Por Abel Miranda Ayala

Chilpancingo, Guerrero. Febrero 24-2023.-Miembros de la asociación civil “Ciudadanos Uniformados” se manifestaron afuera de la Fiscalía General del Estado en solidaridad con un grupo de trabajadores que han sido despedidos como parte del proceso de militarización que sufre esta institución.

El apoyo directo fue para el agente del Ministerio Público, Juan Rubí Altamirano, quien fue notificado el pasado lunes de su separación del cargo, y al que le adjudicaron que hay procesos administrativos y averiguaciones previas en su contra, sin embargo, el despedido indicó que no se le dio derecho de audiencia, ni posibilidad de defenderse ante el despido, por lo que es una situación de violación a sus derechos laborales.

Reconoció que los procesos administrativos existen porque se ha desempeñado como agente del ministerio público, cargo en el que todo el tiempo se trata con dos partes y una de ellas termina inconforme, ésta tiene el derecho de acudir ante las instancias que considere pertinentes para presentar querellas por lo que considere un agravio y hasta el momento de todas los señalamientos ha salido bien librado.

Estableció que su separación del cargo tiene un origen claro y es el intento de desmovilizar a los trabajadores e impedirles que luchen por sus derechos, porque él se ha venido desempeñando como dirigente de la asociación de ministerios públicos y desde esa trinchera ha peleado para que los trabajadores tengan salarios dignos y condiciones de trabajo adecuadas.

Estableció que su última lucha ha sido por garantizar el pago del bono de riesgo que la fiscal general del estado, Sandra luz Valdovinos, pretende eliminar para los ministerios públicos, por eso su despido no tiene un argumento sólido, es una acción arbitraria de parte de la titular que se ha caracterizado por este tipo de acciones.

Resaltaron que en este momento son más de 100 trabajadores los que han sido despedidos de manera arbitraria, muchos de ellos aceptaron liquidaciones y otros mantienen procesos legales ante tribunales laborales, donde seguramente les otorgarán la razón y tendrán que ser reinstalados en sus puestos.
Lamentablemente, dijo el afectado, la fiscal ha señalado que viene a ser una limpia y que no le importa cuál sea la situación jurídica, porque si quieren pelear, pueden hacerlo, y finalmente cuando los casos se resuelvan, a ella no le tocará ser quien pague las indemnizaciones.

Los despedidos y los miembros de la organización que manifestó respaldo y solidaridad, se instalaron afuera de las instalaciones de la Fiscalía, colgaron lonas en las que se exponen sus demandas y anunciaron que estarán en Guerrero respaldando a todos los trabajadores que sean víctimas de abusos, mismos que se están cometiendo en estos procesos de militarización, que no se están haciendo solo en Guerrero, sino en toda la República Mexicana y en corporaciones federales como lo fue la Policía Federal y la Guardia Nacional, entre otras.