• Solamente 12 por ciento de la devastación contaba con seguros
• Programas de ayuda económica del gobierno desincentivaron el empleo
• Reconstruir no solo edificaciones sino tejido social, siguiente reto
• Acapulco no tenía buenas cifras antes de Otis, revelan estadísticas

Carlos Ortiz Moreno / Expresiones Guerrero

Aunque ninguna autoridad ha realizado una evaluación final de daños, empresas privadas han calculado que la devastación causada por el huracán Otis en Acapulco sería de 15 mil millones de dólares, de los que solamente 12 por ciento de la superficie devastada está asegurada, revela un informe de Integralia.

De acuerdo con datos de la consultora, la respuesta del gobierno presentó áreas críticas que requieren mejoras y sostiene que la implementación de programas de asistencia ha tenido efectos mixtos al beneficiar la economía poblacional, pero desincentivó la búsqueda de empleo.

El reporte La huella de Otis en Acapulco afirma que entre esas mejoras gubernamentales se encuentra la efectividad de la asignación de los apoyos y reconoce que, pese a los desafíos, hubo avances significativos en la restauración de servicios básicos y la reactivación económica, aunque estos esfuerzos aún deben expandirse para alcanzar una recuperación completa y equitativa.

“Acapulco se enfrenta ahora el reto de reconstruir no solo sus edificaciones, sino de recuperar el tejido social, revitalizar la economía y restablecer la vida cotidiana de una población que aún trata de lidiar con los impactos del huracán. A pesar del aumento en la ayuda y la presencia de la seguridad, persisten problemas en la reconstrucción y la prestación de servicios”.

Estimaciones de Citibanamex señalan que la contribución económica de la región costera de Guerrero es del 40 por ciento del total estatal. Chuck Watson, modelador de desastres de Enki Research, evaluó el impacto económico del paso del huracán Otis por Acapulco entre 10 mil y 15 mil millones de dólares. BBVA estimó una caída de la actividad económica en Guerrero de -11.71% durante el cuarto trimestre de 2023.

Antes de Otis, Guerrero representaba 2.1 por ciento de todo el turismo a nivel nacional. Durante 2022, Acapulco tuvo una ocupación hotelera promedio del 47.4 por ciento, mientras que, hasta octubre del 2023, los datos de ocupación eran del 46.6 por ciento, según cifras oficiales de la Secretaría de Turismo.

En el mes de enero de 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador y autoridades federales y estatales de turismo informaron que en Acapulco se encontraban disponibles tan solo el 45 por ciento de las instalaciones de hospedaje disponibles antes del paso de Otis.

Posteriormente la gobernadora Evelyn Salgado Pineda informó que, hasta la segunda quincena de marzo, se había reestablecido 68 por ciento de la oferta hotelera, con miras a la reactivar la economía del puerto de cara a la temporada vacacional de Semana Santa.

La interrupción de las cadenas de suministro ha constituido uno de los impactos más significativos del paso de Otis. Sectores como los materiales de construcción y la banca electrónica fueron los más afectados de manera inmediata. Este desafío no solo tuvo impacto sobre la disponibilidad inmediata de bienes y servicios esenciales, sino que también ha complicado, aún, los esfuerzos de reconstrucción y la recuperación económica a largo plazo.

La tragedia no solo dañó infraestructura y economía, sino que también profundizó las brechas sociales existentes, impactando negativamente en los indicadores de rezago social, agudizando la inequidad entre los pobladores de Acapulco.

Después del paso del huracán, la educación se vio afectada con un aumento de niños que no asisten a la escuela; la cobertura de salud disminuyó drásticamente, reflejando deficiencias en la entrega de servicios médicos. Al mismo tiempo, el estado de las viviendas empeoró notablemente, con un incremento en el número de aquellas que cuentan con piso de tierra. Los servicios básicos también retrocedieron, con más hogares sin acceso a servicios esenciales.

