La semana pasada, en su gira por Sinaloa, el presidente de México lanzó un nuevo mensaje de misericordia para los pueblos y comunidades que, desde hace más de 40 años, se apartaron de la legalidad para dedicarse al cultivo de mariguana y amapola.

¿De qué va a vivir esa gente? preguntó, tras utilizar como contexto, el desplome que en los mercados internacionales han experimentado los precios de la venta en bruto de ambos enervantes, ante el incremento de las drogas sintéticas como el fentanilo, que tiene efectos tres veces más potentes, irreversibles y mortales.

La caída del 27% en el cultivo de amapola mexicana en 2019, se acompaña de una caída potencial del 7% en las muertes por heroína en los Estados Unidos en 2019, reveló hace dos años un informe de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos (ONDCP por sus siglas en inglés).

Este desplome del “negocio” es lo que ha vuelto a sumir en la miseria a poblaciones enteras que, históricamente, han permanecido abandonadas, olvidadas por los regímenes priistas, que desde hace más de 40 años se hicieron “de la vista gorda” para dejar hacer y dejar pasar la producción de estupefacientes.

De hecho, la producción clandestina de amapola, fue parte de una política de Estado, acordada subrepticiamente por los gobiernos de México y Estados Unidos, en medio de la guerra de Vietnam, ya que el vecino país necesitaba cantidades ingentes de morfina y heroína para aplacar el dolor de los soldados mutilados.

La práctica se extendió por las montañas de Guerrero, Sinaloa, Nayarit y Michoacán, fundamentalmente, y se convirtió en el modus vivendi de comunidades enteras, que disfrazaban así la siembra del maíz. Geográficamente, el norte, el sur y el centro del país se conectan en un mismo fenómeno.

Al término de la guerra, Estados Unidos vio que amplios sectores de su población habían caído en las adicciones y decidió cortar el “negocio”, a partir de la producción, sin aplicar medidas ejemplares para el consumo. La culpa quedó entonces del lado de productores como México y Colombia.

En Badiraguato, Sinaloa, tierra de Joaquín “El Chapo” Guzmán, máximo exponente del narcotráfico en México, López Obrador soltó ese mensaje de compasión, e insistió en la bonhomía de su proyecto Sembrando Vidas, para regresar a los campesinos al camino del bien.

Pueblos enteros se enfrentan nuevamente a la miseria y se ven obligados a entrar a otro tipo de negocios como la trata y tráfico de personas, el huachicol, los secuestros. Territorios plagados de “halcones”, que miran y escuchan para informar a los cárteles del crimen organizado.

LOS CAMPOS DE EXTERMINIO

El mandatario Azteca está convencido de su estrategia, Así lo dijo desde el principio: “Desde el 1er día de mi gobierno, no al mes, desde el 1er día, los narcos cambiarán las armas por tractores y se convertirán en gente de bien, se los juro.” Insiste en su tesis doctoral: “abrazos, no balazos”

Hoy, a dos años y medio de su mandato, los resultados son desastrosos. El cultivo de estupefacientes se ha convertido en una práctica mortal y peor aún: en toda una cultura, donde el ser narco o matón, es parte de una forma de ser, ensalzada en las series televisivas.

México es el país sin guerra, con más muertos en el mundo. Los campos de exterminio encontrados en México se equiparan a los horrores encontrados en el holocausto. La era priista permitió la expansión del crimen organizado. Hoy, en Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, afloran los restos humanos.

No sólo es el horror de haber encontrado 867,556 restos humanos en al menos 7 centros de exterminio en Nuevo León; se suma el caso de La Bartolina, en Tamaulipas, en la frontera con Texas, donde se han encontrado cerca de 500 kilogramos de restos humanos.

Sin embargo, desde el primer brutal hallazgo de 47 fosas clandestinas con los restos humanos en San Fernando, Tamaulipas, en abril de 2011, con huellas de ejecución y tortura, ni las autoridades locales ni las federales hicieron mucho por aclarar y encontrar culpables.

