Fortalecer la seguridad pública

José Antonio Rivera Rosales
Como todo mundo sabe, la seguridad pública en Acapulco ha registrado una ruta
accidentada por decir lo menos.
Existen por lo menos dos momentos en la historia reciente en que el puerto
experimentó una oleada de violencia criminal que afectó gravemente la vida y la
economía cotidiana de los porteños.
Uno de esos momentos se experimentó en los años 2010 y 2011, después de la caída del
capo Arturo Beltrán Leyva en Cuernavaca, lo que pulverizó a los grupos criminales que
hacían parte del cartel que encabezaba ese lider criminal.
Consecuencia inmediata de la muerte de Beltrán, uno de sus segundos, Edgar Valdés
Villarreal, cambió de inmediato las reglas del juego e impuso un clima de terror entre
propios y extraños, a los que comenzó a cobrar cuota para permitir que ejercieran alguna
actividad económica. Fue el principio del cobro de cuota en Acapulco, lo que sustituyó en
gran medida el negocio de la venta de droga al menudeo, que desde 2004 cobró carta de
naturalización en el puerto.
Un punto de quiebre ocurrió en septiembre de 2010, cuando un grupo de excursionistas
provenientes de Michoacán fue confundido con sicarios del grupo criminal de Los Zetas,
que contaban con un bastión en ese estado.
Lo que aconteció después fue un episodio horripilante de sadismo criminal: los 21
excursionistas, que en realidad eran parte de una cooperativa de trabajadores, fueron
masacrados por el grupo criminal de Valdés Villarreal y sus restos arrojados a un terreno
aledaño a la laguna de Tres Palos.
Esto provocó una reacción furibunda de una facción del grupo criminal -los socios locales
de los narcos norteños-, que lo consideraron un exceso de los traficantes provenientes del
norte que, todavía por esas fechas, formaban parte de lo que quedaba del grupo criminal
de Beltran Leyva.
Ese fue el nacimiento del Cártel Independiente de Acapulco (CIDA), que desde entonces
comenzó a antagonizar con sus exsocios norteños. A partir de entonces ambos grupos
criminales cohabitaron en el puerto, pero el control de la mayor parte del territorio lo
tenía el CIDA, que operaba las relaciones con los abastecedores de droga colombianos.
Para hacerles frente, los traficantes norteños crearon a su vez un grupo de choque
conocido como La Barredora, que contaba con un grupo de ejecutores autollamados El
Comando del Diablo, encargados de secuestrar y asesinar a sus enemigos del CIDA.

Fue, quizá, el periodo que causó mayor terror entre la población acapulqueña que,
durante todo el 2011, se guardaba en sus casas a temprana hora para evitar tener un mal
encuentro que les costara la vida. En esas fechas, la Costera Miguel Alemán lucía desolada
y vacía a las ocho de la nohe.
Los dos grupos criminales que cohabitaban en la misma ciudad, ampliaron poco a poco
la extorsión a todas las áreas geográficas de Acapulco, incluyendo la zona del Mercado
Central, la colonia Progreso, Mozimba, Pie de la Cuesta, El Centro y, desde luego, la
periferia.
Así, una práctica que inicialmente afectaba al comercio ambulante, paulatinamente se
extendió a todos los negocios establecidos y cubrió casi totalmente la ciudad,
sustituyendo en gran medida el negocio de la venta de droga al menudeo.
El grupo de traficantes norteños poco a poco perdió la batalla contra el CIDA que
después de expulsarlos de la plaza, se quedó con el control de la venta de droga, la
extorsión de diferentes grupos económicos -comerciantes, taxistas, consorcios,
profesionistas-, e inclusive con el secuestro y los asesinatos por paga.
En los años posteriores el CIDA debió enfrentarse contra otros grupos criminales que
intentaron penetrar en la plaza -incluyendo una intentona del grupo de Héctor Beltrán
Leyva, en 2016-2017-, pero paradójicamente la principal batalla fue contra sí mismo –
batalla que, por cierto, perdió-.
Eso se debió en gran medida a que las diferentes facciones que integraban el CIDA -unos
diez grupos en promedio- comenzaron a enfrentarse entre sí por la hegomonía de la
estructura criminal, que con todo mantenía el control del mercado extorsivo así como de
la venta de droga al menudeo.
La fractura de la banda criminal, que dejó de tener una estructura jerárquica piramidal,
devino en numerosos grupitos que extorsionaban a los diferentes sectores económicos y
productivos para mantener sus ingresos. Sin embargo, la disminución en número y
cohesión lo sustituyeron con sadismo y crueldad en sus ejecuciones, que se dirigían contra
todo aquel que se negara a pagar la cuota, así fueran los comerciantes más humildes.
Este es el escenario que le tocó afrontar a la nueva administración municipal que, pese a
las limitaciones de presupuesto y personal, ha disminuido notablemente la enorme
cantidad de homicidios que se cometian en este puerto turístico.
La pulverización de los grupos criminales ha permeado el ingreso de nuevas células que,
al notar la anarquía que existe en el espectro criminal de Acapulco, han buscado
incursionar en la plaza para tomar control de los negocios ilícitos. Algunos de esos grupos
proceden de cárteles que han mantenido su hegemonía a nivel nacional, como el Cártel de
Sinaloa, que está dividido en por lo menos dos facciones, o el Cartel Jalisco Nueva
Generación, sin contar con los rescoldos del grupo de los Beltrán Leyva que ya cuenta con
nuevos liderazgos.
Este escenartio complicado de los grupos criminales es el que la toca afrontar al
gobierno de Abelina López quien deberá invertir principalmente en equipamiento de la
Policía Preventiva, en apoyo armamentístico y de comunicación para aprovechar que
existe un mando imbuído de mística, compromiso y profesionalismo.

Es clara la tendencia a la baja en la comisión de homicidios que durante el gobierno de
Evodio Velázquez se mantuvo en un promedio mensual de 70-74 asesinatos por mes,
promedio que descendió a 50 durante el gobierno de Adela Román y que, aún pese a
todas las carencias, disminuyó a menos de 30 homicidos en el pasado mes de diciembre.
Si de verdad hay un compromiso por pacificar al puerto de Acapulco, Abelina tendrá que
hacer las inversiones necesarias para atender esta olvidada secretaría de Seguridad
Pública que, junto con su personal, muchos años ha estado abandonada.