A seis meses, tres instituciones importantes —de educación privada— han anunciado su cierre por la incosteabilidad del daño causado y por la baja sensible de la matrícula escolar. Los colegios La Paz, Instituto Leopoldo L. Guajardo y la Universidad Americana de Acapulco anunciaron su cierre definitivo.

Estos cambios subrayan los retos para la recuperación y el potencial de la reconstrucción para mejorar la equidad y resiliencia en la comunidad. La seguridad pública se ha convertido en un tema central, evidenciando la necesidad de fortalecer las estrategias contra la violencia y el crimen organizado.

Aunque el huracán Otis alteró la dinámica criminal en Guerrero, reduciendo significativamente delitos de alto impacto como extorsiones y homicidios, generó un ambiente propicio para un marcado incremento en los robos. La mejor prueba fue la semana de saqueos a cualquier tipo de negociaciones —de todos los tamaños— que se registró a lo largo y ancho de Acapulco.

El análisis de Integralia resalta la necesidad de una mejor planificación y respuesta ante el desastre. Las medidas emprendidas no han sido las suficientes para reactivar una ciudad turística, donde las brechas de desigualdad social se han ampliado y solo entre 10 por ciento y 15 por ciento de los negocios lograron abrir a principios de 2024, mientras otros cerrarán definitivamente por falta de apoyos para su recuperación.

Entre las propuestas se destaca la implementación de estrategias de seguridad ciudadana con una visión a largo plazo, que puedan sostenerse más allá de la presencia de la Guardia Nacional. El Estado mexicano debe asumir la responsabilidad de combatir al crimen organizado, no solo a través de la fuerza militar sino también de manera estratégica; desmantelando sus bases sociales, sistemas de inteligencia y fuentes de financiamiento.

A largo plazo, la paz social vendrá del fortalecimiento de las instituciones y la ampliación de oportunidades para el desarrollo del puerto, más allá de la zona turística. La participación ciudadana en la prevención del delito podría potenciarse para lograr una seguridad sostenible.

La segunda propuesta es enfatizar la creación permanente de habilidades prácticas que respondan a las necesidades del mercado laboral local. Si bien es cierto que los programas sociales activados en Acapulco han mitigado parcialmente el impacto de Otis, el fin de esta ayuda extraordinaria podría dejar a muchas personas vulnerables, exacerbando las desigualdades sociales y económicas.

En este sentido, el fortalecimiento de la educación y la capacitación para el trabajo se presenta como un eje crucial para asegurar el futuro de Acapulco.

El tercer punto es que se tiene que desarrollar un Plan amplio de reconstrucción, que trascienda los límites temporales de la actual administración. En el marco del año electoral 2024, el estado de Guerrero renovará 142 cargos de elección popular. El cambio de gobierno podría significar un cambio en las prioridades de reconstrucción y apoyo a las zonas afectadas.

Este plan deberá contemplar acciones específicas para mitigar y reducir el riesgo de desastres futuros, integrando soluciones basadas en la naturaleza y tecnologías sostenibles.

En el cuarto lugar, se propone construir nuevas infraestructuras con estándares de resiliencia ante desastres naturales para minimizar el impacto de futuros eventos adversos. Esto incluye no solo la infraestructura física de los negocios, sino también la infraestructura crítica que los soporta, como redes eléctricas, sistemas de agua y saneamiento, y vías de acceso.

La construcción de nuevas infraestructuras con estándares de resiliencia ante desastres naturales es esencial para minimizar el impacto de futuros eventos adversos.

Como quinto punto, se indica que existen negocios en Acapulco para los cuales la recuperación podría ser particularmente difícil. Sin el respaldo financiero de algún seguro u otro instrumento, podrían enfrentarse a desafíos significativos para reparar o reconstruir sus establecimientos.

Esto podría resultar en una recuperación más lenta y podría tener un impacto en el empleo y la economía local si las empresas no pueden volver a operar rápidamente.

Integralia es una consultora especializada en asuntos públicos que combina análisis en temas de riesgo político, económico, regulatorios y sociales.