Por Abel Miranda Ayala

La iniciativa de ley enviada por la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda para reformar la ley general de la Universidad Autónoma de Guerrero no contempla extender el periodo del actual rector Javier Saldaña Almazán, ni los directores de las unidades académicas que se tendrán que renovar en el 2027, si se aprueba como ella la envío.

De acuerdo con el abogado Rubén Cayetano que ha interpuesto impugnaciones para que Javier Saldaña no se prorrogue más en la rectoría universitaria, el acuerdo del Consejo Universitario fue que la reforma aplicara a las actuales autoridades y entraría en vigor al día siguiente de su aprobación en el Congreso del Estado.

La Gobernadora coincidió con los opositores a la reforma en que la reforma entre en vigor en el año 2027 fecha en que concluirá el rectorado de Saldaña Almazán y con ello se impidió que extendiera otros dos años su mandato.

“Les acotó la entrada en vigor de la reforma y será hasta el 2027, tal como lo sugerimos en la impugnación. Ellos querían la entrada en vigor desde su publicación: “tengan para que aprendan.”, escribió el abogado en sus redes sociales.

Habrá elecciones para rector en el 2027 y no hasta el 2029 en la Universidad Autónoma de Guerrero, como lo insinuaron en el Consejo.

Cabe resaltar que en su rectorado Javier Saldaña ha modificado en al menos dos ocasiones la ley universitaria para que se ajuste a sus necesidades y se alargue el periodo de su mandato a través de reelección y por medio de alargamiento del periodo.

“A ver qué opinan los falsos defensores de la autonomía universitaria, ¿Se movilizarán por este cambio propuesto por la titular del Ejecutivo?, ¿Agrede la autonomía? Por supuesto que no, si para la cúpula universitaria la autonomía es una distorsión a modo de sus muy convenientes intereses”, dijo Rubén Cayetano.
Agregó que se mantiene la impugnación ante el Tribunal Universitario por la ampliación de 4 a 6 de los períodos en la rectoría y para consejeras y consejeros universitarios representantes de maestros y de 2 a 3 años para representantes del alumnado, por considerar que este es el asunto de fondo y es la base de la impugnación por no consultar a la comunidad universitaria.

“Esperemos que las y los señores legisladores locales por fin estén a la altura de las circunstancias y devuelvan la iniciativa al Consejo Universitario para que este instale un Congreso General Universitario y consulte, mediante el referéndum y el plebiscito a toda la comunidad universitaria para decidir si tales períodos son avalados”.