Especialistas del sector financiero señalan que la iniciativa para desmercantilizar el agua y priorizar el consumo humano tendrá un impacto neto positivo en la economía mexicana, aunque con costos inmediatos para industrias como la minería, agroindustria y bebidas

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó el 24 de septiembre un paquete de reformas hídricas que redefine la gestión del agua en México al reconocerla como un bien público y derecho humano, en línea con el artículo 4° constitucional. La iniciativa incluye modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales (LAN) y la expedición de una nueva Ley General de Aguas (LGA).

Los cambios centrales son: la prohibición de transmitir concesiones entre particulares, sanciones más severas por robo o uso irregular del recurso (multas mínimas de 50 mil UMA y extinción de dominio en casos graves), y una nueva estructura administrativa para regular títulos de concesión. En el diagnóstico oficial, 58,938 irregularidades fueron detectadas en los más de 482 mil títulos revisados.

El plan incluye la creación del Registro Nacional de Agua para el Bienestar (RENAB), una Ventanilla Única digital (operativa en 2026) y el Portal de Denuncias de Aguas Nacionales (PODAN). Además, un decreto de octubre otorgará facilidades administrativas para regularizar concesiones vencidas de pequeños productores y municipios.

De acuerdo con especialistas del sector financiero, la reforma tiene implicaciones económicas mixtas, aunque el balance es ligeramente positivo para el PIB y neutral para la inflación.

• Impacto en el PIB: la inversión de 20,000 millones de pesos anuales en infraestructura hídrica tendría un efecto multiplicador que podría añadir hasta 0.12 puntos porcentuales por año al PIB, al tiempo que la corrección de concesiones irregulares ya elevó la recaudación en 2,938 mdp en agosto, 15% más que en 2024.

• Impacto en la inflación: la reforma podría estabilizar precios agrícolas y reducir la volatilidad generada por sequías, lo que contribuiría a contener la inflación subyacente. No obstante, sectores como minería y bebidas enfrentarán mayores costos que podrían trasladarse parcialmente al consumidor.

Los especialistas destacan que los beneficios estructurales se concentran en la equidad y sustentabilidad: la desprivatización de 4,475 millones de m³ de agua —equivalente a cuatro años de suministro para la Ciudad de México— y la regularización de 29 mil títulos brindarán certeza jurídica y reducirán desigualdades en el acceso al recurso.

El gobierno ha comprometido 122,000 mdp en inversión hídrica durante el sexenio, lo que estimulará empleo en construcción y mantenimiento de sistemas de agua, con un impacto positivo en economías locales.

A corto plazo, sin embargo, las industrias intensivas en consumo de agua enfrentarán costos por cancelaciones de concesiones irregulares y sanciones. Pese a ello, analistas financieros coinciden en que los ajustes regulatorios serán compensados en el mediano plazo por mayor eficiencia, mejor distribución del recurso y estabilidad fiscal.

En suma, la reforma se perfila como un parteaguas en la gobernanza hídrica de México, con costos inmediatos para sectores privados, pero con beneficios macroeconómicos y sociales que podrían elevar el crecimiento potencial hasta 0.1 pp a largo plazo y consolidar a México como referente regional en la gestión sustentable del agua.

Fuente: análisis de especialistas del sector financiero consultados por este medio.

@JErnestoMadrid
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