La mañana del jueves 27 de octubre, desde el salón Tesorería de Palacio Nacional, y ante la presencia del mismo Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el Subsecretario de Seguridad, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía , daba a conocer que, de acuerdo a las investigaciones, los responsables de la masacre de 20 personas en San Miguel Totolapan, son los hermanos Hurtado Olascoaga, Jhonny y José Alfredo, mejor conocidos por sus apelativos, el Pez y el Fresa.

Lo que resulta interesante de esta información es que se haya dado el resultado de esa investigación primero en la ciudad de México, y no en el estado donde ocurrieron los hechos, es decir, el estado de Guerrero y que, en orden de mandos en la entidad, correspondería dar esa declaración a la Fiscal General del Estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón. Después, según mi lógica, fortalecida la declaración por las autoridades federales, permitiría a las y los guerrerenses considerar que quien está al mando, está dando resultados a la entidad a la que le encomendaron la misión en diciembre de 2021.

La masacre ocurrida en la región calentana de Guerrero es una lesión social que, sin embargo, en los resultados de la investigación se detienen más en el cateo a las casas de los mencionados considerados líderes de la Familia Michoacana en Guerrero donde sobresalen las cebras, tigres y demás animales exóticos encontrados disecados, que los elementos de culpa de la masacre.

Cabría aquí una elemental pregunta. ¿porqué la Fiscalía General del Estado no pidió ordenes de cateo antes de la masacre si ya se hablaba a gritos de una vinculación de estos personajes con el crimen organizado?, ¿se pudo evitar esa masacre? Es pregunta. Porque de lo contrario tendríamos que preguntarnos si en el asesinato en masa del 5 de octubre del año en curso, el estado, como tal, lo pudo evitar ante una buena procuración de justicia, o es presuntamente responsable por omisión.

Pero dentro de la Fiscalía algo anda mal, quizá sea el orden del mando quiero pensar, donde personajes civiles, como Ramón Celaya Gamboa, presentó su renuncia y podría ser, acertadamente, Secretario de Seguridad Estatal de Tlaxcala al quedar acéfala luego de que le pidieran su renuncia al que estaba en funciones, por la muerte de una joven normalista, ante una evidente mala actuación policial, falta de protocolos, ausencia de sensibilidad y de derechos humanos.

Tlaxcala ganaría al incorporar ahí, o en otra área de justicia a Ramón Celaya, pero Guerrero, en la realidad, pierde un personaje que se había distinguido por dar resultados. Incluso que sabía comunicar esos resultados a la sociedad. Algo en lo que también la Fiscalía está dando tumbos.

Porque imagínese Usted que si busca convenir trabajo con esa área tendrá que ajustarse a las reglas de companet para entrar a la licitación que, según su tercer director de comunicación social, un teniente de apellido monje, observa así la comunicación, además de la obligación de los medios de difundir el resultado de lo que hacen.

Parece pues, que el mando en la Fiscalía no está en Guerrero. No está en la responsabilidad de dar resultados a las y los guerrerenses y no está en el ánimo de informarle qué hace para que la procuración de justicia se esté aplicando.

De esta manera, todo indica que si queremos saber qué hace la Fiscalía tendremos que preguntar al Secretariado Ejecutivo donde concentran todo, está bien, pero donde también, no todas y todos los mexicanos estamos atentos. O quizá sea ese el propósito, y que no se de uno cuenta a las órdenes de quien se está. Surrealismo?