Por Martín Martínez Olvera/ CEPROVYSA.COM

Chilpancingo, Guerrero., Enero 21-2024.-Ocho, de 16 militares detenidos al ser señalados dentro del caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en septiembre de 2014, recibieron la revocación de la prisión preventiva.
La liberación de los 8 elementos del Ejército Mexicano fue ordenada por la Juez Segunda de Distrito en Procesos Penales Federales, con sede en Toluca, Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo.
El beneficio de esta acción fue para Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunas, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lazos y Juan Sotelo Díaz, a quienes les fueron aceptados los amparos que promovieron y se les dictaminó el fallo de libertad inmediata.

A los militares se les impusieron nuevas medidas cautelares como la presentación dos veces al mes ante la Unidad de Medidas Cautelares, la prohibición de salir del país, por lo que entregaron sus pasaportes, además del pago de una garantía para poder abandonar Campo Militar donde se encontraban recluidos.

Los procesados son parte de la lista de 16 militares contra los que el pasado 13 de junio se ordenó la aprehensión por el delito de desaparición forzada. Los ocho se entregaron voluntariamente ante la FGR, una semana después de que se ordenaran sus capturas.

La juez segundo de Distrito en Procesos Penales Federales con sede en Toluca, Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo, ordenó la liberación de ocho militares acusados de estar vinculados a la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, a quienes se les revocó la prisión preventiva oficiosa que se había impuesto en su contra.

Las defensas de los integrantes de la Sedena interpusieron diversos amparos, que fueron aceptados por lo que el fallo de libertad inmediata es para Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunas, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lazos y Juan Sotelo Díaz.

Además de que impuso nuevas medidas cautelares a los efectivos castrenses para que lleven en libertad su proceso por el delito de desaparición forzada.

Dentro de las medidas impuestas están la presentación ante la Unidad de Medidas Cautelares los días 1 y 16 de cada mes, así como la entrega del pasaporte y la prohibición de salir del país y el pago de una garantía para que puedan abandonar Campo Militar.

Entre los argumentos que señala la Juez se encuentran la falta de pruebas por parte de la Fiscalía General de la República, así como el cambio de condiciones por las que se les había dictado prisión preventiva oficiosa, por el riesgo de que pudieran fugarse del país.

Los ocho militares estaban adscritos al 27 Batallón de Infantería de Iguala. Su detención, de acuerdo a lo señalado en junio de 2023 por el entonces Subsecretario de Derechos Humanos y Migración, así como Presidente de la Comisión para la Verdad y acceso a la Justicia, Alejandro Encinas, era por su probable implicación en la desaparición forzada, contra los 43 normalistas de Ayotzinapa, y delincuencia organizada.
El caso, al que se había comprometido en su campaña político electoral, Andrés Manuel López Obrador, ha dejado inconformes a las Madres y Padres de los Normalistas desaparecidos, ante la negativa del gobierno federal de hacerles entrega de al menos 800 folios militares del Centro Regional de Fusión de Inteligencia, CRFI, así como la transcripción de llamadas relacionadas con estos hechos, lo que les condujo a abandonar la mesa de diálogo con autoridades federales, incluso la salida del caso de Alejandro Encinas.
La noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014, en la ciudad de Iguala, desaparecieron 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”. Ese hecho condujo a la licencia del entonces Gobernador Ángel Aguirre Rivero, que asumiera el mando del Poder Ejecutivo Rogelio Ortega Martínez, la separación del cargo de autoridades estatales, señalamientos contra el Poder Judicial del Estado por la desaparición de grabaciones de las cámaras de seguridad en Iguala, la solicitud de licencia del entonces Alcalde José Luis Abarca, así como su detención y la de su esposa, Ma. de los Ángeles Pineda, el encarcelamiento de 16 elementos del Ejército Mexicano, y un sinnúmero de señalamientos de omisiones formuladas por las Madres y Padres de los 43 estudiantes desaparecidos.