Por JORGE OCTAVIO OCHOA.

El 2022, contra lo que quisiéramos afirmar, arranca con señales aún más funestas que el año anterior. Con un ambiente de polarización que estallará en los tribunales.

El presidente de México ha debilitado al máximo a los Poderes de la Unión. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se verá expuesta como nunca en su historia, y quizá termine crucificada como un instrumento servil del Ejecutivo.

El Poder Legislativo igualmente se encuentra abierto en canal; ha dejado al descubierto su docilidad, a la luz de dos resoluciones contradictorias en asuntos similares, que resolvieron sus respectivos presidentes de mesa directiva:

Por un lado, Olga Sánchez Cordero rechazó la petición de tres grupos parlamentarios, para controvertir el “acuerdazo” de López Obrador que reserva información sobre proyectos considerados como de “seguridad nacional”.

Por otro lado, Sergio Gutiérrez Luna, sin el aval de todos los partidos, presentó un recurso a nombre de la Cámara de Diputados, para controvertir el acuerdo del INE que posponía la realización de la consulta por la revocación de mandato.

Y peor aún: promovió un recurso para someter a juicio a 6 de los 11 consejeros de ese instituto, que votaron a favor de prorrogar dicho ejercicio de carácter constitucional, debido a insuficiencias presupuestales.

Así pues, Senado y Cámara de Diputados, tienen criterios diferenciados para un asunto similar, producto de “acuerdos” que, según los seguidores de uno y otro bando, conculcan derechos fundamentales, plasmados en la Carta Magna.

La Corte quizá podrá “capotear” la controversia sobre el acuerdo del INE, porque el Tribunal Electoral ya decidió que la consulta se lleve a cabo y la Secretaría de Hacienda se ocupe de proveer los recursos necesarios para su realización.

Pero no podrá dar marcha atrás a la persecución judicial que desató Gutiérrez Luna contra los consejeros. Tendrá que ser la Fiscalía General de la República (FGR) quien anuncie el NO ejercicio de acción penal.

Sin embargo, quedará evidenciado que dos de las ministras se saltaron las trancas y no sólo dieron entrada a una controversia, sino que emitieron juicios de fondo, como si ellas dos representaran a todo el pleno de magistrados.

La SCJN tendrá que analizar también, la controversia inusitada, presentada por el PAN, PRD y PRI en contra del presupuesto de egresos 2022, por afectar el criterio de “progresividad” de derechos adquiridos de la ciudadanía.

Este principio, fue introducido en el artículo 1 constitucional, luego de una reforma en el 2011, para que el presupuesto destinado a garantizar los derechos de la población incremente de manera gradual.

Según estos tres partidos, el Presupuesto de Egresos de la Federación para este año, recortó recursos a programas como el de atención a la salud y medicamentos gratuitos a población sin seguridad social laboral, por 10,000 millones de pesos.

Además, desaparecieron programas como el de escuelas de tiempo completo y atención a la diversidad de la educación indígena. También involucran en este criterio, el recorte por más de 4 mil millones al INE.

Consideran que esa mutilación de recursos vulnera el derecho de la población mexicana a participar en los procesos democráticos del país, como es el caso de la consulta de revocación de mandato, porque habrá menos urnas.

El criterio de progresividad establece que, una vez alcanzado un nivel de satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, el Estado está obligado a no dar marcha atrás.

Es decir que las prestaciones otorgadas en un momento determinado, constituyen el nuevo estándar mínimo a partir del cual debe seguirse avanzando y sobre el cual debe regirse la política presupuestal del gobierno en turno.

Todos estos temas no han sido analizados a profundidad, y son con lo que abrirá el debate político en este 2022, y que marcarán la ruta del autoritarismo que ya empieza a vivir el país.

De lo que decidan los magistrados, dependerá la imagen de servilismo o de autonomía que se podrá esperar del Poder Judicial, pero también el grado de manipulación al que se verán sometidas las Cámaras de Diputados y Senadores.

LA AUDACIA DE AMLO

Sea cual sea el rumbo que tomen estas discusiones, lo destacable aquí, es la audacia de López Obrador para exponerse a un proceso de revocación de mandato cuando las variantes políticas, económicas y sociales pueden desplomarse.

Pero también sobre sale la mediocridad, la cobardía y la falta de imaginación, no sólo de los partidos de oposición, sino también de intelectuales, científicos, académicos y universitarios, que han sido ofendidos y perseguidos por el régimen.

Lo que ocurre en el CIDE, es una patética muestra de la falta de solidaridad, de la tibieza con la que actúan esos grupos sociales que, efectivamente, han sido beneficiarios de regímenes anteriores.

Hoy no quieren o no pueden demostrar su verdadero valor. No son capaces de salir de sus cómodos cubículos y, en todo caso, llamar a la población a enfrentar la consulta revocatoria y poner final a un gobierno que ha sido desastroso.

Por eso hablamos de “audacia”, porque todos los indicadores económicos y sociales muestran focos rojos, con una cuesta inflacionaria que se podría prolongar más allá del primer trimestre del año, y una pandemia que nos puede confinar otra vez.

La población ha tenido que destinar tres cuartas partes de sus recursos económicos a la compra de medicamentos y atención en hospitales por el miedo al Covid19, en medio de la negligencia criminal mostrada por el gobierno de López Obrador.

No es exagerada la expresión. El gobierno federal permitió el desembarque de cruceros con pasajeros contagiados de Covid-19, frente a crecientes restricciones en otros países y la oposición de las administraciones locales.

López Obrador desestimó el avance de la variante Ómicron, y dijo que no ha generado más hospitalizaciones ni decesos. El problema, es que han sido más de 100 fallecimientos diarios, que equivalen a dos volcaduras de camiones con migrantes.

Pero él dice, con esa parsimonia que le caracteriza: “No son muchos los casos. Lo que tenemos como información, es de que no han aumentado los contagios y, lo más importante, no se han incrementado los fallecimientos”.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud federal, también aseguró que, seguir contabilizando los casos de ómicron en México, tal como se ha hecho el recuento en medios de comunicación, tiene poco sentido.

Siguen siendo parte de la misma epidemia de COVID-19, dice el ideólogo de cabecera de la salud en México. ¿Es decir, que los muertos son muertos, cualquiera que sea la cepa que los infecta?

Es momento quizá, de que los opositores cambien de estrategia. Si el presidente ya optó por la vía de la revocación, pues hay que considerarla. El grado de inestabilidad de un cambio a mitad del camino no será más grave de lo que ya vivimos.