Abr/28/2025.

BAJO FUEGO

Enfrentar el crimen

José Antonio Rivera Rosales
Nada tan complicado y riesgoso como el combate de la criminalidad. Esa es la labor que
está desarrollando el gabinete de seguridad federal encabezado por Omar García Harfuch.
En contraste con los seis años anteriores, temporada que fue utilizada por los grupos
criminales para fortalecer sus operaciones, durante la actual gestión del gobierno de
Claudia Sheinbaum se han lanzado batidas certeras contra las principales formaciones
ilícitas en 17 estados de la república, Guerrero incluído.
Tal es el motivo por el que se han producido reacciones violentas en diferentes puntos
del territorio guerrerense, pero sobre todo en Acapulco, lo cual se ha visto agravado por la
omisión de la Policia Preventiva Municipal.
El caso es que en los primeros seis meses de gestión de la presidenta Sheinbaum, las
fuerzas federales han capturado a 17 mil 258 delincuentes que han incurrido en delitos de
alto impacto, especialmente por la comisión de homicidios, secuestros y extorsion
agravada en los 7 estados en los que se han concentrado la mayor parte de los ilícitos.
Esos siete estados son Guanajuato, Edomex, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Baja California
y Guerrero. En cinco de esos siete estados el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es la
organización criminal predominante, por sí sola o por vía de otros grupos locales. En
menor medida participa el Cartel de Sinaloa (CDS), cuyas facciones mantienen una guerra
que ya ha provocado un millar de muertes.
Hacia esos estados se ha dirigido la estrategia oficial del Ejército Mexicano, Armada de
México, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, Centro Nacional de Inteligencia
y, desde luego, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Parece ser que el
objetivo de la estrategia federal priorizó la matenión a las siete entidades ya citadss -entre
ellos el estado de Guerrero-, dejando para después el combate a otras foormaciones
delincuenciales tanto del norte como del centro del país.
Según informacion oficial, en los primeros seis meses de la actual administración las
fuerzas federales han decomisado un total de 140 toneladas de droga -fentanilo, heroína,
cocaína, marihuana y drogas sintéticas-, así como 750 laboratorios clandestinos de droga
destruidos -el último operativo, en la Tierra Caliente de Guerrero-.
En ese gran total de decomisos, se incluyen las 4.2 toneladas de cocaína pura
decomisadas por personal de la Armada el pasado 21 de abril frente a costas
guerrerenses, lo que se traduce en pérdidas millonarias para las formaciones criminales.
El total de 140 toneladas de drogas decomisadas ha causado un daño patrimonial por
casi 3 mil millones de dólares a los cárteles. Son pérdidas sensibles, que han sin duda han
mermado sus capacidades.

En cuando a incautación de armas, el gobierno federal ha logrado el decomiso de 9 mil
armas de fuego, largas y cortas -incluyendo algunos lanzacohetes-, que igualmente ha
disminuido el poder de fuego de los criminales.
En el caso de Acapulco, la estrategia federal dividió la ciudad en cuatro sectores,
integrados por 146 cuadrantes en 252 colonias -las de mayor incidencia delictiva-, en las
que se han implementado patrullajes, filtros de seguridad, lectores de placas y arcos
detectores de metales en puntos estratégicos, lo que en plazo mediato ha permitido bajar
en un 46 por ciento los homicidcios dolosos.
Al estado le tocó asignar 319 policías estatales apoyados por 51 patrullas y 59
motopatrullas, lo que entre octubre de 2024 y abril de 2025 han permido 161 capturas
relevantes que, a querer o no, han impactado entre los cuadros criminales.
Sin embargo, esa gran embestida de las corporaciones de seguridad, con la coordinación
de la Policía del Estado y la Fiscalía General del Estado (FGE), adolece de un hoyo negro
gigantesco: los gobiernos municipales, especialmente el de Acapulco, donde se cometen
el mayor número de homicidios.
Esto es, la batida contra la delincuencia no es pareja: actúan las fuerzas federales y el
gobierno de Guerrero que encabeza Evelyn Salgado, pero dejan mucho qué desear las
alcaldías, algunas de las cuales actúan en contubernio con los grupos criminales.
A eso se refirió precisamente la joven mandataria cuando en un mensaje emitido el 22
de abril hizo un “llamado muy respetuoso” para que los alcaldes guerrerenses asuman su
responsabilidad en la parte que les corresponde, para garantizar la integridad personal y
patrimonial de la ciudadanía guerrerense.
“La tarea de la seguridad es de todos los días, es responsabilidad de los municipios” en
coordinación con el estado y el gobierno federal, dijo la gobernante al evocar el caso de
Taxco de Alarcón, donde se ha mantenido una coordinación entre los tres órdenes de
gobierno. “Taxco es un ejemplo de que, cuando se quiere, se puede”, dijo la gobernadora.
Pero parece que nadie entendió el mensaje.
La mandataria hizo el llamado a todos los gobiernos municipales para presentar un solo
frente de lucha contra la criminalidad que asedia a los sectores productivos de la
comunidad.
Pero entre los alcaldes, nadie hizo caso. Muchos de ellos están comprometidos o, de
plano, temen enfrentar a los grupos criminales que existen en cada localidad o municipio.
Es una muy mala noticia porque, primero, la seguridad es la responsabilidad
fundamental de todo estado que se precie de serlo y, segundo, porque la expoliación que
causa el crimen organizado simplemente terminará por provocar un fenómeno de
disolución social, con consecuencias imprevisibles.
Que este rastrillaje federal-estatal está causando más violencia y muertes, es
lamentablemente cierto. Pero sería peor no hacerlo.
Esperemos que por lo menos el caso de Acapulco rectifique su conducta y se coordine
con el estado y la federación para enfrentar este azote que es el crimen organizado, que
no es sólo la droga, sino que hay otros delitos encuadrados en el mismo concepto,
incluyendo el tráfico de personas que es lo más deleznable (la policía estatal con apoyo de
otras corporaciones recién rescató en Acapulco a una jovencita raptada en el estado de
México, por ejemplo).

Como sea, si existe un equipo de seguridad gubernamental confiable y que está
obteniendo resultados tangibles, lo menos que podríamos hacer es ofrecer un apoyo
irrestricto. Es lo menos que debiéramos hacer como sociedad.