Cuatro años fueron suficientes para que la gobernadora Evelyn Salgado corriera el telón de la veleidad y la suntuosidad para hacer de su informe un recuento de cifras alegres y transformar el escenario en una pasarela con alfombra roja para el senador Félix Salgado. El aire triunfalista no dejó espacio para la reflexión crítica ni el análisis ponderado, fue más bien un ritual para el besamanos y el caravaneo político. La cargada del partido guinda repitió las prácticas nefastas del acarreo, las porras y el aplauso fácil. El embeleso del poder hechizó a los asistentes que aparecieron en escena como dóciles seguidores de la flamante gobernadora. Los detalles más cuidados fueron los escenográficos; el espacio visual, la palestra y la proyección de una estrella fulgurante. La algarabía se desbordó y el glamour de la nueva clase política dejo ver su poder adquisitivo. Los sectores sociales corporativizados y las organizaciones afines a Morena cumplieron con su cometido, de refrendar el apoyo incondicional a la gobernadora. Lo festivo invisibilizó la cauda lúgubre que miles de guerrerenses arrastran por el flagelo de la inseguridad y la violencia que se expande en las 8 regiones del estado.

Los 9 mil 500 millones de pesos que se aplicaron en la construcción de carreteras, en infraestructura educativa, obras de agua, salud y vivienda, contrastan con realidades que laceran la vida de las familias mayoritariamente pobres. La falta de caminos mantiene aisladas a miles de comunidades elevando los costos de los productos básicos por las dificultades de su traslado. En varias regiones no se ven donde se pavimentaron los 3 mil 400 kilómetros que construyeron. Las principales carreteras que comunican con las cabeceras municipales requieren mantenimiento. Hay carreteras destrozadas como las de Tlapa-Metlatónoc, Tlapa-Olinalá, Chilapa-Tlapa por mencionar algunas de la Montaña. En esta región muchos niños y niñas caminan por los cerros para llegar a las escasas escuelas que hay tanto en la Montaña, como en la Sierra y la Costa Chica. El termómetro de esta grave carencia son las protestas que recurrentemente hay por la falta de maestros y maestras, por la nula o precaria infraestructura educativa, la falta de médicos en los centros hospitalarios y en las casa de salud, así como el desabasto generalizado de medicamentos.

Las viviendas no cuentan con el servicio de agua potable, la población tiene que comprar sus rollos de manguera para trasladar el agua por gravedad, los que no tienen recursos para comprarla utilizan sus animales para acarrearla de sus manantiales. Los jefes de familia lo poco que ganan como peones o jornaleros agrícolas destinan una parte para reconstruir sus viviendas. En temporada de lluvias, el viento y el agua tuerce o vuela sus techos de lámina. Sus adobes se reblandecen y las paredes se agrietan. Son contadas las familias que han sido beneficiadas con una vivienda, lo grave es que las personas más vulnerables que no hablan español ni cuentan con actas de nacimiento son descartadas para ser beneficiarias de una vivienda. Las familias jornaleras que están mas de 6 meses fuera de sus comunidades tampoco son beneficiarias de los programas sociales en general.

Los caminos artesanales, que son parte del programa carretero del gobierno federal, aparecen como inversiones realizadas por el gobierno del estado. Desconocemos el monto erogado por el gobierno del estado de los 665 kilómetros de caminos rehabilitados y 297 obras que han beneficiado a 517 mil habitantes en los 19 municipios de la Montaña, la Costa Chica y también a la Sierra. Es admirable la cifra de 497 mil metros de tubería de agua potable, que equivale a la distancia entre Zihuatanejo y Punta Maldonado. Falta saber en qué municipios y que comunidades fueron las beneficiadas de estas obras hidráulicas. Tanto en el puerto de Acapulco, en sus comunidades rurales como en Cochoapa el Grande esta es la demanda generalizada porque las redes de agua no funcionan. Las pocas obras que hay están hechas con material reciclado y a punta de remiendos de las tuberías. No hay comunidad que no tenga el problema en su red de agua potable y que sufra de desabasto de este líquido vital. Las poblaciones rurales no tienen otra alternativa que acarrear el agua.

Nos preocupó que en el informe no se abordara la situación de los derechos humanos, que es un tema central para las víctimas que sufren estas violaciones y que no encuentran la protección de las instituciones de derechos humanos y de la misma fiscalía. Esta crisis ha generado desconfianza y un distanciamiento mayor por parte de los colectivos y familiares que han tenido amargas experiencias por el maltrato, la indolencia y la indiferencia de quienes tienen que investigar los delitos y las violaciones de los derechos humanos. Se ha relegado este tema de la agenda pública y se ha optado por invisibilizar y encubrir a quienes cometen atropellos a la ciudadanía. Pocas son las denuncias que prosperan contra servidores públicos y las quejas se han perdido en el laberinto democrático. El organismo público de derechos humanos se ha desdibujado, en lugar de estar del lado de las víctimas está al lado del poder. Se ha transformado en una oficialía de partes de la oficina de la gobernadora, en una instancia de gestión pública.

