• “La lucha armada subversiva se militarizó y se alejó del pueblo”
• Todos decidieron la opción democrática para participar en Guerrero
• Entre los amnistiados estaba “Pepe”, un ideólogo del Partido de los Pobres
• Entre los excombatientes, “Pepe” fue considerado un traidor y delator

Carlos Ortiz Moreno / Expresiones Guerrero

En las postrimerías de los setenta, trece jóvenes de Guerrero y Morelos que participaron en diversos grupos subversivos afines a la lucha armada que encabezaron Lucio Cabañas Barrientos y Genaro Vázquez Rojas fueron presentados a la prensa nacional como futuros militantes del otrora Partido Socialista de los Trabajadores (PST).

Sara Lovera, entonces reportera del periódico El Día, narró en una nota publicada el 2 de agosto de 1978 que los trece jóvenes habían formado parte de grupos como el Partido de los Pobres (PDLP), Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), Fuerzas Armadas de Liberación (FAL), Vanguardia Armada Revolucionaria (VAR) y Comando Armado Revolucionario de Morelos (CARM).

Lovera cronicó:

“Nunca antes se había visto. Cámara y micrófonos. Toda la prensa nacional reunida en las oficinas del Partido Socialista de los Trabajadores asistió ayer a la presentación pública de trece exguerrilleros de Guerrero y Morales que han tomado la decisión de incorporarse a la vida legal”.

“Jóvenes todos ellos, dispuestos a no claudicar, como dijeron, con una conciencia revolucionaria convencida de que la lucha armada en México sufre de serias desviaciones tácticas e ideológicas. Confirman que la cerrazón de regímenes pasados —más de seis años estuvieron en la clandestinidad— los obligó, por sus convicciones, a optar por lo que consideraron la única alternativa consecuente y honesta para luchar por un camino hacia el socialismo”.

“Y deciden, según el texto leído en la conferencia de prensa, por uno de esos trece jóvenes, incorporarse al PST porque coinciden en la necesidad de un partido como instrumento de lucha de los trabajadores de masa, abierto a las distintas tendencias democráticas de oposición”.

“Coinciden además en que debe ser la teoría marxista leninista la que orienta y guíe la acción de este partido, apegada a las condiciones de nuestro país con miras a la transformación revolucionaria de nuestra sociedad”.

“Consideran que su acción, dentro del PST, permitirá elevar el nivel político y organizativo de las masas en la lucha por sus reivindicaciones”.

“Los trece amnistiados por el gobierno federal formaron parte de cinco organizaciones armadas; operaban fundamentalmente en la guerrilla urbana y tras un largo análisis optaron por participar dentro de la legalidad ya que, dijeron, el movimiento revolucionario, su organización y táctica a seguir, estará sujeta a las condiciones previas del grado de desarrollo del movimiento revolucionario que hoy encuentra expresión en la reforma política, la que es una conquista de las organizaciones democráticas con el respaldo de las masas trabajadoras”

La nota continúa:

“Durante la sesión de preguntas y respuestas, donde los nuevos militantes del PST afirmaron que la desviación política de los grupos armados llevados a posiciones militaristas y a aislarse de las masas que esperan de alternativas reales para avanzar en la consolidación de su política y organización de clase, los llevó a relegar otras formas de participación”.

“Hoy, se consideran como parte de una generación que vivió matanzas de campesinos y graves represiones como las del 2 de octubre y el 10 de junio, la vanguardia revolucionaria obligada a politizar estas masas”.

“Interrogado por los reporteros, Aguilar Talamantes explicó por qué en México la vía armada, en estos momentos, es inadecuada como táctica de lucha”.

“La Reforma Política es una vía, señaló, pero no solo es producto de una decisión gubernamental. Lo de hoy es producto de una lucha que no fue inútil, una lucha reciente, la de Genaro Vázquez Roja y la de Lucio Cabañas Barrientos”.

Años atrás de todo lo narrado en El Día, “Pepe” se había integrado un grupo denominado “Ricardo Flores Magón” con el fin de politizar algunas acciones culturales. Junto a otros jóvenes universitarios se reunieron para tomar la decisión de unirse al grupo de Lucio Cabañas Barrientos e irse a la Sierra de Atoyac para preparar diversos ataques, asaltos bancarios y secuestros de empresarios.

Aunque congeniaba con varios ideales de lucha, no consideró jamás que la lucha armada era el camino adecuado, pero siguió con su solidaridad. Junto a Obdulio Ceballos Suárez, alias “Yuyo”, quien fue asesinado frente a la escuela preparatoria número 7 en Acapulco el 17 de abril de 1978, hicieron un grupo dedicado a ideologizar la lucha guerrillera en las aulas de las escuelas.

“Pepe” luchó internamente porque la Universidad Autónoma de Guerrero se convirtiera en una escuela para todos y no para unos cuantos. Incluso llegó a ser detenido en Iguala donde dirigía la Escuela Superior de Agricultura. Su estilo de evadir, aparentemente, la confrontación lo hizo ver con malos ojos a los recién convertidos en guerrilleros y considerado como un agitador por el gobierno.

