Guatemaltecos desarman a 15 soldados, en Chiapas

La escandalosa invasión por décadas de chapines ilegales en los municipios chiapanecos-mexicanos fronterizos con Guatemala, quedaría evidenciada la tarde de este lunes 29 de marzo, en las inmediaciones del poblado de Mazapa de Madero, al ser detenidos, desarmados y secuestrados por una turba de más de 500 extranjeros, 15 soldados mexicanos, con todo y las tres unidades automotoras castrenses.

Un incidente sin precedente en la colindancia de la Sierra Madre de Chiapas con la vecina centroamericana, luego de que los militares establecidos en un retén de control de la Seguridad Nacional, hicieron el alto a una camioneta de la marca Mitsubishi, con placas guatemaltecas, en la que viajaban tres personas, para ser sometidos a revisión en prevención de transporte de estupefacientes, armas y explosivos.

Las primeras versiones de los uniformados, revelaría que uno de los extranjeros que viajaba como copiloto, sacó una pistola con la que amenazó a los elementos castrenses, los cuales se pusieron en posición de respuesta bélica, conminando al potencial agresor a abandonar su actitud bélica, pero que al realizar un movimiento brusco, uno de los soldados disparó y lo hirió, causándole finalmente la muerte.

En cuestión de minutos, empezarían a arribar al lugar de los hechos, varios centenares de personas, muchas de ellas en estado de ebriedad, armadas con machetes, palos y algunos con pistolas, rodeando a los integrantes del Ejército Mexicano, para en principio insultarlos verbalmente, calificándolos de asesinos y pasar a los empellones, en una acción belicosa que culminó con el desarme de las ametralladoras y pistolas (17), amenazándolos de que serían linchados al llevarlo al territorio chapín.

Para entonces, se habían sumado otros extranjeros vecinos de los poblados del departamento de San Marcos, que empezarían a gritar que junto con las tres unidades serían desplazados al espacio extranjero donde serían sometidos a un juicio popular, que podría terminar con la privación de la vida.

Todo empezaría alrededor de las tres de la tarde, cuando los soldados y el oficial al mando, se mantenían en estado de alerta, después de haber iniciado el sábado 27 de marzo, la Operación México-Guatemala, para frenar el desbordado paso de miles de migrantes indocumentados procedentes del istmo latinoamericano, en tránsito hacia Estados Unidos.

Al ser rodeados por la turba, los miembros de las Fuerzas Armadas mexicanas, quedarían en estado de indefensión, pues a pesar de ser minoría, eran muy poderosos por el poder de sus modernas armas, que de haber sido usadas para repeler la ofensiva nada respetuosa y humillante de los guatemaltecos, hubiese provocado una tragedia sin precedentes, por lo que decidieron cumplir con la consigna del alto mando de la capital nacional, de respetar los derechos humanos de los extranjeros.

Guatemaltecos imponiendo su ley en territorio chiapaneco-mexicano, donde habitan, lo mismo que en las comunidades chapinas ubicadas en la cercanía de la imaginaria línea fronteriza internacional, donde manda el crimen organizado, pues bien sabido es por las mismas autoridades federales, estatales y municipales, que es una zona de tráfico permanente, día y noche, de seres humanos, lo mismo que de estupefacientes hacia el lado mexicano, mientras que a la inversa prevalece el contrabando ilimitado de gasolinas, diesel y mercancías.

Zona de trasiego de siempre, incrementada en los años recientes, compitiendo con los pasos de la planicie en el espacio de Ciudad Hidalgo y Tecún Umán, donde también el flujo ocurre en la parte norte del puente que comunica a los dos países, que en mucho han sido desplazados por los accesos al sur, a la altura del llamado “basurero”, por donde ingresan extranjeros de todo el mundo en los últimos dos años, decenas de miles de “los morenos”, provenientes de países africanos y Haití.

Corrupción imperante que no solamente se ha mantenido, una vez que en junio de 2019 se cancelaron los salvoconductos otorgados gratuitamente a los inmigrantes, para desplazarse en tours guiados por el propio gobierno mexicano, en viajes todo pagado, que incluían en autobuses de lujo y apoyos económicos para alimentos, hasta la Frontera Norte.

