• ¿Sin plan de reacción inmediata?

LOS HECHOS DEL SÁBADO, EN CHILPANCINGO, cuando la presencia y acción de las fuerzas del orden fueron cuatro horas después, demuestra, desgraciadamente, que las autoridades carecen de un plan de reacción inmediata ante situaciones de violencia e inseguridad, de tal forma que quienes la causaron, actuaron con total impunidad, con la población a su merced. Indudablemente algo está mal en la llamada Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz.

Sin embargo, también hay que decirlo. Ciertamente poco pueden hacer los gobiernos municipales y los de los estados en materia de seguridad pública, si desde el gobierno federal, el que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, en vez de combatir a los delincuentes, lleva a cabo una política de abrazos, no balazos en su favor.

Por supuesto que no hay pretexto que valga para dejar en la indefensión a la población. No obstante, también es cierto que el presidente de la República se ha opuesto, de manera rotunda y sistemática a cambiar o redirigir la política de seguridad pública. Ello explica el que la violencia sea cada vez mayor.

Es cierto que la inseguridad y la violencia no es de ahora. Sin embargo, y hay que decirlo con todas sus letras: es con el actual gobierno federal que se han incrementado los hechos delictivos, y en especial los homicidios, los muertos, con todo y que en el país no hay un combate a los delincuentes, sino lo contrario, es decir, abrazos, no balazos, y por supuesto, las más altas consideraciones del gobierno federal.

Así las cosas, decíamos, poco o nada pueden hacer los gobiernos municipales y el de los estados en materia de combate y persecución de la delincuencia, precisamente porque en cuanto a presupuestos y recursos dependen de la Federación que prefiere abrazarlos en lugar de combatirlos.

Ello explica, ciertamente, el por qué estados como Guerrero, que depende presupuestalmente en un 97 por ciento de los recursos federales, están atados de manos en prácticamente todo, incluyendo el rubro de seguridad pública, de ahí que aún y cuando la titular del Ejecutivo local sea la que encabece la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, depende en gran manera de las fuerzas federales vía la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina y la Fiscalía General de la República que, desgraciadamente para los guerrerenses, no sirven mucho.

Y es que la presencia en Guerrero de la Guardia Nacional, del Ejército y de la Marina, entre otras fuerzas federales, más que combatir a la delincuencia, que sería lo ideal, tiene como fin “inhibir el delito”, o lo que es lo mismo, ahuyentar con su presencia a los delincuentes para que no los cometan, a través de recorridos de vigilancia y filtros de seguridad.

Así lo dicen los comunicados de prensa cuando las autoridades informan de la llegada de más gendarmes, soldados y marinos. Vienen, dicen, a inhibir el delito, como si la presencia de éstos fuera suficiente para asustar a los delincuentes que, hay que decirlo, poseen igual o mejor armamento que aquellos, además que se sienten protegidos por el presidente de la República, de tal forma que ya tiene rato que los de la delincuencia organizada dejaron de temerle a los gendarmes, soldados y marinos.

Así las cosas, por más que el gobierno federal envíe más efectivos de seguridad a Guerrero, de poco o nada le sirve a los guerrerenses que requieren, precisamente, efectividad de los gendarmes, soldados y marinos, y no que anden recorriendo las calles como si con eso fuera suficiente para huyan los delincuentes.

En fin. Como decíamos al principio, la violencia ocurrida el sábado en la capital del estado muestra que, precisamente porque no hay un compromiso real de la proteger a la población de la delincuencia, la presencia de las fuerzas del orden se hicieron presentes cuatro horas después, es decir, cuando los delincuentes ya habían hecho lo que se habían propuesto, sin mayor problema y de manera impune.

Es decir, ello indica que la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, no tiene un plan de reacción inmediata que proteja a los guerrerenses de hechos delincuenciales que causaron terror entre la población.

Y, hay que decirlo, no es que la gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda no quiera, sino que la política de seguridad se lleva a cabo desde el gobierno federal, y contra ello, muy poco puede hacer su gobierno.

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