Por Baltazar Jiménez Rosales

Con el fin de combatir la pederastia y la prostitución infantil en zonas turísticas, especialmente en Acapulco, el Congreso del Estado analiza una iniciativa de reformas al Código Penal del Estado de Guerrero que obligaría a hoteles y moteles a negar habitaciones a adultos que intenten ingresar con menores de edad que no sean sus familiares directos.
La iniciativa de ley es impulsada por el diputado local por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Joaquín Badillo Escamilla, quien dejó en claro que su propuesta busca enviar un mensaje contundente de “cero tolerancia” contra los abusadores de menores, pues, además, “Acapulco no puede seguir siendo visto como paraíso de la prostitución y la pornografía infantil”.
Aprobada esta ley, los hoteles y moteles estarán obligados a pedir identificación oficial y comprobar el parentesco de los menores con los adultos.
Asimismo, en caso de que no exista vínculo familiar entre el adulto y el menor la administración del hotel o motel deberá rechazar la renta de la habitación y dar aviso a la Procuraduría de la Defensa del Menor para un seguimiento inmediato.
Enfatizó que las administraciones de los hoteles no tendrán facultad de detener a nadie, pero sí deberán pedir documentos y notificar cuando detecten situaciones sospechosas, información con la cual se podrá identificar a posibles agresores reincidentes.
Badillo Escamilla aclaró que esta propuesta no busca criminalizar al sector turístico, sino involucrarlo en la protección de la infancia.
Reconoció asimismo que una de las aristas más polémicas de su planteamiento es la propuesta de reinstaurar la pena de muerte para pederastas, pese a que México mantiene una prohibición constitucional y compromisos internacionales que la hacen inviable, pues recordó que en el gobierno de Vicente Fox se firmaron los tratados internacionales que abolieron la pena capital en el país.
No obstante, insistió en que la gravedad de los delitos contra menores justifica abrir un debate. Como ejemplo mencionó a Estados Unidos, donde en algunos estados la pena de muerte sigue vigente en casos graves de abuso sexual infantil.
En este sentido, remarcó que no se trata de un impulso populista ni de una estrategia mediática, sino de una causa de justicia social respaldada por la indignación ciudadana.