Chilpancingo, Guerrero., Mayo 30-2023.- Tres diputados locales de la región de Tierra Caliente, quienes habían denunciado amenazas por parte del crimen organizado junto con otros alcaldes el pasado mes de abril, optaron por no acudir en persona al Congreso del Estado y participaron en la sesión de manera virtual a través de una plataforma digital.
Los legisladores que se sumaron a esta modalidad fueron las perredistas Susana Paola Juárez y Elzy Camacho Pineda, así como el priísta Adolfo Torales Catalán. Para llevar a cabo su participación, el Congreso local instaló una pantalla de plasma a través de la cual los diputados siguieron la sesión desde un lugar seguro.
La ausencia física de los legisladores de Tierra Caliente se basa en un documento en el que tanto ellos como los alcaldes de la región señalaron la falta de seguridad en las carreteras, especialmente en la vía que conecta a Iguala, así como en la zona de tránsito hacia la capital, Chilpancingo. Debido a esta preocupante situación, manifestaron su negativa a realizar trámites presenciales en la ciudad.
Después de emitir dicho documento, se llevaron a cabo bloqueos en la región, en los cuales algunos legisladores participaron físicamente, mientras que otros suscribieron los documentos correspondientes. En un esfuerzo por hacer frente a las amenazas del cártel de Los Tlacos, el cual busca desplazar a la Familia Michoacana en la zona, los legisladores firmaron un acuerdo junto a los presidentes municipales de Tierra Caliente.
En el documento, se hacía mención de la inseguridad y zozobra al transitar por la carretera Teloloapan-Iguala, una vía de vital importancia para desplazarse hacia Chilpancingo. Ante esta preocupante situación, los diputados y los alcaldes decidieron tomar precauciones y llevar a cabo su labor legislativa de forma remota para garantizar su seguridad.
La situación de inseguridad en Tierra Caliente continúa siendo motivo de preocupación y desafío para las autoridades y representantes políticos. La decisión de los diputados de sesionar a distancia refleja la urgente necesidad de garantizar la integridad de los funcionarios públicos en una región afectada por la presencia de grupos delictivos. Se espera que estas acciones contribuyan a visibilizar la problemática y generar soluciones para restablecer la paz y la seguridad en la zona.
