Desde hace más de 30 años hemos documentado y denunciado la impunidad en los delitos y graves violaciones a derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas, la autonomía relativa de la que ha gozado el sector castrense, la complacencia estatal con su renuencia a rendir cuentas, la permanencia de la lógica contrainsurgente, los pasos hacia la militarización de la seguridad pública y la erosión de la subordinación castrense a las instancias civiles.

Este informe pretende contribuir a la discusión de esta realidad apremiante y a recordar, como lo hemos hecho, que en México urge un proceso de gradual desmilitarización de la vida pública para tornar más eficientes las políticas de seguridad, para reducir las violaciones a derechos humanos y para reconducir la relación cívico-militar en la lógica propia de una democracia que apuesta por la vía civil.