Es lamentable como el Gobierno mexicano ha recibido y respondido a la activación del protocolo del artículo 34 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas por los Estados Partes.

Retomemos algo de lo que señala Michael Chamberlin:

Es la 5a vez que el CED-ONU señala un contexto generalizado, en 2015, en 2018, en 2021, 2023 y 2025, suficiente para invocar el #art34

De acuerdo a la Convención, hay múltiples formas de participación en la desaparición forzada, #México las ha usado todas:

“que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado.” (Art 2)

El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, en su aclaración sobre su procedimiento en virtud del artículo 34 de la Convención, le explica al Estado mexicano que el artículo 2 de la convención define la desaparición forzada como “la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer la privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida; que colocan a esa persona fuera de la protección de la ley”.

El Comité considera que “las circunstancias contempladas en el artículo 2 se aplican, entre otras cosas, a los denominados “grupos paramilitares”, pero también a las personas involucradas en la delincuencia organizada, incluidos los grupos o redes informales, desde el momento en que recibieron la autorización, el apoyo o la aquiescencia de una autoridad estatal. Las nociones de “autorización, apoyo o aquiescencia” han sido aclaradas por el Comité en su Declaración sobre los agentes no estatales en el contexto de la Convención (CED/C/10, párrs. 2 a 8).”

Es claro que por parte del gobierno mexicano las acciones e interpretaciones se ejecutan sin el obligado control de convencionalidad, ni consideran el principio pro persona, como lo establece el artículo primero de nuestra constitución.

Es lamentable como el gobierno intenta mantener ocultos a los desaparecidos minimizando la crisis humanitaria generada por su omisión y aquiescencia y seguir protegiendo a los perpetradores de las desapariciones intelectuales y materiales ya sean agentes del estado o civiles, por el contrario mantiene su postura de rechazo a la activación del protocolo del artículo 34 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas por los Estados Partes.

Desde la presidencia de México se insiste en que las desapariciones en México son cometidas por agentes no estatales, colocando a los 125 mil de desaparecidos en otro supuesto jurídico denominado “desaparición cometida por particulares” restándole importancia que ocurre sistemáticamente contra la población, aunque, si bien es cierto que las desapariciones de inicios de la década de los 80´s obedecen a una política de estado que se debe a la omisión y la aquiescencia gubernamental, no se pueden meter en el mismo esquema a las desapariciones realizadas por motivos políticos de militantes, simpatizantes, colaboradores y/o falsos positivos de las Organizaciones Políticos Militares, Guerrilleros o grupos insurreccionales, esta es una nueva forma de aquiescencia, el Gobierno al pelearse contra la evidencia está protegiendo a los victimarios.
Ahora, poco a poco han ido dándose a conocer casos donde existe la participación directa de agentes del estado en la desaparición de personas en diferentes lugares del país: Como lo señalaron hace unos días las madres buscadoras de Chiapas, quienes aseguraron que quienes desaparecieron a sus familiares vestían uniformes del personal de la fiscalía y del ejército por lo cual llevarán sus casos ante la Organización de las Naciones Unidas ya que en Chiapas hay más de 2,220 personas desaparecidas desmintiendo las afirmaciones.
También está la información reciente que, de acuerdo a la revista PROCESO del 11 de abril de 2025 se publicó que en el año 2018 entre los meses enero y mayo fueron desaparecidas 54 personas en Nuevo Laredo Tamaulipas de las cuales 52 fueron realizadas por la elementos de la Unidad de Operaciones Especiales (UNOPES) que pertenece a la Secretaria de Marina Armada de México (Semar), las familias siguen sin verdad y ni Justicia, no se ha investigado y ni castigado a los señalados como responsables.
Tampoco pasamos por alto que; generales de la SEDENA sabían desde el 2018 lo que ocurría en el rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco y no actuaron durante todo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, además se, menciona que generales eran conocedores del asunto y de diversos correos electrónicos del 21 de marzo del 2020 por parte del área de inteligencia militar, hasta que el 5 de marzo entran al lugar integrantes del colectivo “Guerreros Buscadores de Jalisco” y se destapa el horror que ahí ocurría.
Todavía el sábado 12 de abril leíamos una nota de representantes de diversos colectivos donde celebraban las seis acciones anunciadas por el gobierno mexicano para atender el problema de los desaparecidos en México “con toda la fuerza del estado” y ahora reciben un bofetada que les muestra la demagogia con que se sigue manejando el gobierno sin importar el partido político del que provenga.
Es claro que por parte del gobierno mexicano las acciones e interpretaciones que ejecutan son sin el obligado control de convencionalidad, ni consideran el principio pro persona, como lo establece el artículo primero de nuestra constitución.
Al ocultar la verdad, al intentar ocultar a nuestras más de 125 mil personas registradas oficialmente como desaparecidas, al permitir las condiciones para un contexto en el que desarrollar actividades criminales tiene poca o nula posibilidad de ser sancionadas, investigadas y que decir de ser denunciadas, mucho menos prevenidas, el Gobierno Federal está en contra no solo de sus obligaciones convencionales, está en contra de las 364 familias y 158 colectivas, colectivos de personas desaparecidas, de las 108 organizaciones y 272 personas que nos pronunciamos solidarias con la apertura del procedimiento del artículo 34 de la Convención Internacional en materia de Desapariciones forzadas por parte del Comité Contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, lo cual nos parece aún más peligroso porque le manda un mensaje de impunidad a los perpetradores para que sigan operando sin consecuencias jurídicas.
Ante este contexto, cada vez más peligroso, la sociedad civil, las colectivas y colectivos de familias de desaparecidos a nivel nacional comienzan a entretejer lazos de unidad, de colaboración, de dolor pero también de esperanza y se está organizando para llevar a cabo una acción a nivel nacional los días 19 y 20 de abril de 2025, una Jornada Nacional de Búsqueda dentro del marco del Día de las Familias Buscadoras de Desaparecidos en México a la que el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José Ma. Morelos y Pavón se suma mientras seguimos exigiendo:
• La aceptación del Estado mexicano de la aplicación del artículo 43 del CED-ONU sin restricciones.
Refrendamos nuestro apoyo a la sociedad civil, a las familias y colectivos y colectivas de familias de personas desaparecidas porque en Guerrero es necesario avanzar en la conquista de nuestras demandas promoviendo:
• La unidad
• Una estrategia de lucha asumida por todos los colectivos, colectivas y organismos civiles, y
• Conquistar la aprobación de la LEY EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS DEL ESTADO DE GUERRERO y todos los derechos de las familias de las víctimas de desaparición forzada.
15 DE ABRIL DE 2025

Atentamente

Teodomira Rosales Sierra
Directora del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José Ma. Morelos y Pavón