- Ayotzinapa, y la promesa incumplida…
EN EL OCASO DE SU GOBIERNO, es decir, a dos meses de que concluya, el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene pendiente el principal compromiso que hizo con el país: resolver el Caso Ayotzinapa, o lo que es lo mismo, encontrar a los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, aquella noche del 26 y 27 de septiembre, y castigar a los responsables de los hechos, así como de la muerte de seis personas, algunas de ellas, también estudiantes.
Sí. Ése fue el compromiso que como candidato y como presidente de la República hizo, no sólo con los padres y otros familiares de los estudiantes, sino con el país entero, con los mexicanos, cansados de la corrupción y de la impunidad de los gobiernos anteriores.
Voy a cumplir, dijo una y otra vez, y los padres y demás familiares de los desaparecidos y asesinados, le creyeron. Fue el Estado; no vamos a proteger a nadie, y de nueva cuenta le creyeron, desacreditando la investigación realizada por el gobierno de Enrique Peña Nieto que concluyó que los normalistas, atacados aquella noche en Iguala, habían sido ejecutados e incinerados por un grupo delincuencial, apoyados por policías municipales.
El resto, es historia. A dos meses de concluir su gobierno, el caso de los hechos de Iguala no sólo no está resuelto, sino que además está enredado, sin avances en la investigación, y lo que es peor, se ha convertido en un enfrentamiento entre padres de familia y el propio presidente López Obrador, que a pesar de empeñar su palabra para que se investigara al Ejército como corresponsable de los hechos, se ha negado sistemáticamente a hacerlo.
Hay que decirlo. A casi seis años del gobierno que llegó al poder con la promesa del cambio, de procurar justicia a las víctimas y de acabar con la corrupción en el gobierno, López Obrador no ha cumplido su palabra, pues los desaparecidos y asesinados, al igual que sus familiares, continúan esperando justicia.
Y es que, en vez de investigar y resolver el caso, encontrando a los desaparecidos y llevar a la cárcel a los responsables de aquel 26 y 27 de septiembre del 2014, el presidente y su gobierno se dedicó a perseguir a quienes, en el gobierno anterior, llevaron el caso, a los funcionarios que determinaron que el ataque a los normalistas de aquella noche y la posterior desaparición de 43 de ellos, había ocurrido en una acción concertada entre un grupo delincuencial denominado Guerreros Unidos, y elementos de la policía de Iguala.
Así las cosas, a seis años del actual gobierno, y a casi 10 de que ocurrieron los hechos, nada ha cambiado oficialmente, pues de una u otra forma López Obrador ha avalado la “verdad histórica” a la que llegó el entonces procurador Jesús Murillo Karam, preso por presuntos actos de tortura contra los homicidas confesos, mientras que por la participación de militares en lo ocurrido, están en proceso judicial algunos efectivos, en tanto los familiares demandan que se investigue por completo al Ejército.
En fin que el principal compromiso que como candidato a la presidencia, y ya como presidente de la República hizo Andrés Manuel López Obrador, no se ha cumplido, y por consiguiente su palabra, de que él sí iba a hacerle justicia a los muertos de aquella noche y a los 43 desaparecidos, ha quedado en entredicho, de tal forma que lo que antes era confianza de los familiares hacia el gobierno, hoy no son más que críticas, acusaciones y reproches contra quien lucró con ellos y se aprovechó del dolor, de su esperanza de justicia, e incluso, de su ignorancia.
Sí. A escasos dos meses de que López Obrador termine su gobierno, es difícil que el presidente cumpla su palabra, la misma que empeñó para que miles, millones de mexicanos votaran por él en el 2018.
El resto de compromisos, no era más que estampar su firma, o entregar dinero, y nada más…
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