Mar/9/2025.
BAJO FUEGO
La intrusión
José Antonio Rivera Rosales
En una demostración inexplicable de fuerza, miles de manifestantes irrumpieron en la
capital guerrerense, el pasado 4 de marzo, para reclamar obras y servicios al gobierno que
encabeza Evelyn Salgado.
Aunque no existen cifras definitivas, las versiones de prensa reportan algunos miles de
personas provenientes de 13 municipios de la región centro, del valle del Ocotito, del
Circuito Río Azul, de la Montaña Baja y de la Montaña Alta.
Aunque los inconformes hablaban en todo momento de una manifestación pacífica, lo
cierto es que se trató de una marcha que secuestró a medio gabinete estatal, retuvo
contra su voluntad a unos 600 trabajadores gubernamentales y vandalizó con resorteras
algunos exteriores del Palacio de Gobierno, además de que derribaron el portón de
entrada ¿Es ésta una manifestación pacífica?
Según los organizadores, participaron más de 20 mil personas. Otras versiones
consideraron que marcharon unas cinco mil así como decenas de comisarios y de alcaldes
de la región.
Como quiera que sea, fue claro que se trató de una manifestación extraordinaria
protagonizada por personas de indudable extracción popular. La mayor parte de los
inconformes parecian ser base social obligada del crimen organizado. Los municipios de
donde procedían los manifestantes son Atlixtac, Zitlala Chilapa Ahuacotzingo, Tixtla,
Apango, Zapotitlán Tablas e inclusive Tlacoapa.
Este es un escenario que refleja perfectamente el control e influencia de un grupo
delictivo, en este caso Los Ardillos, sobre un sector de población. Aunque digan que no es
verdad.
El caso es que hasta el momento se ignora lo que pretendían al incursionar en la capital
guerrerense y avasallar a la poblacion civil que, amedrentada, vació las calles principales
de Chilpancingo para evitar verse envueltas en algun conflicto.
Contra todo pronóstico, la propia mandataria guerrerense acudió a presidir la
negociación con los inconformes, sólo para descubrir que estaba ante una falsa bandera.
Los manifestantes demandaban obras y servicios públicos, pero al revisar la situación los
sevidores públicos se percataron de que ya estan en proceso de inversión en esos
municipios obras por más de un mil 200 millones de pesos.
Esto es, esa manifestación no tenía razón de ser.
Llama la atención que la gobernadora Evelyn Salgado jamás se amilanó y, pese al riesgo
de ser agredida por una expresión tan virulenta como ésta, se sentó a negociar
personalmente con los inconformes, quienes después de cinco horas finalmente
aceptaron los acuerdos propuestos por la joven mandataria.
Todo esto nos lleva a recordar la marejada humana del 10 de julio de 2023, que
incursionó de la misma manera -aunque de manera más agresiva, hay que decirlo- lo que
hizo retroceder a la unidad antimotines tanto del estado como de la Guardia Nacional. Al
final, también reclamaba -al igual que ahora- obras y servicios en sus municipios.
Pero en esa ocasión, tras bambalinas exigieron la liberación de un transportista de
nombre Jesús Echeverría Peñafiel, a quien días antes la Guardia Nacional lo había
detenido con armas y drogas.
La actual protesta del 4 de marzo parece haber sido una mala calca de la de julio de
2023, sólo que ahora se ignora qué fue lo que realmente la motivó. Las autoridades deben
saber qué es lo que hay detrás de esas incursiones en las que predominan hombres
encapuchados portando garrotes y machetes.
Lo más inquietante es que al menos una decena de alcaldes encabezaban el
movimiento, aunque es claro que algunos iban contra su voluntad, como lo puntualizó el
orador que estaba narrando los diferentes aspectos de la incursión.
Pero igualmente es un indicador de la influencia que parecen ejercer los jefes criminales
en esa región del centro del Estado de Guerrero. Estamos ante una demostración de
poder del grupo criminal Los Ardillos, encabezados por Celso Ortega Jiménez, uno de los
jefes visibles de esa organización criminal que ha cometido varias atrocidades en la capital
guerrerense, incuido el homicidio del alcalde electo Alejandro Arcos Catalán.
Quien llevaba la voz cantante de la protesta era nada menos que el alcalde de Atlixtac,
Guillermo Matías Barrón, quien azuzaba a los manifestantes para incursionar hasta el
Palacio de Gobierno. Se trata de un individuo que en la incursión de 2023 se presentó
comoportavoz de las decenas de comisarios participantes. Es claro que forma parte de la
estructura criminal.
Durante la protesta este sujeto hostigó a los reporteros que cubrían el movimiento
como parte de su trabajo. En algunos casos arrebató celulares y grabadoras de los colegas
que sólo hacian su trabajo.
El problema aquí es que este tipo de intrusiones en la ciudad capital genera caos y un
sentimiento generalizado de miedo entre la población. Pareciera que estos criminales sólo
buscan afirmar su dominio territorial frente a sus enemigos, los llamados Tlacos, que
mantienen su predominio en la parte alta de la sierra, desde donde dirigen operaciones
quirúrgicas hacia blancos bien definidos.
En definitiva, tanto Tlacos como Ardillos se han convertido en un azote para la población
de Chilpancingo, estimada en 283 mil habitantes, que sólo quiere trabajar en paz.
Esta problemática, grave por dondequiera que se le vea, es la que debe ser atendida por
la Secretaría de Seguridad Pública (SSP-PC) y la Fiscalía General de la República (FGR),
dependencias sobre las que recae la responsabilidad de combatir el crimen organizado. Si
no lo hacen -como hizo López Orador durante su sexenio- estas organizaciones criminales,
que ya controlan parte de la economía, crecerán hasta niveles intolerables.
La población de Guerrero de ninguna manera se merece tal latrocinio.
