El manejo de los recursos públicos no sólo exige transparencia, sino también una administración responsable que evite poner en riesgo las obligaciones laborales y los derechos de los trabajadores. El caso del Congreso del Estado de Guerrero, bajo la gestion de la expresidenta de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), la morenista Citlali Calixto Jimenez, es un ejemplo preocupante de cómo la desinformación o la negligencia pueden tener graves consecuencias.

En noviembre de 2023, Citlali Calixto aseguró qué no se habían contemplado recursos en el presupuesto de egresos para cubrir los aguinaldos y finiquitos de fin de año. Dicho pronunciamiento, que generó alarma entre los trabajadores del Congreso, contrasta notablemente con los documentos del Presupuesto de Egresos 2024, dónde se asignaron $39.8 millones para aguinaldos y $43.7 para primas vacacionales y gratificaciones. La evidencia expone no sólo la inconsistencia en sus declaraciones, sino también en una falta de claridad en su comunicación hacia la opinión pública y los trabajadores.

La situación no terminó ahí. Cerca de 300 empleados que finalizaron su relación laboral con el Congreso recibieron cheques sin fondos correspondientes a sus finiquitos. Muchos de ellos se vieron obligados a recurrir a los Tribunales Laborales para exigir lo qué por derecho les corresponde. Este escenario revela una preocupante falta de planeación en el uso de los recursos asignados y la posible incapacidad de la administración para garantizar la estabilidad financiera de la institución.

El problema no radica unicamente en el incumplimiento de los pagos, sino en la pérdida de confianza que generan estas acciones. Cuando una líder legislativa afirma qué no hay recursos, pese a que los documentos presupuestarios muestran lo contrario, se siembran dudas sobre su capacidad para liderar y gestionar un órgano tan importante como el Congreso Local.

Es innegable que Guerrero enfrenta desafíos económicos significativos, pero estos no justifican la falta de responsabilidad en la planificación y el manejo del presupuesto. En este caso, la situación invita a reflexionar sobre la importancia de contar con liderazgos que actúen con apego a la verdad y con un compromiso claro hacia el bienestar de los trabajadores.

La ciudadanía merece respuestas claras: ¿Se trató de un desconocimiento del presupuesto, una desorganizacion administrativa, o simplemente un intento de desviar la atención de una mala gestión? En cualquiera de los casos, queda claro que las acciones (o la falta de ellas) de Citlali Calixto han dejado mucho que desear.

En momento en que los legisladores locales asuman la responsabilidad que les corresponde y corrijan el rumbo, garantizando que los recursos públicos sean utilizados de manera transparente y efectiva. Los trabajadores del Congreso y los ciudadanos de Guerrero no merecen menos.