Ciudad Hidalgo, Frontera Hidalgo, Metapa, Tuxtla Chico, Cacahoatán y Talismán, son las poblaciones de primer contacto en la frontera con Centroamérica, donde guatemaltecos, salvadoreños y hondureños se han asentado irregularmente, hasta llegar a tener injerencia en determinado momento en posiciones dentro de los ayuntamientos municipales. Más hacia la montaña, a mil 300 metros de altura, en Unión Juárez, donde la plaza de la empinada comunidad, se viste alegremente por los coloridos ropajes típicos de los vecinos del lado guatemalteco, que entran y salen sin control alguno.

Mayor presencia extranjera ilegal, en Tapachula, la capital de la antigua Región Soconusco, integrada por 16 municipios de la Costa chiapaneca, de Ciudad Hidalgo hasta Mapastepec, invadida junto con las demás jurisdicciones de Pijijiapan, Tonalá y Arriaga, por extranjeros de todas partes del planeta.

Solamente en la llamada “Perla de Chiapas”, Tapachula, existen más de 100 mil migrantes varados y sin ningún seguimiento de orden migratorio o sanitario, que deambulan por todos los rumbos de la urbe de un millón de habitantes, en la que se mezclan todo tipo de personas, que han disparado la inseguridad y el crimen, debido a la presencia de pandilleros “Maras Salvatrucha 13” y “Barrio 18”, que se han convertido en intocables para las corporaciones policíacas, al acatar órdenes superiores de no tocarlos ni con el pétalo de una rosa, así sean sorprendidos infraganti.

Temor en el Gobierno Federal de que en algún momento pueda ocurrir una situación de “exceso de autoridad”, que motive quejas ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en Tapachula, o la Corte Internacional de los Derechos Humanos, lo cual concede impunidad a ese conglomerado cada vez más importante de delincuentes de origen hondureño, salvadoreño y guatemalteco, que lo mismo asaltan en vía pública, roban comercios o casas habitación, que lesionan o matan durante sus acciones ilícitas, además de acosar y abusar sexualmente de mujeres de todas edades.

Un crimen organizado el de estas bandas, con pleno conocimiento de los servicios de Inteligencia del Ejército Mexicano, Armada, Guardia Nacional, así como de las Corporaciones policíacas estatales y locales, de que son factor fundamental en el trasiego de drogas y trata de jóvenes para la prostitución, que poco o nada hacen para combatirlos, al grado de saber en qué colonias viven, a las que por cierto no ingresan de manera inexplicable, aunque la ciudadanía supone que obedece a contubernios para permitir sus actividades.

Puntos de contacto para el desplazamiento del crimen organizado y de los traficantes de indocumentados, que se extiende en los poblados chiapaneco-mexicanos de Motozintla, Amatenango de la Frontera, Mazapa de Madero, hasta llegar a Ciudad Cuauhtémoc, el puerto migratorio y de comercio, predominando la venta de todo tipo de armas, sean ametralladoras, granadas o pistolas, como todos sus habitantes lo saben y se mantiene n resignados ante la indiferencia de las autoridades.

Más hacia el norte, por la zona selvática, los cruces desde La Trinanitaria hasta Frontera Corozal, a lo largo de la Lacandona, donde existe un importante destacamento del Ejército Mexicano, que para evitarse problemas con los indígenas “zapatistas”, se mantienen, por órdenes de la Secretaría de la Defensa Nacional, en su cuartel, dejando paso libre a todo tipo de incursiones ilegales.

Transcurrir de poco más de dos semanas del inicio del compromiso adquirido por el Presidente Andrés Manuel López Obrador al solicitar apoyo de dotación de vacunas para atender la problemática del Covid-19, a su homólogo estadounidense Joe Biden, que de inmediato le otorgó dos millones 700 mil dosis de inmunizantes de los laboratorios anglo-sueco AztraZeneca, a cambio de blindar con el Ejército Mexicano y la Armada, la frontera con Guatemala y Belice.