En diciembre de 1976 fue detenido por la extinta Policía Judicial del Estado, cuyos agentes le inventaron una serie de delitos no cometidos. Junto a él también fue detenido, en Ometepec, Eloy Cisneros Guillén, bajo diversos delitos inventados que hicieron que la Universidad se movilizara y los defendiera el abogado Norberto Flores Baños, titular del departamento jurídico de la llamada Máxima Casa de Estudios de Guerrero.

Diversos datos, circunstancias y fichas informativas se encuentran incorporados a los llamados Archivos de la Represión un proyecto de investigación histórica y periodística.

A partir del 2014, la disputa pública por los archivos de la represión y por el derecho a saber, involucró a grupos de historiadores y organizaciones civiles que hicieron evidente el control autoritario que aún existe sobre la información histórica. Producto de esa disputa, surge el proyecto de Archivos de la Represión que aquí se presenta.

Los documentos que componen este proyecto fueron obtenidos por historiadores y por comisiones estatales de la verdad que, a través de solicitudes de información, amparos o por medio de sus atribuciones y mandatos, lograron obtener información sobre el actuar de dependencias y agentes de las secretarías de Gobernación y de la Defensa Nacional en el periodo que va de 1950 a 1980, que enmarca las actividades de contrainsurgencia del Estado contra distintos grupos de la disidencia política, guerrillas o movimientos populares.

Los archivos de la represión sirvieron de soporte documental para posibilitar los procedimientos cotidianos de la dependencia a la que pertenecieron. En el caso del archivo de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), perteneciente a la Secretaría de Gobernación, permitió contar con la información suficiente y en tiempo sobre los “enemigos” en turno, información que posibilitara documentar su culpabilidad, permitir su captura y ejecutar la condena.

El archivo de la DFS era consultado cotidianamente. Incluso de manera inmediata a la detención de una persona o grupos de personas, pues esto permitió verificar o cruzar datos contenidos en el archivo con la información que era extraída en la tortura.

Quien se acerque a estos documentos no debe de perder de vista los objetivos centrales para los que fueron elaborados. Pues, pese a que al momento de ser consultados se encuentran fuera de su marco histórico-institucional, en ellos siguen operado las lógicas de poder que los constituyeron.

Los documentos que se ponen aquí a disposición pública no contienen toda la verdad histórica, pero forman parte importante de ella. No toda la información que estos documentos contienen narra verídicamente hechos, tomando en cuenta que hay información arrancada por tortura, o elaborada para distorsionar hechos.

Sin embargo, son una ventana indispensable para conocer la forma en que el Estado mexicano conceptualizó a la disidencia política, las formas en que la combatió, y la lógica de violencia que impuso y que configuró prácticas violatorias de derechos humanos, incluso crímenes de Estado.

Los documentos de este acervo forman parte de los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Dirección Federal de Seguridad y de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, ambas dependencias de la Secretaría de Gobernación, activas entre 1947 y 1985.

Los archivos de estas dependencias se encuentran en el Archivo General de la Nación. Siendo documentos históricos se ha negado su publicidad, impidiendo el acceso efectivo al derecho a la verdad y contribuyendo a la impunidad que continúa desangrado a nuestro país.

En la nota de la entonces reportera de El Día, Sara Lovera, se narra que los trece jóvenes indultados por el gobierno de José López Portillo fueron Francisco Jorge Perea Ciriano, Germán Guzmán Herrera, Rafael Rosas Maravilla, Miguel López Sotelo, Patricio Abarca Martínez, Manuel Abelardo Riversa Domínguez, Ventura Reyes Urióstegui, Guillermo Bello López, Ceferino Castillo Arrazola, Rafael Flores Leonardo, Miguel Flores Leonardo, Jesús Herrera Vélez (quien leyó el posicionamiento de los amnistiados) y Jesús Heriberto Noriega Cantú, alias “Pepe”.

La Ley de Amnistía de 1978 en México fue una ley que extinguió las acciones penales y sanciones de ciertos delitos, con el objetivo de reintegrar a la vida social a los grupos de disidentes de la época.

Se aplicó a los acusados de sedición, conspiración, o quienes incitaron a la rebelión. No se aplicó a los delitos contra la vida, la integridad corporal, el terrorismo, o el secuestro. Se exceptuó a quienes fueran considerados de alta peligrosidad.

Las autoridades judiciales y administrativas competentes cancelaron las órdenes de aprehensión y pusieron en libertad a los procesados o sentenciados. Las personas que se beneficiaron de la ley no podían ser procesadas por los mismos hechos en el futuro.

La Ley de Amnistía de 1978 se promulgó durante el gobierno del presidente José López Portillo y se aplicó en distintas etapas en 1978 y 1979. En 2015 se suspendió la ley porque se consideró que había cumplido su propósito.

La amnistía es un instrumento que perdona algunos actos delictivos, con el objetivo de restablecer la legalidad y la seguridad jurídica.

Este sábado, la familia de Noriega Cantú informó en redes sociales su fallecimiento ocurrido por la madrugada.

La vida legal del exguerrillero fue amplia. Fue candidato a gobernador en los años noventa por el Partido Popular Socialista. También fue Secretario de Desarrollo Social (Sedesol) durante el gobierno interino de Ángel Aguirre Rivero. Fue diputado local y recientemente ocupó la dirección del sistema municipal de Desarrollo Integral de la Familia en el gobierno municipal que encabezó Evodio Velázquez Aguirre en Acapulco.