• La propuesta de presupuesto vulneraría las garantías contenidas en la Ley General de Víctimas y la resolución de la SCJN, sobre que debe destinarse al menos el 0.014% del presupuesto para atención victimal, lo que debería ascender a 909 millones de pesos.
• La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados debe realizar las modificaciones necesarias y garantizar el presupuesto 2025 para víctimas.

Ciudad de México, 4 de diciembre 2024.- Luego de un minucioso análisis al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al Ejercicio Fiscal 2025, desde el Centro Prodh y Fundar observamos con preocupación que la asignación de recursos para la atención de víctimas presenta una disminución considerable, en contraste con la tendencia de aumento gradual a dichos recursos que se mantenía desde 2022. La partida Ayudas Sociales a Personas para 2025, tendrá un presupuesto de 658 millones de pesos que deberían ascender a 909 millones de pesos.
Además, el presupuesto total asignado para 2025 a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) será disminuído en un 3.6% en términos reales, el de Ayudas Sociales a Personas –donde se encuentran las medidas de ayuda, asistencia, atención y reparación a víctimas– tendrán una disminución del 0.4%.
Estas reducciones están previstas pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió, el pasado 21 de agosto, que debía destinarse al menos el 0.014% del presupuesto para apoyo y reparación del daño de víctimas (gasto programable), sin que pudiera reducirse o destinarse para otros fines distintos.
La resolución derivó del juicio de amparo 675/2022 promovido por el Centro Prodh contra la reforma a la la Ley General de Víctimas que eliminaba la fracción I del artículo 132, el cual establecía un mínimo presupuestal irreductible destinado a la atención de medidas de ayuda, asistencia y reparación integral para víctimas.

“que los recursos económicos que se destinen para la garantía financiera de las medidas de apoyo y de reparación integral del daño, con fundamento en la Ley General de Víctimas, bajo ningún supuesto, sean inferiores a la cantidad que corresponda al 0.014% del gasto programable en el Presupuesto de Egresos de la Federación del año inmediato anterior.”
La Primera Sala de la SCJN consideró que dicha modificación a la Ley General de Víctimas, contradecía el principio de progresividad en materia de derechos humanos; esto implica que los derechos conquistados por las víctimas no pueden dar marcha atrás. Con la decisión se corría el riesgo de que, frente a cambios en las prioridades presupuestarias, se disminuyera o recortaran los recursos para el pago de medidas de ayuda, asistencia y reparación integral de víctimas, las cuales sirven para pagar gastos funerarios de personas privadas de la vida arbitrariamente, traslados y hospedajes de familiares de personas desaparecidas cuando estas realizan búsquedas o diligencias en sus investigaciones; lo cual ocurrirá si se aprueba en sus términos el Paquete Económico.

Por lo anterior, exhortamos a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, así como a las y los Diputados que conforman la LXVI Legislatura, a realizar las modificaciones necesarias para cumplir con el mínimo presupuestal antes señalado, lo cual enviaría un mensaje positivo y contundente del compromiso con las víctimas de este país.