Ceremonias espectaculares con desfile en la Plaza Central, del arranque de las operaciones militares-civiles, presididas por el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, primero en Tuxtla Gutiérrez, el jueves 25 de marzo y luego en Tapachula, el sábado 27, con la presencia de representantes del gobierno guatemalteco, tanto del Ejército como de la Policía Nacional y Migración.

En el primer desplazamiento, se suponía que los dos mil 225 efectivos federales, serían desplazados a las Regiones de la Planicie-Selva, lo cual resultaría una falsedad, pues en ningún momento, hasta ahora, ha sido posible observar la presencia de soldados, marinos, policías, agentes migratorios o personal de la Secretaría de Salud estatal, que se supone detectarán posibles casos de migrantes enfermos de Coronavirus, tampoco se les ha visto cumpliendo la encomienda.

Nula vigilancia en los distintos puntos de paso de indocumentados desde territorio de la selva del Petén al mexicano-chiapaneco, a bordo de lanchas rápidas que atraviesan el caudaloso río Usumacinta que divide a los dos países, donde solamente faltan las marimbas y pancartas de bienvenida, en la soledad de los lugares controlados por las pequeñas comunidades mayoritariamente habitadas por guatemaltecos.

Ahí mandan los “zapatistas” declararía el sábado en Tapachula, Francisco Garduño, el comisionado del Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación al mando de la exministra de la Corte, Olga Sánchez Cordero, quien comentaría en corto a una periodista que la instrucción superior es no generar conflictos con las etnias fanatizadas aún por el otrora llamado “subcomandante Marcos”.

Presencia que no se ve de los militares en la forma

masiva en que se manejó mediáticamente su desplazamiento como parte del “blindaje urgente” implementado por el Gobierno de la República, para cumplirle al Presidente de los Estados Unidos Joe Biden, en un compromiso en el que participa el mandatario de Guatemala Alejandro Giammattei Falla,

Acuerdo que constituye una situación inédita y radical por parte de sus vecinos al sur de los ríos Bravo y Suchiate, y que en territorio guatemalteco  adquiere niveles extremos, al decretar este lunes 29 de marzo el gobernante de la tierra del quetzal, el “Estado de Prevención”, que autoriza el uso de la fuerza en su frontera con Honduras, para evitar el ingreso de más avalanchas humanas provenientes de la vecina nación caribeña.

Movilización desde San Pedro Sula, en la que los organizadores programan enviar por delante a menores de edad, como parte de una estrategia en la que se aprovechan los días de la Semana Santa, enarbolando una nueva bandera sustentada en la idea de que “Jesucristo fue un migrante”, exigiendo respeto al marco jurídico internacional, que establece el derecho a migrar en todo el mundo.

Comienzo desde temprana hora del primer día de la orden Presidencial, de operativos conjuntos de contingentes armados del Ejército, la Policía Nacional y Migración, que aplicarán en los departamentos de Izabal, Zacapa, Chiquimula, El Progreso (este) y Petén (norte), todos colindantes con la frontera hondureña, con la consigna de no permitir el paso de extranjeros indocumentados por su territorio.

En contraste, lo registrado en Mazapa de Madero, demuestra cómo en determinado momento, los soldados mexicanos deben actuar para salvaguardar su seguridad y vidas. Antes de la medianoche del mismo lunes 29, fueron liberados 9 militares y al filo de las tres de la madrugada los restantes seis, las 17 armas de cargo y los tres vehículos de transporte.

Buen momento para que de una vez por todas, ante la masiva invasión de guatemaltecos en las comunidades fronterizas chiapanecas-mexicanas, se inicie una investigación a fondo, para no seguir poniendo en riesgo la seguridad nacional y la humillación a la institución armada.

Premio Nacional de Periodismo 1983 y 2013. Club de Periodistas de México.

Premio al Mérito Periodístico 2015 y 2017 del Senado de la República y Comunicadores por la Unidad A.C.