TRAS BAMBALINAS. LA PAZ SANGRIENTA QUE VIENE.  

Por Jorge Octavio Ochoa. Otro sensible cambio de opinión en el discurso. Pero ahora con una advertencia al “pueblo bueno” que protege a criminales en Tierra Caliente: “eso no debe hacerse”.  

Finalmente, López Obrador admite que el crimen tiene “bases sociales” en las comunidades, lo cual ha impedido la intervención de las Fuerzas Armadas en zonas donde los pueblos han sido despojados de sus tierras y sus viviendas.  

Este argumento nunca lo habría usado en campaña como candidato, pero la situación ha llegado a tal nivel de descomposición política y social, que adquiere carácter de emergencia por la metástasis que ha generado el crimen organizado.  

Ahora, el mensaje pareciera ser: “¿Querían resultados? Pues ahí les va el Ejército, ya verán”. Viene el contraataque. ¿Será una paz sangrienta, de ajusticiamiento?  

La última revelación, surgida por el robo de 35 millones de documentos a la Secretaría de la Defensa, es la cereza de un terrorífico pastel que reventó con la reciente masacre en San Miguel Totolapan, Guerrero.  

Ahí, los propios criminales se encargaron de “transparentar” los hechos y pusieron en carne viva las mafiosas relaciones entre altos personajes de la política como el senador Félix Salgado Macedonio y su hija, la gobernadora, con caciques y matones  

Hay una guerra entre grupos criminales, pero uno de los bandos tiene el apoyo de gobiernos estatales, municipales y del mismísimo gobierno federal, directa o indirectamente.  

Tiene razón AMLO cuando dice: “esto viene de años atrás”, pero la parábola en el discurso es que ellos han sido parte de la descomposición y las componendas, desde el momento en que vemos a delincuentes convertidos en políticos.  

En 1995 fueron masacrados 17 campesinos en Aguas Blancas y eso le costó la gubernatura a Rubén Figueroa. La brutal masacre de 20 personas el pasado 5 de octubre, en San Miguel Totolapan, Guerrero, parece ya no conmovernos.  

Ahora, incluso trasciende la mescolanza entre la clase política y los cápos del crimen organizado, pero no ocurre nada. El más mortal de los silencios viene precisamente, de las altas esferas del poder.  

El jueves 6 de octubre, el presidente de la república lanzó un reproche velado, no sólo a los jueces que retrasan órdenes ejecutivas, sino también a los pobladores de esa región, que rechazaron la entrada del Ejército.  

“…yo les comentaba que hace como un mes, se negaron órdenes de cateo, un juez, y ya cuando se autorizaron, ya no se encontró nada, al contrario, hubo resistencias de ciertos grupos de pobladores a la presencia del Ejército…”.  

Ese mismo día, en algunos medios de comunicación, trascendió un video, de José Alfredo Hurtado Olascoaga, “El Fresa”, en el que informó que él y su grupo mataron a los más de 40 sicarios que masacraron a 20 personas en Totolapan.   

Es decir, la Ley del Talión. Consumó una venganza en eso que el propio Hurtado Olascoaga llamó “la guerra”, iniciada por Los Tequileros que iban por él y mataron al presidente municipal y a su padre, fundador de un grupo que los combatió.  

Hubo armas de alto poder. De oficio, debe intervenir la Federación, pero el Presidente de la República anunció que dejaría todo en manos de la Fiscalía del Estado, como si la gobernadora y su papá fueran garantía de algo.  

¿Por qué esa displicencia? Suena extraño ese deslinde cuando en las redes sociales pululan video-reportajes que desgranan la relación entre José Alfredo Hurtado Olascoaga y Celeste Mora Eguiluz, supuesta pareja sentimental  

Ella es diputada local, estudia economía en la UAM, integra el Comité Estatal de Morena como secretaria de Formación Política. Fue propuesta para el cargo, por el senador Félix Salgado y su hija, la actual gobernadora de Guerrero.  

Su familia ha mantenido un cacicazgo en Tlalchapa y, a raíz de la difusión del video de José Alfredo, se viralizó una foto en la que Celeste Mora aparece con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.  

Aun así, el pasado jueves, pese a la brutal masacre de 20 personas, López Obrador descartó reforzar la seguridad en San Miguel Totolapan porque, dijo, en la zona trabajan autoridades estatales de seguridad pública y de la procuraduría.  

¿Se dio por satisfecho con el exterminio llevado a cabo por José Alfredo Hurtado?  

Pero lo peor viene con la reciente publicación de documentos hackeados a la Secretaría de la Defensa, que revelan la venta de armamento a bandas del crimen organizado desde el Campo Militar número 1 y el 8º Regimiento en Almoloya.  

¡No sólo vendieron granadas, millares de municiones para fusil AK-47, cinco millares para R-15 y cargadores! ¡También negociaban contratos para la compra de camiones recolectores de basura!  

Uno de los líderes delictivos tenía interés “por el manejo de recursos públicos” del municipio de Tejupilco. Y todo esto ocurrió ya dentro del actual régimen de la 4T, cuando también se sabe que el FBI y DEA plantean intervenir en Zacatecas.  

La salud del presidente de la República pasa a segundo plano ante la gravedad y profundidad de estas evidencias. ¿Se ha entronizado un narco Estado policiaco-militar donde sólo una parte de las bandas criminales será exterminada?  

¿Es con la ayuda de esas “bases sociales” de las que habla López Obrador, como se pretende implantar en México una paz narca y sangrienta? Conste que sólo son preguntas.