Entre controversias, contradicciones y tropiezos por entregar la respuesta antes de lo señalado ya que en junio el presidente Andrés Manuel López Obrador negó que las investigaciones estuvieran estancadas y que “sí, este año va a quedar ya lo de Ayotzinapa” porque ya sabían lo que paso, les gano la premura por entregar resultados y cayeron en pruebas sin sustento que privó a la fiscalía de los resultados de los sospechosos clave.

Ahora el presidente acusa a la Fiscalía Especializada para el caso Ayotzinapa al señala que trató de “dinamitar” las investigaciones ya que “se tomó la decisión de actuar sin cerrar la indagación que sigue abierta, porque inmediatamente surgió la sospecha de ‘como’ es que en el informe se habla de 30 involucrados y se cancelan 80 órdenes de aprehensión”.

Entre sus contradicciones y ver la manera de ocultar los errores en las pruebas tan débiles como endebles, el titular de la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso, Alejandro Encinas Rodríguez, presentó ante la fiscalía general de la República (FGR) una denuncia contra quien resulte responsable de la filtración de la indagatoria en la que se reveló cómo fueron asesinados los normalistas.

Lo interesante del caso, es que el mandatario, que descalificó este jueves la revelación de los hechos publicada por el diario The New York Times apuntan a que “las dificultades también surgieron de la disfunción al interior del gobierno, donde los funcionarios que investigaban el caso retuvieron información clave unos de otros, perjudicando su propio caso”.

En el contexto y luego de la publicación del diario norteamericano, el caso escalo hasta la defensa legal de los cuatro militares procesados por la desaparición de los 43 normalistas, en Iguala, Guerrero, que ahora recaban información técnica y se preparan para llevar a cabo una denuncia penal.

Lo anterior como resultado de los entredichos que dijo, Encinas Rodríguez en la entrevisto que concedió al diario como presidente de la Comisión de la Verdad en donde reconoció que hay pruebas sin sustento.

Lo anterior llevó a diversos analistas y columnistas a sugerir su renuncia ya que entre sus dichos a The New York Times reconoció que los chats de WhatsApp “donde sustentó la demolición de la verdad histórica del gobierno de Enrique Peña Nieto, sobre la desaparición de los 43 normalistas en 2014, no pudieron verificarse como reales”, es decir que Encinas admitió que la fuente que brindó los mensajes podría haberlos fabricado. “Todo es posible”, dijo. “El 100 por ciento seguro en esto no existe”, admitido en la entrevista. Dicho de una manera clara´ pareciera que la verdad ‘histriónica’ del presente gobierno aún no logra tirar la ‘verdad histórica’ del anterior porque todo apunta a ser ‘falsos’.

Lo cierto es que esos pantallazos contaban de manera descarnada cómo los alumnos habían sido separados en grupos, trozados a machetazos o disueltos en ácido, para posteriormente ser inhumados en lugares ajenos al señalado por la “verdad histórica”: el basurero de Cocula. “Chuky les metió machete y se los repartieron como dijo huitzuco pueblo viejo y rio”, se leía en una de las capturas que reveló el columnista Héctor de Mauleon.

A esto se suma la postura de Santiago Aguirre, que revela la premura del gobierno dicho por el abogado principal que representa a las familias de los estudiantes desaparecidos que señalo al Times que “tenían que haber hecho algo impecable y no lo hicieron”, por lo que “termina pareciéndose mucho a lo de antes, salir sin verificación, más por política que por convicción de tener ya esclarecida la verdad”.

Una promesa más de campaña que entra en contradicciones y dejan a las víctimas sin verdad y sin justicia y a los padres en espera de otra ‘verdad’.