Elda Montiel

SemMéxico, Ciudad de México, 24 de abril del 2023.- Los 65 Centros de Justicia para las Mujeres que hay en el país contarán con los recursos suficientes para operar, mismos que serán aportados por las entidades federativas lo cual quedó expresamente redactado en el artículo 59 nonies al aprobarse diversas modificaciones y adiciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en el pleno del 20 de abril.

La diputada Aleida Alavez Ruíz tuvo que explicar que nunca fue la intención de quitar los recursos a los centros de justicia, por lo que se retomó una nueva redacción con el consenso de las fracciones de todos los partidos políticos, ya que la discusión del dictamen el 18 de abril se había suspendido por falta de acuerdos sobre los recursos destinados a los Centros de Justicia.

Con la modificación en la redacción a propuesta del Grupo Plural de legisladoras se subsanó un mal entendido, refirió la diputada morenista. En el artículo 59 nonies se estableció que, para el funcionamiento de los Centros de Justicia para las Mujeres, las entidades federativas asignarán los recursos correspondientes en sus propios presupuestos de egresos, y también provendrán de los convenios que se suscriban con el gobierno federal, en términos de las disposiciones legales aplicables, como sucede actualmente.   

Al respecto, la diputada Elizabeth Pérez Valdez, vicecoordinadora del PRD, manifestó que la aprobación de esta adecuación a la reserva, «nos ha enseñado que las mujeres diputadas en esta Legislatura, tenemos una voz importante para el proceso legislativo».

“Alcanzamos con nuestra movilización -como siempre lo hemos hecho- acuerdos que, incluso, nos llevan a tener una mesa con los Centros de Justicia para escuchar las necesidades y hacer eficientes sus labores. Alcanzamos con nuestra movilización, el compromiso de una reunión de trabajo con la Secretaría de Hacienda, para construir un presupuesto con perspectiva de género”.

Esperamos dijo que, en el próximo Presupuesto, la perspectiva de género sea una realidad. Entonces, podremos decir que ha valido la pena tener 250 diputadas en esta Legislatura”.

La diputada  panista Joanna Alejandra Felipe Torres explicó que la toma de tribuna el 18 de abril por parte de las diputadas no sólo fue una respuesta a un cambio no consensuado respecto a los recursos que serán necesarios para la operación de los Centros de Justicia para la Mujeres, sino a experiencias anteriores de integración de presupuestos a favor de las mujeres y niñas, en las que no se llega a integrar una sola propuesta de los partidos políticos de oposición. 

Nayeli Arlen Fernández Cruz, diputada del PVEM, celebró la disponibilidad de todas y cada una de las integrantes del Grupo Plural de Igualdad Sustantiva, porque tiene que imperar y valer que es la primera Legislatura con 250 diputadas, por lo que tenemos que trabajar en eliminar la violencia de género. 

La diputada Lilia Aguilar Gil del Partido del Trabajo argumentó que todas las diputadas de esta legislatura “estamos de acuerdo en la importancia de los Centros de Justicia para las Mujeres, en el papel social que hacen en la atención como primera instancia para la atención de las mujeres víctimas de la violencia y en la necesidad de la regulación de los 65 que hay, los cuales deben ser normados”. 

La diputada Mirza Flores Gómez de Movimiento Ciudadano expuso que la votación es el resultado de un consenso que las mujeres de manera histórica han demostrados. “Felicito a todas las mujeres que están interesadas que la agenda de niñas y las mujeres avance en este país; es un instrumento jurídico que dotará de herramientas a los 65 Centros de Justicia para las Mujeres para que puedan operar y tener mejores recursos”. 

La diputada morenista Noemí Salazar López (Morena), reconoció el avance para dialogar sobre estas causas y a favor de la justicia de las mujeres, el cumplimiento de compromisos con las mujeres con menos recursos. 

El dictamen señala que corresponderá a la Secretaría de Gobernación (Segob) integrar, administrar y operar el Banco Nacional de Datos e Información de Casos de Violencia; diseñar y actualizar el Modelo de Gestión Operativa de los Centros de Justicia para las Mujeres, así como los protocolos de atención especializados, desde las perspectivas de género, derechos humanos, interseccional, diferencial e intercultural. 

Asimismo, la dependencia deberá promover y coordinar con las entidades federativas la creación y el fortalecimiento de los Centros, así como las acciones encaminadas al seguimiento y evaluación de los mismos; impulsar la creación y equipamiento de los Centros y certificarlos. 

Además, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aplicará ajustes de procedimiento, en su caso, para recabar las denuncias y testimonios de las mujeres con discapacidad víctimas de violencia y proponer al Consejo Nacional de Seguridad Pública que los Centros de Justicia para las Mujeres sean considerados como Ejes Estratégicos, Programas y Subprogramas con Prioridad Nacional.   

Precisa que los refugios y los Centros de justicia para las Mujeres deberán contar con todas las condiciones necesarias para proporcionar atención en igualdad de condiciones y sin discriminación a las mujeres con discapacidad, incluida la posibilidad de contar con asistencia de personal.  

Se incluye un capítulo VI titulado “De los Centros de Justicia para las Mujeres”, en el cual se establecen los servicios gratuitos que deberán proporcionar, los requisitos que deberá cumplir la persona que se designe para ocupar la dirección del Centro y sus atribuciones.