta delantera para subirse. El vehículo fue rodeado por los guardias de seguridad para impedir que se acercara la gente. En medio de las vallas le abrían paso empujando a la gente que tenía la ilusión de saludar de mano a la gobernadora y al mismo tiempo entregar un oficio para pedirle algún apoyo. La fricción fue mayor cuando los guardias arremetieron contra la gente, sin distinguir si había mujeres o menores de edad. Esta forma de agredir provocó el enojo de los ciudadanos que ubicaron entre los más rijosos a uno de los escoltas de la gobernadora, el capitán Salinas, que fue sometido por 3 vecinos de la comunidad y fue llevado a la entrada del Palacio Municipal. Lo encararon y le demostraron que así como trata a la gente, así lo van a tratar a él. Le hicieron ver que no por ser escolta se va a sentir intocable y puede hacer lo que quiere. Le enseñaron que a la gente de la Montaña se le respeta, no porque la gente sea humilde se le va a tratar como cualquier cosa. Desde tiempos de Figueroa, los guaruras siguen comportándose como trogloditas del gobierno en turno y continúan gozando de total impunidad.

Cochoapa El Grande no merece una visita de 40 minutos de una gobernadora y de una subsecretaria federal, máxime que los problemas son añejos y mayúsculos. Por más apretada que tenga su agenda es necesario que a la población se le escuche o que por lo menos instale un módulo de atención ciudadana para recibir la multiplicidad de oficios que la gente elabora con mucha dedicación. No se puede dar el mismo trato a la gente que está olvidada y enfrenta rezagos históricos poniendo vallas y cerrando el paso. Mucho menos agrediendo a la gente. Los operativos ostentosos que les encanta dar a los escoltas y que lo permiten los mismos funcionarios, solo buscan deificar la imagen del gobernante, de enaltecer su ego y jerarquía. Se ha perdido el rumbo al remarcar la distancia y mostrar la lejanía con la gente. Estamos lejos de la sencillez y la empatía que requiere un gobernante para darle confianza a la gente y ganarse el respeto y el cariño.

En Cochoapa El Grande hay un problema de inseguridad en los caminos sobre todo la ruta que va a Dos Ríos. En el Cerro de la Garza desde hace 5 años opera una gavilla que no solo asalta, viola y secuestra, sino que también acciona sus armas para privar de la vida a la gente que transita por esos caminos. Hay una queja de la población de que en esta nueva administración no hay una obra ejecutada. Nadie sabe la causa de por qué el actual presidente municipal, Javier Gálvez, no ejerce el presupuesto de 2025. A pesar de los esfuerzos que ha hecho la Secretaría de la Mujer su estrategia no ha dado resultados para revertir la violencia y contener los matrimonios forzados. Los casos de niñas que son obligadas a casarse continúan en todas las comunidades del municipio. Es imposible incidir favorablemente cuando se mantiene esa distancia con las comunidades y solo se visitan las cabeceras municipales. El rezago educativo es grave en el municipio por falta de docentes y por la carencia de infraestructura escolar. La asignación de los maestros o maestras a varias comunidades del municipio, se ha logrado por los amparos que hemos interpuesto como un recurso efectivo de los pueblos. La gente sigue caminando porque los caminos están destruidos. Esta situación encarece todos los productos y hasta el mismo transporte, las familias no tienen otra opción que migrar como jornaleros agrícolas porque en la región no hay trabajo permanente. Todos estos dolores y pesares no llegan a los oídos de los gobernantes por esa falta de sensibilidad y empatía con las personas que suben la montaña en busca del pan de cada día.