El huachicol fiscal, es una forma sofisticada de contrabando que consiste en importar y vender gasolina o diésel sin pagar los impuestos correspondientes, como el IEPS y el IVA.

Para lograrlo, los combustibles se declaran bajo fracciones arancelarias distintas (por ejemplo, lubricantes o aditivos, que están exentos de impuestos), lo que permite la evasión tributaria de manera legal aparente.

Este fenómeno ha evolucionado —ya no se trata únicamente del robo físico de ductos, sino de una red bien organizada que involucra corrupción aduanal, empresas fantasmas, documentación apócrifa y estructuras empresariales, incluso transnacionales.

¿Cómo opera el huachicol fiscal?

1. Falsificación de documentos aduanales: se importan combustibles desde países como Estados Unidos bajo la etiqueta de aceites lubricantes o aditivos, que no pagan IEPS, aunque en realidad son gasolinas o diésel.
2. Uso de corredores fraudulentos y redes de corrupción: autoridades aduanales implicadas y empresas fachada permiten el paso de contenedores sin que se detecte la irregularidad.
3. Venta en el mercado informal y estaciones sin permiso: muchas de esas empresas desconocen el origen del producto, que a menudo se mezcla con combustible regular dentro del sistema de distribución.

Así, lo que comenzó como una forma rudimentaria de robo legal, se ha sofisticado hasta convertirse en un esquema de evasión masiva con implicaciones fiscales, de seguridad y ambientales.

El impacto económico.

Según el diario El País, el huachicol fiscal genera una pérdida anual de aproximadamente 9 200 millones de dólares, es decir, unos 177 000 millones de pesos, para el erario público mexicano.

Diversos expertos estiman que actualmente entre el 30 % y 40 % del combustible comercializado en el país corresponde a importaciones ilegales que evitan pagar impuestos.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) estimó que durante el año más reciente se introdujeron ilegalmente 66.7 millones de barriles, equivalente al 14 % del consumo total de gasolina y diésel; mientras que en 2021 esa cifra llegó a 102 millones de barriles, casi el 21 % del mercado nacional.

Estas proporciones evidencian un agujero fiscal creciente, especialmente en contextos donde los gravámenes son elevados y no hay estímulo al combustible importado.

Datos del INEGI y seguridad

Aunque el INEGI no reporta directamente estadísticas sobre huachicol fiscal, aporta datos sobre tomas clandestinas y percepción de inseguridad que sirven para contextualizar el entorno en que se desarrolla:

• En 2024 se encontraron 9 134 tomas clandestinas, una disminución del 18 % respecto al año anterior, pero todavía muy alta.
• La población urbana percibe altos niveles de inseguridad en sus ciudades: en marzo de 2025, el 61.9 % de las personas mayores de 18 años consideraron inseguro vivir en su ciudad. En el caso de mujeres esa cifra fue del 67.5 %, y de 55.0 % para los hombres.

Estos datos muestran que el huachicol fiscal se produce en un contexto social donde el crimen organizado tiene presencia, la percepción ciudadana de inseguridad es alta y las redes ilícitas operan con relativa impunidad.

Acciones recientes del gobierno

• En junio y julio de 2025, autoridades federales realizaron diversos operativos: en Coahuila se aseguraron 15.4 millones de litros de combustible robado y en Tabasco otros 880 000 litros en predios ilegales. Este tipo de incautaciones forma parte de una estrategia coordinada del gobierno.
• En otro operativo fueron detenidas 32 personas vinculadas a una red que operaba en los estados de México, Hidalgo y Querétaro; se confiscaron vehículos, dinero, documentos falsificados y animales exóticos. El Estado pierde unos 177 000 millones de pesos por este delito cada año.
• El gobierno de la presidenta Sheinbaum ha promovido reformas al SAT y a la Ley de Hidrocarburos para otorgar facultades de fiscalización inmediata, incluyendo suspensión de operaciones a empresas sospechosas sin audiencia previa, y ha implementado una plataforma tecnológica para rastrear combustibles de su importación a estaciones de servicio.

¿Por qué es importante que usted lo conozca?

• Económico: son recursos públicos que se pierden —más de 150 000 millones de pesos al año—, poder del erario que podría invertirse en salud, educación o infraestructura.
• Legalidad y transparencia: estas operaciones se suelen desarrollar con complicidad institucional; el reclamo ciudadano exige comisiones de investigación y exigencia de sanciones efectivas.
• Seguridad pública: fomenta la criminalidad organizada, y los combustibles adulterados pueden dañar los vehículos y poner en riesgo la salud de usuarios.

El huachicol fiscal ya no es únicamente el robo físico de combustible por perforar ductos, sino un delito sofisticado que combina evasión fiscal, corrupción aduanera y redes criminales. Representa una grave pérdida para el Estado, con un volumen estimado de miles de millones de dólares al año. Además, su operación se enmarca dentro de ciudades con alta percepción de inseguridad y zonas con tomas clandestinas frecuentes.

Las acciones recientes del gobierno federal, incluyendo incautaciones masivas, reformas al marco legal y tecnología de trazabilidad, representan un avance importante. Sin embargo, su efectividad dependerá de la capacidad para sancionar responsables y garantizar la transparencia del sistema.

Usted, como ciudadano, tiene derecho a exigir resultados efectivos, que se investigue hasta las últimas consecuencias y que estos recursos públicos dejen de fugársele al crimen organizado.

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