Jun/16/2024.

BAJO FUEGO

Coyuca

José Antonio Rivera Rosales
La semana pasada apareció muerto en prisión el hombre detenido por su presunta
implicación en el homicidio de José Alfredo Cabrera Barrientos, candidato a la alcaldía de
Coyuca de Benítez por la alianza PRI-PAN-PRD.
El crimen del candidato, que causó una conmoción nacional, ocurrió el pasado 29 de
mayo en su comunidad natal, Las Lomas, cuando se aprestaba a dirigir ante la
concurrencia su discurso de cierre de campaña. En ese momento, un hombre que fingía
estar en silla de ruedas súbitamente se levantó y disparó dos veces a la nuca del aspirante.
De inmediato el tirador fue abatido por los escoltas del candidato caído, en tanto la
Guardia Nacional procedía a detener a otro de los cómplces del asesinato, conocido como
La Rubia. Este hombre, que fue recluido de inmediato en el Cereso de Acapulco, amaneció
muerto el pasado miércoles 12 en las celdas de la prisión preventiva, según informó la
Secretaría de Seguridad Púbica (SSP).
Evidentemente lo asesinaron para cortar la línea de investigación que permitiría saber a
ciencia cierta quién o quiénes ordenaron el homicidio que, al quedar videograbado, causó
conmoción en todo el país. De hecho, esa brevísima filmación quedó como una suerte de
marca registrada característica del proceso electoral del pasado 2 de junio.
Pero el caso del candidato asesinado no es el único que ha sacudido a este importante
municipio habitado por más de 73 mil habitantes, puerta de entrada a la Costa Grande de
Guerrero. Otros incidentes de violencia extrema han conmocionado a la población
coyuquense en diversas fechas.
El pasado jueves 16 de mayo, como un precedente siniestro, los cuerpos desmembrados
de Anibal Zúiga Cortés y de su esposa Rubí Bravo Solís fueron encontrados sobre la
avenida Ruiz Cortínes de Acapulco. Zúñiga Cortés formaba parte como candidato a regidor
de la planilla del Cabrera Barrientos, el candidato ultimado días después.
Pero éstos no son los únicos hechos de violencia extrema en Coyuca: el pasado 3 de
octubre, mediante una falsa llamada de auxilio, un grupo armado emboscó a 13 efectivos
de la Policía Municipal de ese municipio.
El saldo fue de 13 uniformados acribillados, entre ellos el secretario de Seguridad Pública
Municipal, Alfredo Alonso López, y el director de la Policía Preventiva, Honorio Salinas
Garay.
Según la narrativa que se conoció entonces, los uniformados se desplazaron a la
carretera ante el supuesto aviso de un secuestro, pero a la altura del poblado El Papayo
fueron emboscados con fuego de fusiles que les causaron bajas de inmediato.

Aunque algunos policías repelieron la agresión, los disparos fueron tan nutridos que
finalmente cayeron de la camioneta. Más adelante, al interior del poblado, fueron
encontrados varios uniformados tirados sobre un banco de arena, donde recibieron
ráfagas de armas automáticas. La forma en que fueron sacrificados esos jóvenes policías
induce a pensar que fueron sometidos con vida y rematados al interior de esa comunidad.
Como quiera que haya sido, se trató de una masacre. Para haber atacado y sometido a
un grupo tan numeroso de uniformados, los atacantes -desconocidos hasta ahora-
debieron ser al menos el doble de individuos. Según los reportes de testigos, los agresores
enfilaron hacia la sierra.
Esa zona, en la ruta desde el poblado de Aguas Blancas hasta Tepetixtla, se ha
caracterizado como refugio de grupos guerrilleros que, al contacto con la delincuencia
organizada, han sufrido una metamorfosis perturbadora.
El día primero de junio, después del asesinato del candidato Cabrera Barrientos, fuerzas
de seguridad -integradas por personal del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Policía del
Estado y Policía Ministerial- en la comunidad de Pueblo Viejo localizaron un campamento
donde encontraron 51 artefactos explosivos.
Ni el gobierno de la República ni el gobierno del estado han informado hasta ahora qué
tipo de artefactos son los encontrados, ni qué tipo de campamento, pero sin duda existe
una relación orgánica entre lo encontrado y los hechos de violencia que han sacudido a
Coyuca de Benítez, así como a Acapulco.
El asesinato en prisión del implicado en ese crimen político es sin duda una muestra
inequívoca de acciones concertadas para evitar que se descubra lo que hay detrás.
Reportes de inteligencia apuntan a que La Familia es la organización criminal que tiene
presencia en Coyuca de Benítez. Aunque han surgido reportes de prensa que hablan
también del Cartel Jalisco Nueva Generacion (CJNG), lo cierto es que no se han
encontrado indicios claros de las operaciones de esa otra estructura criminal.
La muerte tanto de Cabrera como de Zuñiga parece ser una operación del crimen
organizado en colusión con un interés político. Serían los mismos intereses que enviaron
un mensaje mortal en octubre pasado por vía de la ejecución de los 13 miunicipales
masacrados.
Pero es aquí donde llama la atención el silencio del alcalde Ossiel Pacheco Salas.
Casualmente desde que esta persona accedió al poder municipal es cuando se
manifestaron diversos hechos que perfilaban un proceso de descomposición social,
manifestado a través de secuestros y extorsiones.
Sería procedente que la Fiscalía General de la República (FGR) proceda a investigar los
posibles nexos de Pacheco con el crimen organizado, lo que podría abrir un espacio a la
verdad que subyace bajo las apariencias.
El gobierno de la República tanto como la Fiscalía General del Estado (FGR) están
obligados a informar a la ciudadanía qué se hace para aclarar tantos homicidios que
mantienen en el temor y la incertidumbre tanto a la ciudadanía de Coyuca como de
Acapulco.

Hasta ahora sólo hemos conocido una inanición informativa que de ningun modo ayuda
a entender las cosas. La tranquilidad de la población coyuquense, al igual que la
comunidad guerrerense en lo general, debiera ser la prioridad de los mandos de seguridad
federales y estatales.