Sobre la violencia que padecen las mujeres no hay cifras que nos den una pauta de cómo monitorea el gobierno esta problemática y qué acciones ha emprendido para contenerla. Es insuficiente y poco objetiva la información que maneja sobre la alerta violeta que según ha alcanzado un 93 por ciento de efectividad en la búsqueda y localización de mujeres reportadas como desaparecidas. Hay un problema grave que muchas mujeres desaparecidas no son encontradas y algunas son asesinadas. La violencia contra ellas se ha recrudecido y los casos de feminicidios se ha incrementado, a pesar de que los ministerios públicos se niegan a tipificar estos crímenes graves como feminicidios. No se le ha dado la importancia que requiere para dotar de personal suficiente, especializado y con ética profesional para atender con perspectiva de género y enfoque intercultural la violencia feminicida que se invisibiliza en las cifras oficiales.

Son insuficientes y muy acotadas las acciones para atender los casos de niñas que son víctimas de matrimonios forzados. Todo se reduce a dar talleres a los funcionarios municipales que son los menos interesados en atender estos asuntos. En los municipios de la Montaña donde más se registran estos casos las autoridades municipales, como presidentes y sindicas son parte del problema, porque revíctimizan a las niñas, las encarcelan, las obligan a permanecer con su pareja a pesar de que ejerce violencia contra ellas. Negocian estas transacciones al obligar al padre de la niña a que regrese con intereses el dinero que gastó el suegro. Si no lo hace lo encarcelan o lo obligan a que firme un documento donde se compromete a pagar en determinado tiempo.

Como Centro de derechos humanos de la Montaña teneos un registro de 11 feminicidios y dos por tentativa de feminicidio de enero al mes de agosto de este año. 3 feminicidios sucedieron en el municipio de Cochoapa El Grande, 3 en el municipio de Alcozauca; 3 en el municipio de Tlacoapa, uno en Acatepec y otro en Tlapa. En Malinaltepec y Alcozauca se registraron dos feminicidios en grado de tentativa. 12 casos son de mujeres indígenas y un caso es de una mujer mestiza. 8 son del pueblo Ñu Savi y 4 del pueblo Me´Phaa. Los perpetradores son policías en dos casos, dos por ataque armado y el resto está relacionado con sus parejas. En dos casos los feminicidas usaron cuchillo para ultimarlas, una a golpes y el resto con armas de fuego. Esta radiografía nos muestra un problema grave que no está siendo atendido con la urgencia e importancia que se requiere. La alerta violeta es solo un aspecto de los múltiples problemas que enfrentan las mujeres guerrerenses. Es impostergable diseñar una política integral que atienda de fondo esta violencia feminicida que resquebraja nuestro sistema de justicia y pone a prueba a la gobernadora para estar realmente cerca de las mujeres que padecen las violencias en sus hogares y comunidades.

Las expectativas que se fincaron con la llegada de Morena a la gubernatura del estado han quedado truncas, no solo porque no hay un giro en los temas más sensibles para los guerrerenses como es el acceso efectivo a la justicia, la demanda generalizada de la seguridad que cada vez se destruye el maltrecho tejido social y el empoderamiento de los grupos delincuenciales que han tomado el control en amplias franjas del estado y se ha erigido como un poder fáctico que supedita a las autoridades municipales. La seguridad pública ha dado tumbos, los mismos cambios de sus titulares nos indica que no hay un rumbo claro dejando inerme a una población que tiene miedo y que también desconfía de los cuerpos de seguridad y de quienes investigan los delitos por la colusión que existe al interior del aparato estatal.

Por otra parte la nueva clase política de Morena se ha subido a la locomotora del lopezobradorismo pero más por los intereses facciosos y particulares que los mueven y no por los principios que sustentan y le dieron fuerza al movimiento de regeneración nacional para luchar contra la corrupción, contra la mafia del poder, contra el nepotismo, contra la política como negocio. La máxima de “por el bien de todos primero los pobres” entre la nueva clase política de Guerrero no parece ser el eje rector de la cuarta transformación. También la consigna de servir al pueblo con honestidad y vivir en la justa medianía se ha relativizado. La lucha por desmontar las estructuras de la corrupción gubernamental para que no siga habiendo pueblo pobre con gobierno rico, en nuestra entidad, sigue predominando la consigna porfirista “acátese pero no se cumpla”.