Han sido las familias dolientes, las que han tenido que deambular para encontrar a sus hijos, padres, hermanos, nietos, en un relato de horrores que hoy implicarían responsabilidades penales, más allá de consultas inocuas e inicuas, porque no tendrán repercusión y sirven sólo a propósitos y cálculos políticos.

LA PRIMERA TRANSICIÓN PACTADA

En la primera transición pactada, cuando el PRI entregó el poder al PAN, el viejo partido mantenía el control, por zonas, del tráfico de drogas: cártel del Golfo, cártel del Pacífico; los de Sinaloa, Tamaulipas, Chihuahua, Guerrero, Michoacán. Sin embargo, no entregó el directorio de delincuentes a Vicente Fox.

El “negocio” se descompuso y creció la ambición: los Zetas se expandieron. En Jalisco se fortaleció otro grupo. En Sinaloa, “El Chapo” asumió el control. Hoy es irrefutable: el crimen organizado ha penetrado los círculos políticos, y están involucrados en candidaturas e imposición de gobiernos regionales y locales.

En esta nueva transición pactada, alguien creyó que podría meter nuevamente a los narcos al redil, pero las cosas han cambiado; el sabor del poder los ha engolosinado. De ahí el fracaso. Las nuevas generaciones son “aspiracionistas”, quieren más, y esto ya no está asociado directamente con un origen de pobreza.

López Obrador no ha mostrado un solo estudio o investigación, que demuestre tal teoría. El crecimiento y expansión de esa cultura “narca” es la prueba fehaciente de que los jóvenes buscan el dinero fácil, el poder, el respeto y la adoración, ya sea de mujeres, de hombres o de multitudes.

Tan es así, que estamos a unos meses de que se estrene la serie Malverde, para exaltar la figura de un asaltante que asechaba en los caminos de Sinaloa, y cual “Chucho el Roto” o Robin Hood, entregaba parte de sus ganancias ilícitas al pueblo donde vivía, y así nació la veneración.

Se trata, pues, de una historia de inequidades y desigualdades atávicas, que condenan al que nació pobre a seguirlo siendo porque así lo determina su marginación, su lejanía con los centros del poder y decisión, así como a políticas que mantienen al 60% de la población con salarios en el límite de la miseria.

Es una falla completa de “sistema”, donde el populismo ha hecho permisivas, ciertas prácticas ilegales, que se extienden hasta el centro de las ciudades más importantes, transformadas en mercancía ilegal, robada, clonada, y volviendo a los centros de población en zonas criminales. Ahí está Tepito.

En resumen: una consulta no basta. No hay voluntad política de llevar verdaderamente ante la corte a los que se han beneficiado de la riqueza, de los recursos de México. A los que permitieron la expansión del crimen organizado hasta los niveles que sufrimos ahora.

Hoy, desgraciadamente para México, sólo empieza a quedar como alternativa la vía militar. Ya se inició con el control de puertos por mar y tierra, a manos de las Fuerzas Armadas. Pronto tendremos que ver los toques de queda, en poblaciones donde los criminales han retado al Estado.

No se justifica que el presidente López Obrador hoy nos diga que dejó huir a Ovidio Guzmán porque estuvieron en juego más de 200 vidas inocentes. Se trata del fortalecimiento del Estado de Derecho. No es posible que con una sola batalla le ganen la guerra, esa guerra que tanto ha criticado y que hoy no quiere aceptar.

Culpar al INE del fracaso de su consulta es, además de irresponsable, una falacia. Simplemente es la respuesta de un pueblo que ya se cansó de tanta politiquería y tanto doble lenguaje. ¿Cómo se entiende la posición tan radical de alguien que no votó, y si lo hizo, fue en contra de que el Estado cumpla su obligación?

El NO de AMLO, a impulsar acciones para esclarecer las decisiones políticas del pasado encaminadas a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas, es una aceptación explícita de que mantendrá el pacto de impunidad, asumido con el ex presidente Peña Nieto. Se acabó.