Ago/4/2025.

BAJO FUEGO

Días negros

José Antonio Rivera Rosales
La comunidad que habita en la capital guerrerense sufre una nueva etapa de violencia
del crimen organizado que, al parecer, lanzó un embate contra la autoridad municipal,
encabezada por Gustavo Alarcón Herrera, para dejar en claro quién dá las órdenes en esa
ciudad.
Según la información disponible, todo comenzó cuando el pasado 7 de agosto
aparecieron mantas en Chilpancingo en las que amenazan de muerte al secretario de
Obras Públicas del ayuntamiento, Juan Antonio Luquín Mendoza, a quien acusan de
favorecer a Los Ardillos en la asignación de obra pública. Inclusive lo acusan de ser nada
menos que compadre de Celso Ortega, el jefe de ese grupo delincuencial.
Los supuestos criminales que lo amenazan sólo pueden ser del grupo enemigo, los
llamados Tlacos, quienes le exigen a Luquín el pago de 33 millones si no quiere perder la
vida. El episodio llamó la atención del público debido a lo insólito de la situación, en la
que fue visible que los involucrados -incluído el propio alcalde Alarcón Herrera-
parecieron entrar en pánico.
No era para menos: desde el 2 de abril la clínica América, propiedad del caricaturesco alcalde,
fue objeto de una agresión armada durate un incidente confuso en el que, al parecer, se desató
una persecución que terminó cuando los supuestos perseguidos se refugiaron en el interior
de la clínica, que recibió varios impactos en su fachada.
Por esos días, el alcalde Alarcón se entrevistó con jerarcas priístas del estado, entre ellos
Rubén Figueroa, Héctor Vicario, Manuel Añorve y Alejandro Bravo, como si esos dirigentes
de la vieja guardia priísta pudieran conjurar a los criminales. Salvo una palmada en la
espalda, ese grupo de políticos nada puede hacer en favor del edil.
Aunque no ha circulado más información sobre el caso, lo cierto es que ese gobierno
municipal parece tener tener similitudes con el de Norma Otilia Hernández, quien sostuvo
una entrevista clandestina con el mismo Celso Ortega, con quien tuvo algún tipo de
acuerdo aunque ella lo ha negado.
En el caso que nos ocupa, además, hay un dato significativo: Luquín Mendoza ocupó el
mismo cargo de secretario de Obras Públicas en el ayuntamiento de Chilapa (2018-2021),
un municipio que está bajo control total de Los Ardillos. Hay, pues, motivos para
sospechar.

El caso es que estamos ante una historia que se repite: el crimen organizado que se
infiltra en los gobiernos municipales y los obliga a ceder parte de sus facultades e inclusive
del presupuesto público. Gustavo Alarcón tendrá que demostrar que puede superar esta
situación anómala e ilegal. O que renuncie.
En Acapulco, casi a la par de Chilpancingo, a partir del primero de agosto se produjeron
ataques contra las oficinas del Ministerio Público, después de una jornada que dejó al
menos 14 muertes violentas.
Entre los asesinados hubo algunos que aparecieron decapitados, otros asfixiados con
torniquete y otros ultimados a tiros, en lo que constituyó una larga noche de horror en
distintos puntos del puerto de Acapulco.
Desde el 31 de julio desconocidos abrieron fuego contra las oficinas del MP de Costa
Azul –la tercera agencia, de las más importantes en todo el estado-, en El Coloso y en los
Barrios Históricos.
Los agresores utilizaron fusiles AK-47 con los cuales rociaron la fachada de las
instalaciones. En otro caso lanzaron una granada. Una agente resultó herida como
consecuencia de esos ataques.
Días después, como actos continuados de violencia, otras personas fueron asesinadas en
distintos puntos tanto del puerto como en las cercanías de Chilpo. Entre ellos una joven
de 20 años que contaba con denuncia de desaparición desde tres años antes. La joven,
acompañada por un hombre de la misma edad, apareció descuartizada. Una saña bestial
el modo en que ultimada, sobre todo porque se trataba de una muchacha jovencita que al
parecer pagó los platos rotos de otra persona.
Algo llama la atención: todos estos casos de violencia criminal fueron cometidos en
áreas frecuentadas, en Chilpancingo y Acapulco, sin que las respectivas policías
municipales se den por enteradas a pesar de que fue ostentosa la forma y el lugar en que
fueron cometidos los asesinatos.
Los cuerpos fueron depositados en diferentes lugares, pero ninguna corporación se dio
cuenta, ni hubo persecución ni mucho menos detenciones. ¿Qué está pasando aquí? ¿Es
posible matar a 14 personas en un día sin que se percaten las corporaciones de seguridad?
¿Qué hizo la Fiscalía General del Estado para que lanzaran hostigamientos armados en su
contra?
Días después de los ataques, en redes apareciero dos sujetos -al parecer sometidos por
un grupo delictivo- confesando haber sido parte de quienes atacaron las agencias del MP.
Los dos hombres se identficaron como parte de la alianza entre el Cartel Independiente de
Acapulco-Cartel Jalisco Nueva Generacion (CIDA-CJNG). El audio de la grabación no es muy
bueno y apenas se entiende lo que dicen los individuos.
Si esto es cierto, entonces estamos ante una suerte de vendetta lanzada por una
poderosa organización criminal –la más poderosa del país- que decidió mandar un
mensaje al fiscal de Guerrero. Existe la versión de que la FGE colaboró con los chicos de
Omar García Harfuch para la detención de unos 17 elementos de una célula criminal, de
quienes no se ha proporcionado la identidad. Si esto es así, entonces podríamos tener más
días negros no sólo en Acapulco sino en todo Guerrero.
¿Y qué hacen ante esto las policías municipales?

Cuando le preguntaron a Abelina López sobre esto, ella contestó sólo que “sigue
trabajando”. Sálvese el que pueda.