Las sombras de la corrupción vuelven a cernirse sobre figuras cercanas al expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y esta vez el foco recae en la Secretaría del Bienestar. Rodolfo Gómez, un empresario de Sonora, ha señalado a Luis Ángel López Canseco, sobrino del exmandatario, de incumplir una promesa nada menor: obtener la Oficialía Mayor de esta dependencia en un presunto pacto de influencias.

Las investigaciones preliminares revelan que el empresario y López Canseco habrían negociado un acuerdo que incluye apoyo político y la promesa de acceso a un cargo clave dentro de la Secretaría del Bienestar, institución que administra los programas sociales más importantes del país.

Como moneda de cambio, se habrían otorgado contratos gubernamentales y beneficios económicos a terceros, lo que arroja una nueva mancha sobre una administración que siempre prometió ser distinta en su transparencia y lucha contra la corrupción.

Este presunto esquema de tráfico de influencias no solo implicaría obtener poder, sino también la posibilidad de colocar a personajes en posiciones estratégicas dentro de la Secretaría, abriendo la puerta a intereses personales y comprometiendo el principio de honestidad que debería regir cada uno de estos nombramientos.

Hoy, la demanda por una investigación exhaustiva crece entre voces políticas y ciudadanos que exigen claridad.

El silencio de López Obrador y su familia ante las acusaciones no hace sino avivar la sospecha, especialmente cuando esta no es la primera vez que personas de su círculo cercano se ven enredadas en polémicas de corrupción.

¿Cuántas veces más se les exigirá transparencia mientras la sombra de la corrupción persiste? La Secretaría del Bienestar, con su Oficialía Mayor, es un órgano crucial en el manejo de recursos públicos, y cualquier intento de manipular su dirección erosiona la confianza pública en las instituciones que manejan los dineros del pueblo.

Este caso marca un nuevo capítulo en la lucha contra la corrupción en México. Si las investigaciones confirman las sospechas, estaríamos ante uno de los escándalos más serios de la actual administración.

El país merece saber la verdad, y las promesas de cambio y honestidad no deben quedarse en palabras. La ciudadanía espera ver un compromiso auténtico, que se refleje no solo en discursos sino en acciones contundentes frente a estos nuevos desafíos.